El submarino debía someterse a inspecciones luego de su última misión, donde había registrado el mismo problema que cuando desapareció, pero se ordenó postergar esa instancia.
País25/03/2018
El submarino ARA San Juan no tenía que salir a navegar el 25 de octubre de 2017 porque no fue sometido, como estaba previsto, a la “inspección de seguridad” ordenada por la Inspección General de la Armada (ISGA), según revelan documentos que se agregaron a la causa que investiga la desaparición del navío, a cargo de la jueza Federal de Caleta Olivia, Marta Yañez.
El 15 de noviembre a las 6 de la mañana, poco antes de la última comunicación, la tripulación del ARA San Juan informó "ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. "Baterías de proa fuera de servicio al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades del personal. Mantendré informado", consta en uno de los documentos que tiene en su poder la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez.
El mensaje fue recibido por Claudio Villamide, quien estaba a cargo del Comando de la Fuerza de Submarinos, y Pedro Martín Fernández, oficial superior inmediato del ARA San Juan.
Recién a las 8:52 el mensaje fue retransmitido al Comando de Adiestramiento y Alistamiento, a cargo de Luis Enrique López Mazzeo, según publicó el portal Infobae.
Ese mismo día, Villamide reconoció, mediante un "mensaje naval secreto" enviado a las 8:13 -minutos antes de reenviar el mensaje recibido desde el submarino-, que había pospuesto las inspecciones de seguridad del ARA San Juan para la primera quincena de diciembre "por razones operativas".
La inspección debía realizarse antes de zarpar el 25 de octubre, después de la misión entre el 1 y 19 de julio del año pasado, en la que también se reportó ingreso de agua por el snorkel hacia el sistema de baterías.
La jueza federal fue denunciada por las detenciones “ilegales” y allanamientos a edificios públicos ordenados en la causa abierta contra militantes políticos que dejaron un pasacalle y estiércol como forma de protesta, frente a la casa de José Luis Espert.
La jueza Sandra Arroyo Salgado le otorgó la prisión domiciliaria a Alexia Abaigar, la funcionaria acusada de atacar con excremento la casa del diputado Espert.
El ex presidente rechazó las acusaciones en su contra en la causa Seguros, reiteró que trató de implementar una política pública vinculada a las pólizas para organismos y negó haber tenido participación en contrataciones.
El juez Martin Pérez del Tribunal N° 1 en Salta, consideró que el líder de Generación Zoe deberá permanecer alojado en la cárcel penitenciaria local. Junto con Cositorto, otros tres imputados recibieron condenas entre tres y cinco años.
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La Justicia de Río Cuarto admitió una demanda presentada por una mujer que se sintió discriminada cuando el encargado de la puerta del boliche “No Lo Cases A Colón” le impidió la entrada, aduciendo que no estaba en la “lista”.
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