Redacción La Nueva Mañana
La Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores dio a conocer los fundamentos de la condena al exlegislador cordobés Oscar González por el choque fatal ocurrido en el camino de las Altas Cumbres. El fallo, firmado por el camarista Santiago Camogli, descartó la aplicación de la figura de homicidio simple por dolo eventual que había solicitado la querella y mantuvo la calificación de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.
La sentencia impuso a González tres años de prisión de ejecución condicional. Para fundamentar esa decisión, el magistrado consideró que el caso no reunía las características que permitirían equipararlo a otros siniestros viales en los que se acreditó el dolo eventual, como el caso Amoedo, ocurrido en 2021 en la avenida de Circunvalación de Córdoba.
Entre los argumentos, Camogli señaló que González no conducía en zigzag, no estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, no manipulaba el celular ni circulaba a una velocidad superior a la permitida. A partir de esas circunstancias, sostuvo que el exlegislador pudo representarse la posibilidad de un accidente, pero continuó conduciendo con la confianza de que el resultado no se produciría.
El fallo también atribuyó relevancia a la maniobra de la conductora del otro vehículo, quien, según la reconstrucción judicial, se adelantó a un camión de manera indebida y riesgosa. De acuerdo con el magistrado, esa situación se convirtió en un obstáculo para González, quien intentó una maniobra de esquive también indebida. El juez concluyó que, pese a la muerte y las graves lesiones provocadas, el hecho no presentaba una gravedad excepcional que excediera la de otros delitos culposos vinculados con infracciones de tránsito.
Por otra parte, la resolución cuestionó el desempeño de los abogados de las querellantes particulares, a quienes atribuyó un “desconocimiento procesal llamativo”. Camogli sostuvo que el pedido de modificar la calificación legal no contemplaba una nueva descripción de los hechos que incorporara el dolo eventual y advirtió que aceptar ese planteo podía provocar la nulidad de la condena.
Finalmente, el tribunal dispuso no regular honorarios en la faz penal a los letrados que representaron a las querellantes.
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