Se trata de tres declaraciones tomadas por la Fiscalía a cargo de Graciela López de Filoñuk, quien investiga supuestos enterramientos clandestinos durante la última dictadura.
Córdoba 21/05/2018 Adrián Camerano
Por: Adrián Camerano - Especial para La Nueva Mañana
La Fiscalía Federal Nº3 tomó en los últimos días al menos tres testimonios de vecinos de la ciudad de Alta Gracia, en el marco de la causa que investiga la supuesta existencia de enterramientos clandestinos durante la dictadura en un cuartel de José de la Quintana. En el expediente Nº 279/2012, caratulado “Vera, Carlos Agustín s/denuncia”, la fiscal Graciela López de Filoñuk intenta avanzar sobre el ex batallón 141, un predio ubicado a menos de 50 kilómetros de Córdoba que fue centro clandestino de tortura y detención durante la última dictadura cívico-militar.
La causa se inició a raíz de la denuncia espontánea de Vera, un vecino de Villa Carlos Paz que fue conscripto allí en esa época. A partir de su exposición se tomaron declaraciones testimoniales y se realizaron pericias en el inmenso predio de casi mil hectáreas, dependiente de Fabricaciones Militares. Prospecciones, excavaciones e inspecciones oculares se fueron sucediendo de 2012 a esta parte, sin que hasta el momento se haya podido dar con cuerpos enterrados de modo clandestino en ese lugar.
Pero un artículo publicado en febrero en la revista Energía+ echó cierta luz sobre el tema y llamó la atención de los investigadores, en tanto aparecían allí testimonios que no constaban en la causa judicial. En “La memoria enterrada en José de la Quintana”, el autor de este artículo da cuenta de la historia del lugar, de su rol como parte del circuito represivo del terrorismo de Estado en Córdoba y de la existencia de un puñado de víctimas que habían callado por más de 40 años, o que muy rara vez habían hablado en público sobre lo que vivieron. En la nota periodística, ex conscriptos -antes, durante y después de la dictadura-, ex detenidos-desaparecidos y vecinos de la zona relataron sus vivencias y señalaron parte del accionar represivo ilegal que tuvo lugar en el ex batallón, y que aún permanece invisibilizado.
“En dos noches que me tocó estar de guardia, en madrugadas friísimas (sic), supongo que entre mayo y junio de 1978, vi entrar dos camiones, dos Unimog con techos de medio punto con lona, con cadáveres desnudos. Montañitas de gente desnuda”.
En el marco de la instrucción de la causa, que tiene como juez a Miguel Hugo Vaca Narvaja, Filoñuk incorporó el artículo periodístico al expediente y citó a testimoniales a algunos de estos actores, en afán de avanzar con la complejísima búsqueda de restos humanos en ese sector.
Dos camiones llenos de cadáveres
Sin lugar a dudas, el testimonio principal lo brindó Daniel Falabella, un artista plástico de 60 años oriundo de Alta Gracia, que en La Quintana hizo el servicio militar obligatorio entre los años 1978 y 1979. Sentado por primera vez ante una autoridad judicial, el hombre declaró por espacio de tres horas y desgranó todo lo vivido mientras hacía “la colimba” en el ex batallón. En las cinco carillas que conforman la exposición del ex soldado figura el trabajo esclavo del que era víctima, en el sector conocido como “la Mayoría”, los maltratos indecibles por parte de sus superiores y las vicisitudes del traumático traslado al sur argentino, por el conflicto con Chile conocido como “del Canal de Beagle”.
Pero lo que más interesa a la causa es la manifestación de Falabella en el artículo periodístico –y ahora a las autoridades judiciales- de dos visiones macabras, al punto tal que cambiaron su vida para siempre. El ex colimba en el 141 manifiesta: “En dos noches que me tocó estar de guardia, en madrugadas friísimas (sic), supongo que entre mayo y junio de 1978, vi entrar dos camiones, dos Unimog con techos de medio punto con lona, con cadáveres desnudos. Montañitas de gente desnuda”. El testimoniante afirma que en ambas ocasiones los camiones del Ejército Argentino ingresaron al batallón por la entrada principal y se perdieron en una callejuela de tierra al fondo del predio, hacia una zona conocida como “Los Polvorines” por ser centro de acopio y almacenamiento de explosivos de la fábrica militar que funcionaba en el lugar.
Prospecciones, excavaciones e inspecciones oculares se fueron sucediendo de 2012 a esta parte, sin que hasta el momento se haya podido dar con cuerpos enterrados de modo clandestino en ese lugar.
Es esa afirmación la que vuelve a encender la esperanza de hallar allí cuerpos enterrados ilegalmente durante la última dictadura cívico-militar. “Hemos buscado mucho en ese lugar, pero no perdemos las esperanzas de hallar los huesos”, indicó una fuente judicial que conoce el expediente y que sabe lo difícil que será llegar al objetivo, dado el tiempo transcurrido y las alteraciones que podrían haberse efectuado sobre la zona.
Egresado del colegio técnico El Obraje, Falabella era obligado a trabajar de modo esclavo en “la Mayoría”. Allí, dibujaba planos para los militares, según él de “operaciones que luego ellos realizaban en otros lugares”. Esa tarea no rentada, involuntaria y mortificante en tanto podía involucrar la vida de otras personas, tenía un costado beneficioso: vivía en mejores condiciones que sus compañeros de conscripción, y salía de franco cuando lo deseaba. A cuatro décadas de aquellos hechos, el testimoniante señala: “Me parece importante que cada persona que tenga un recuerdo de ese maldito lugar, pueda contarlo”.
Además de Falabella y de quien escribe, autor del artículo periodístico, brindó también testimonio Ramón Gamero, un hombre de 72 años que en los 70 fue líder de la Juventud Peronista de Alta Gracia. El 27 de marzo de 1976 hubo en la ciudad del Tajamar una gran redada del Ejército, y a Gamero un grupo comando lo sacó de su casa, a empujones y apuntándolo con armas largas. Fue trasladado a La Quintana, adonde vio detenidos a varios de sus compañeros de militancia: Luis Primo González, Jorge Amado y Natalio de Nápoli, todos ya fallecidos. Gamero relata que estuvo solo en una celda, que lo enceguecían con un potente foco y que a los días fue liberado por gestiones del cura Domingo Viera, muy popular en Alta Gracia. Tras su salida del cuartel perdió su empleo, y le llevó años rehacer su vida en la conservadora ciudad del Tajamar, donde era señalado por sus propios vecinos.
En ese grupo de secuestrados que Gamero vio en el cuartel estaba Enrique Chiatti, quien aún vive, en esa época empleado del Banco de la Nación Argentina sucursal Alta Gracia. En declaración ante escribano público, Chiatti declaró que en el ex Grupo de Artillería 141 “estuve en el calabozo de la guardia, esposado” y que al día siguiente un suboficial de apellido Tetti lo liberó cerca de San Agustín. El bancario conocía bien el cuartel, porque había hecho la colimba allí en 1963 y había sido soldado auxiliar del Ejército. En 2014, cuando brindó declaración, afirmó que “con total certeza, ninguno de la dotación era personal de revista del Grupo de Artillería 141 de José de la Quintana”.
También afirman haber estado detenidos en ese cuartel la ex presa política Margarita Zeniquel –junto a un hijo recién nacido-, su hermano y su cuñado; el abogado laboralista altagraciense José “Pepe” Tissera, vinculado a la Juventud Trabajadora Peronista, y Mario Paredes, actual director del Espacio para la Memoria Campo de la Ribera. El caso de Paredes es interesante por haberse producido antes del golpe de Estado, a fines de enero de 1976. Mientras hacía la colimba en Villa del Dique fue detenido por marinos, trasladado a La Quintana –dependencia del Ejército- y luego recluido en el D2, de la Policía provincial. En un puñado de horas pasó por las manos de tres fuerzas represivas, en lo que era el comienzo de un cautiverio casi tan largo como la misma dictadura.
Fundado por el primero peronismo para un proyecto de país que quedó en el camino, el ex cuartel lleva décadas cerrado y en estado de abandono. Funcionó como dependencia activa de Fabricaciones Militares hasta mediados de la década del 90, cuando se vio envuelto en el escándalo de la venta de armas a Croacia y a Ecuador.
De su rol como parte del circuito represivo ya tuvo noticias la Conadep Córdoba, a comienzos de los 80; pero a lo largo del tiempo no se ha podido avanzar sobre el tema, y a la fecha el sitio no ha sido señalizado ni convertido en sitio de memoria. Ni siquiera está oficialmente reconocido como centro clandestino de detención, pese a que está probado que hubo allí accionar represivo ilegal durante la última dictadura cívico-militar.
En septiembre de 2017 decenas de efectivos del Ejército realizaron maniobras dentro del ex cuartel. Por esos días desfilaron varios Unimogs en la zona de Villa San Isidro y La Quintana, lo que causó escozor en vecinos del lugar que rememoraron viejas épocas. Fuentes oficiales indicaron que no es la primera vez que el predio es utilizado para adiestramiento militar y de fuerzas de seguridad, dadas sus dimensiones, las características del terreno -pródigo en monte nativo- y lo aislado del lugar. El problema es que -justamente por la posible existencia de enterramientos clandestinos- rige sobre una amplia porción del ex cuartel una medida de no innovar, que impide todo tipo de uso del sitio, en función de evitar alteraciones de eventuales pruebas que pudiese haber en el lugar.
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