Ediles del bloque Vamos objetan la aplicación en todas sus variantes del herbicida que consideran cancerígeno. El debate sobre el equilibrio entre la producción alimentaria responsable y el cuidado de la salud y el medio ambiente.
Política02/07/2018 Jorque Luque
Por: Jorque Luque - Especial para La Nueva Mañana
Los integrantes del bloque Vamos del Concejo Deliberante presentaron días atrás un proyecto de ordenanza que prohíbe en todo el ejido de la ciudad de Córdoba el uso y aplicación del producto herbicida glifosato en todas sus variantes, sea éste para uso agronómico o en espacios urbanos públicos y privados como el de la jardinería.
El glifosato es un herbicida para el control de malezas anuales y perennes, que se introdujo en Argentina en 1976, para disminuir el daño a los cultivos causado principalmente por Cyperus rotundus, cebollín y Sorghum halepense, sorgo de alepo, malezas de alto poder invasivo y difícil control. Es un herbicida muy barato, ya que su patente venció hace muchos años y se importa mayormente desde China.
A modo de antecedentes legislativos, una veintena de municipios procuran más bien regular, con más restricciones que las que exige la ley provincial de agroquímicos (9164) sancionada en el año 2004, las pulverizaciones con agroquímicos sobre campos pegados a áreas urbanas. En cambio, la prerrogativa de la bancada que comanda Tomás Méndez es contundente en cuanto a la lisa y llana prohibición, como el caso de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, cuyo Concejo Deliberante que acaba de aprobar una ordenanza en tal sentido.
El autor intelectual de la propuesta, Tomás Méndez, asegura poseer fundamentos sólidos para prohibir el uso y aplicación del glifosato en todo el ejido municipal de la ciudad de Córdoba, con información brindada por el biólogo Raúl Montenegro de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), fundamentalmente porque lo considera “cancerígeno” para el ser humano.
El proyecto prevé que la autoridad de aplicación sea la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, a cargo en este momento de José Roca, la que se encargaría de la difusión e implementación de la futura ordenanza –en caso de aprobarse- y la elaboración de medidas alternativas para el control de malezas en tanto protejan la salud de las personas, la biodiversidad nativa e implantada, y el ambiente en general.
La iniciativa incorpora a la ordenanza N° 12.468 de Código de Convivencia Ciudadana Municipal el articulo N° 216 Bis, referido a la sanción para aquel que realizare por sí o por intermedio de terceros, tareas de aplicación del producto herbicida glifosato en todas sus variantes, mediante fumigación terrestre o aérea. La multa oscila entre las mil a dos mil Unidad Económica Municipal (U.E.M.), algo así aproximado de $237.040 y $474,080, respectivamente.
Dicho cálculo monetario está sustentado en la objetividad de la resolución N° 138/18 del pasado 4 de junio rubricado por el Tribunal de Faltas municipal, por el que fijado la U.E.M. en $ 237,04 y que equivale a ocho litros de nafta de menor octanaje, valor surtidor o precio final al público, de la empresa estatal YPF plaza Córdoba.
A parte del rigor dinerario de la multa, podrá disponerse el secuestro de los equipos, vehículos u otros elementos utilizados para la aplicación aún cuando estos últimos se encuentren fuera del ejido de la ciudad de Córdoba. En tal supuesto, será menester la correspondiente orden judicial.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido al herbicida glifosato en el grupo 2A de sustancias consideradas “probable cancerígeno para seres humanos”, ello como resultado del trabajo de 17 expertos procedentes de 11 países.
“Por la nueva clasificación de la Iarc, el glifosato tiene la misma potencialidad cancerígena de dos plaguicidas cuyo uso ya fue prohibido en Argentina y en la mayor parte de los países, los insecticidas clorados DDT y el Dieldrin, también incluidos en el Grupo 2A”, asegura el edil en la fundamentación del proyecto que ingresó en el Concejo Deliberante hace dos semanas.
Según estadísticas de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), se vendieron en un solo año, en Argentina, 182 millones de litros de glifosato (2012) y que en Argentina el 95% de los campos que utilizan siembra directa usa glifosato en algún momento del ciclo, muy especialmente en cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón, pero también se emplea en girasol, cítricos, manzana, pera, membrillo, yerba mate, trigo, plantaciones de pino, espacios verdes urbanos e incluso jardines hogareños.
“Argentina consume más del 9% de toda la producción mundial de glifosato, y es el país donde se consumen más litros de glifosato por habitante a nivel mundial. La utilización del glifosato se ha incrementado por desconocimiento de su toxicidad real a nivel de agricultura familiar, desmalezamiento de pequeñas superficies e incluso a nivel de jardinería urbana por ser un producto de venta libre”, destaca la propuesta.
Al hacer mención sobre los presuntos daños a la salud, el concejal considera que “el glifosato ha sido asociado científicamente a la producción de infertilidad, enfermedades del riñón, defectos al nacer, severas enfermedades gastrointestinales, enfermedad de Parkinson, daños al sistema nervioso y cáncer, ello en personas expuestas incluso a bajas dosis del herbicida”.
A solicitud de La Nueva Mañana frente a la presentación del proyecto de ordenanza, el Instituto de Ambiente del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba (Inadep), recomienda “más allá del tratamiento sobre la prohibición o no del uso de glifosato en el ejido urbano, fomentar y hacer cumplir el programa de buenas prácticas agrícolas, llevadas adelante por los técnicos idóneos en la materia”.
“Dado que el defensor del Pueblo no es un órgano de gestión, por lo cual no cuenta con las herramientas necesarias para la realización de estudios experimentales, que pudieran ser concluyentes en el tema de debate; solo se puede basar en la bibliografía existente, la cual no es definitiva en lo que hace referencia a la utilización de glifosato no es concluyente sobre si debe o no prohibirse su uso”, aclaran de manera institucional.
“Es fundamental el fomentar y promover las buenas prácticas agrícolas, las cuales son principios normas y recomendaciones técnicas en lo referente a la producción procesamiento y transporte de alimentos, que hacen hincapié en la protección de la salud y el ambiente, a través de un manejo y uso responsable no solo de los productos fitosanitarios implicados en la producción agropecuaria, sino también de la disposición final de los envases originados”, aseguran desde la institución que se encuentra enmarcada en el artículo 124 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y que se rige por la ley 7741.
A mediados del mes de septiembre del año pasado la Corte Suprema de la Nación ratificó la condena a tres años de prisión condicional al agricultor Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancello, acusados de “contaminación ambiental dolosa”.
Como se recordará el 22 de agosto de 2012, la Cámara I del Crimen de Córdoba emitió un fallo inédito donde determinó que fumigar con agroquímicos es delito.
El caso de barrio Ituzaingó Anexo se convirtió en el primero en llegar a juicio penal y en el que un productor agropecuario y un aerofumigador fueron encontrados culpables por el delito de contaminación ambiental. Recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión condicional.
La ingeniera agrónoma, especialista en terapéutica vegetal de la UNC y una de las integrantes del grupo profesional que participó en la redacción de la ley 9.164, Alicia Cavallo, afirmó que el glifosato “es tan tóxico como los insecticidas que usamos a diario en la casa para matar moscas, mosquitos o cucarachas y menos tóxico que algunos piojicidas o repelentes que aplicamos directamente sobre la piel o en la cabeza de nuestros niños”.
La experta –ya jubilada- accedió a la petición periodística de La Nueva Mañana y al referirse sobre si el glifosato puede causar cáncer dijo que “aun considerando que la cuestionada clasificación 2A en que lo colocó la Iarc en 2015 y que fuera fuertemente cuestionada, la posibilidad de causar cáncer del glifosato se encontraría en la misma categoría que el café y el mate calientes, la profesión de peluquero, la cama solar y mucho menos posibilidad de causarlo que las bebidas alcohólicas, el arsénico en el agua, el tabaco, los gases de escape de los autos, por nombrar algunos de los más de 100 agentes cancerígenos que pertenecen a la Categoría 1 de la Iarc, que se ingieren o se respiran, lo que no pasa con el glifosato, que se aplica a las plantas y se inactiva en el suelo”.
Hace ya un tiempo que la ingeniera agrónoma opina y escribe acerca de quienes beneficiarían la prohibición del glifosato: “Creo que son muchos los interesados en que eso suceda, desde las empresas que comercializan productos mucho más modernos para los mismos fines, pasando por las autoridades y los productores que se verían aliviados de la presión que ejercen los grupos ambientalistas de la mano de la pseudo-ciencia y, por supuesto, estos mismos grupos que toman como bandera a la supuesta peligrosidad de este herbicida para infundir temor en la población”.
“A pesar de los intentos de prohibirlo, en Europa fue autorizado para su uso por cinco años más. Pienso que se calcula este plazo hasta que se terminen las existencias mundiales como ya ocurrió con otros productos fitosanitarios que habían sido superados tecnológicamente y sobre los cuales se agitaron las mismas banderas que lo que pasa hoy en día con el glifosato, tal fue el caso del herbicida 2,4,5-T”,añadió.
Finalmente, la experta dijo que personalmente estaría de acuerdo con que se prohibiera el glifosato, no solo en Córdoba, sino en todo el país, “siempre que se lo haga después de prohibir las bebidas alcohólicas, de impedir la circulación de vehículos que consumen derivados del petróleo, por los gases de escape y por los accidentes fatales que producen, de asegurar el agua de consumo sin arsénico para toda la población, de no vender libremente medicamentos y de prohibir o impedir el uso sustancias o conductas que tantas muertes causan en la actualidad”.
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