Redacción La Nueva Mañana
La Justicia federal condenó al oficial principal de la Policía Federal Argentina (PFA), Cristian Miguel Rivaldi, por arrojar gas pimienta contra una niña de 10 años y su madre durante una movilización de jubilados frente al Congreso de la Nación.
El juez federal Daniel Rafecas le impuso una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso, por lo que no irá a la cárcel, y una inhabilitación especial para ejercer funciones policiales por dos años y seis meses.
El episodio ocurrió el 11 de septiembre de 2024, en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, Carla Mariana Pegoraro y su hija se encontraban sentadas sobre la calle cuando los efectivos avanzaron para despejar la zona. Según se acreditó durante el juicio, Rivaldi las roció con gas pimienta pese a que no estaban enfrentándose a la Policía ni resistiendo órdenes.
Como consecuencia del ataque, ambas sufrieron irritación y otras molestias físicas. La niña debió ser trasladada al Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde le diagnosticaron conjuntivitis química. La investigación reunió testimonios, registros audiovisuales, fotografías y documentación médica que respaldaron la acusación.
Durante el proceso, el policía negó haber dirigido el gas contra la menor y sostuvo que no la había visto debido al tumulto. También argumentó que utilizó el aerosol disuasivo en el marco de un operativo para dispersar a los manifestantes. Sin embargo, la fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano, consideró que las imágenes permitían identificar a la niña y que el efectivo tenía el visor del casco parcialmente levantado, lo que ampliaba su campo visual.
La condena se dictó por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. El caso se convirtió en el primero en concluir con una sentencia condenatoria contra un integrante de las fuerzas de seguridad por su accionar durante las protestas de jubilados frente al Congreso. En paralelo, avanzan otras causas contra efectivos involucrados en operativos de represión, entre ellas las vinculadas con las lesiones sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo y una jubilada de 82 años.
El caso también reavivó los cuestionamientos contra las autoridades del Ministerio de Seguridad. Cuando ocurrió el ataque, Patricia Bullrich estaba al frente de esa cartera y Alejandra Monteoliva se desempeñaba como secretaria de Seguridad. Ambas habían defendido el accionar de las fuerzas federales tras la difusión de las imágenes del episodio.
La querella, encabezada por el abogado Gregorio Dalbón, sostuvo que la condena representa un avance, pero reclamó que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios y mandos superiores. Tras conocerse el fallo, el letrado anticipó que buscará avanzar judicialmente contra Bullrich y Monteoliva.
