En su testimonio en el juicio por el acuartelamiento policial, el ex jefe de Gabinete de De la Sota advirtió grupos organizados y aseguró que el gobierno de CFK aprovechó la situación.
Política 16/04/2018
Gaston Gracia Daponte
El ex Jefe de Gabinete del gobierno de José Manuel De la Sota, Oscar González, aseguró este lunes que Córdoba no aguantaba ni una noche más la situación en la que estaba inmersa por el auto acuartelamiento de la policía de la provincia de Córdoba.
En su testimonio hoy en el juicio que se desarrolla en Córdoba, señaló la presencia de grupos organizados y pensó en la posibilidad de que el Gobierno nacional podría intervenir la provincia ante la falta de respuesta a los numerosos llamados que le realizaron a los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
“Yo lo pensé. Creo que si nosotros no hubiéramos resuelto el conflicto, de verdad Córdoba no se bancaba una noche más así, era inexplicable. Fueron dos días casi completos, no podía hablar con ningún funcionario, la vicegobernadora también lo intentó. Creo que había una decisión de que pasaran cosas graves en Córdoba. Pienso que hubo un muerto, si hubiera habido más, el paso siguiente hubiera sido la intervención de la Provincia”, afirmó.
El actual legislador a cargo de la vicegobernación de la provincia de Córdoba dijo durante su declaración que advirtió que existían "grupos comandados que intentaban hacer daño en la ciudad de Córdoba" y que la situación "fue aprovechada por el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner".
En este sentido relató que intentó comunicarse "con las autoridades nacionales pensando que Gendarmería podía ayudar porque ya habían empezado haber situaciones de inseguridad, en paralelo intente comunicarme con las autoridades nacionales, no logre comunicarme con nadie, solo logre hablar con secretarios, con Capitanich imposible hablar con el y todo el mundo sabía que el dueño de la política de seguridad era (Sergio) Berni, a quien todos veíamos como un rambo del tercer mundo en los operativos filmados, era el hombre clave para comunicarnos, Intente hablar con el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, tampoco fue posible, con los únicos que conseguimos hablar fue con la casa militar de la Rosada, le transmitimos la situación y nos dijo que se iban a comunicar, el conflicto terminó y no pudimos mediar palabra con nadie".
"El conflicto se veía desde afuera como anarquizado porque no había una conducción única del conflicto, parecían grupos con distintas peticiones que dificultaban las negociaciones, por lo que conocíamos a través d e los medios de comunicación algunos planteos eran absurdos ni siquiera para considerarlos", aseguró el ex Jefe de Gabinete.
“Yo no tengo dudas de que fue aprovechado por el gobierno nacional por la situación de desencuentro político. Imagínese que yo era jefe de gabinete. Bajo mi responsabilidad directa estaban los municipios. Si tomo conocimiento que la ciudad de Río Cuarto se está incendiando y uno no atiende el teléfono, creo que no hace falta decir nada más", contó y asimismo reflejó algunos rumores de pasillo sobre supuestas declaraciones de algún funcionario nacional: "dejen a los cordobeses cocerse en su propia tinta”, razonó el legislador provincial.
En cuanto a la firma del acta acuerdo de la Policía con el Gobierno y su salida del Gabinete provincial, González aseguró que “alguien se tenía que ir del Gobierno, me tocó a mí. Ignoro que paso después. Estoy casi convencido que yo no firmé el acta, tampoco me acuerdo si la firmó el gobernador”.
Al momento de tener que responder a los abogados acerca del desempeño de la Ministra de Seguridad de aquel momento, Alejandra Monteoliva, González se tomó unos segundos y opinó respecto de esta cuestión.
“Neutro, ni bueno ni malo, fueron pocos meses, ella tenía planes teóricos de reestructuración. Solo advertí algo que no me pareció adecuado, que era la suspensión de un plus a los agentes de la CAP. Era previsible esperar conflicto con la Policía. Yo no la conocía anteriormente”, dijo el presidente provisorio del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
Las audiencias del juicio que se le sigue a 56 policías imputados por desobediencia a la autoridad, aplicación indebida de caudales públicos, incitación a cometer delitos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 7 de mayo donde el abogado defensor Ortiz Pellegrini insistió que se vuelva a convocar al exgobernador de la provincia, pedido que fue denegado por el tribunal porque De la Sota continuará en el exterior de acuerdo al certificado que presentó para justificar su ausencia.
Los hechos
Durante el motín policial que mantuvo en vilo a la sociedad cordobesa e incluso se extendió a otras provincias del país, De la Sota se encontraba en Panamá, debido a que se iba a asistir a un encuentro de gobernadores en Colombia. Es recordada la imagen del ex mandatario con una bolsa del free shop del aeropuerto de la Ciudad de Panamá, antes de volver a Córdoba.
Finalizadas las dos jornadas en las que la ciudadanía quedó a la deriva el 4 de diciembre, De la Sota anunció el acuerdo con las esposas de los policías de un aumento superior al 30% sin sancionar a los efectivos amotinados a pesar que durante la madrugada de aquel día el ex gobernador había asegurado en diálogo con Canal 8 que "no iba a haber aumentos", mientras la situación en la ciudad estaba totalmente descontrolada.
Cuando los efectivos volvieron a las calles, De la Sota criticó al gobierno nacional de Cristina Fernández por no haber enviado personal de Gendarmería, "llamamos a todos los miembros del Gabinete pero respuesta no hemos tenido", advirtió y remarcó que "es lamentable porque los saqueos se evitaban con la presencia de la Gendarmería".
"Pareciera ser que los cordobeses tenemos que quemar nuestros documentos porque algunos no nos consideran parte de la República Argentina", fustigó. Luego, recibió el apoyo de casi todo el arco opositor a nivel nacional, por parte de referentes como Sergio Massa, Mauricio Macri, Antonio Bonfatti, Julio Cobos y Graciela Ocaña.
Mientras tanto, Jorge Capitanich, jefe de ministros nacional, afirmaba que el acuartelamiento policial y los saqueos a los comercios en la capital cordobesa eran una cuestión "exclusiva" de los cordobeses.
Como consecuencia del hecho, el mandatario removió a la cúpula policial y a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. Como jefe de la fuerza asumió Julio César Suárez, quien hace días terminó condenado por haber realizado amenazas al periodista Dante Leguizamón.
Se juzga privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, homicidio, supresión de estado civil, alteración de estado civil y sustracción de una niña, entre 1978 y 1979. De las 14 víctimas, siete están desaparecidas. Entre los imputados, hay cinco ex policías.
El ministro de Interior sostuvo que no se siente "traicionado" tras no conseguir el apoyo necesario para la Ley Bases y afirmó que "la consulta popular es uno de los caminos" con los que cuenta el mandatario, aunque opinó que no se puede "obviar el Parlamento".
El presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) reiteró que se "confundió" en la decisión de que el proyecto vuelva ser tratado en la comisión.
El ministro de Interior recibirá este miércoles por la tarde a la dirigencia de la Confederación General del Trabajo, con el objetivo de calmar las aguas y a pocas horas del encuentro de la central obrera, en el que se podría definir una nueva medida de fuerza.
Luego de la votación en contra del DNU del mandatario en el Congreso, la Oficina del Presidente emitió un comunicado acusando a las y los legisladores que no dieron aval al considerar "inconstitucional" la iniciativa. "Que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar", indicó el Ejecutivo.
En otro desplante del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, Nicolás Posse y Luis Caputo avisaron que no concurrirán a explicar ante la comisión de legisladores de ambas cámaras los alcances y el impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
La propuesta, que según el Presidente están estudiando los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello, contemplaría también una ayuda para hacer frente al pago de los colegios privados, como una forma de contener desde el Gobierno a la clase media.
El jueves 26 de abril selló el acuerdo salarial con la Unión de Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS), mientras que el 27 lo hizo con la Unión Ferroviaria y este lunes 29, con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado “impuesto a los ingresos personales” en la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.
El entendimiento contempla incrementos salariales para el personal de hospitales provinciales de abril a junio. Los porcentajes acordados van en línea con los aumentos ya cerrados con el resto de las entidades gremiales del ámbito estatal.
Las subas, entre un 4% y 5%, están vigentes en todo el país desde las primeras horas de este 1° de Mayo. En Córdoba, el aumento se registró principalmente en las estaciones de servicio YPF, aunque con el correr de las horas, el resto de las petroleras actualizaron sus precios.
Decenas de automóviles se movilizaron entre la rotonda del Dante y el Patio Olmos, respondiendo a una convocatoria unificada de la CGT Regional, la CGT Córdoba, las dos CTA y la UTEP. Repudiaron el ajuste del Gobierno y la reforma laboral.
