José Manuel De la Sota y Oscar González fueron citado a brindar su testimonio ante la Cámara 12 del Crimen este lunes en el juicio a 56 policías acusados de participar del acuartelamiento llevado a cabo entre el 3 y 4 de diciembre de 2013.
Si bien González, quien era en ese entonces jefe de Gabinete provincial, acudirá este lunes en calidad de testigo en el proceso, el ex gobernador José Manuel De la Sota se excusó mediante un escrito. Se les sumará el actual obispo auxiliar de Córdoba, el padre Pedro Torres Aliaga.
Durante el motín policial que mantuvo en vilo a la sociedad cordobesa e incluso se extendió a otras provincias del país, De la Sota se encontraba en Panamá, debido a que se iba a asistir a un encuentro de gobernadores en Colombia. Es recordada la imagen del ex mandatario con una bolsa del free shop del aeropuerto de la Ciudad de Panamá, antes de volver a Córdoba.
Antes de hablar con los medios en conferencia, el 4 de diciembre, anunciando el acuerdo con las esposas de los policías de un aumento superior al 30%, además de no sancionar a los efectivos amotinados; DLS había asegurado durante la madrugada en diálogo con Canal 8 que "no iba a haber aumentos", mientras la situación en la ciudad era totalmente descontrolada.
A su vez, criticó al Gobierno Nacional de Cristina Fernández por no enviar personal de Gendarmería. "Llamamos a todos los miembros del Gabinete pero respuesta no hemos tenido", advirtió De la Sota y remarcó que "es lamentable porque los saqueos se evitaban con la presencia de la Gendarmería".
"Pareciera ser que los cordobeses tenemos que quemar nuestros documentos porque algunos no nos consideran parte de la Republica Argentina", fustigó. Luego, recibió el apoyo de casi todo el arco opositor a nivel nacional, por parte de referentes como Sergio Massa, Mauricio Macri, Antonio Bonfatti, Julio Cobos y Graciela Ocaña, según informaba la agencia DyN.
Mientras tanto, Jorge Capitanich, jefe de ministros nacional, afirmaba que el acuartelamiento policial y los saqueos a los comercios en la capital cordobesa eran una cuestión "exclusiva" de los cordobeses.
Como consecuencia del hecho, el mandatario removió a la cúpula policial y a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. Como jefe de la fuerza asumió Julio César Suárez, que más tarde sería condenado por amenazas al periodista Dante Leguizamón.
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