Miguel Apontes
Otra vez un crimen en contexto de violencia de género. Otra vez un femicidio en Córdoba y esta vez, una adolescente de 14 años.
Exigir a la Justicia el esclarecimiento de este femicidio es sobre lo que debemos concentrarnos en estos momentos. Conocer todas las circunstancias que rodearon al crimen y que rápidamente avance la instrucción para juzgar al o los responsables.
El femicidio de la adolescente abrió el debate sobre numerosos aspectos: la seguridad, la Justicia y también los medios en su abordaje, muchos de ellos sin perspectiva de género. La idea es construir consensos para su encausamiento y hallar alternativas superadoras. Que no quede en meros actos reflejos o ceñidos a especulaciones políticas y búsqueda de réditos inmediatos. Ése es el desafío.
Porque los esfuerzos deben centrarse en la búsqueda de justicia por Agostina, vale entonces expresarnos masivamente el miércoles en las calles y decir que esta sociedad no tolera más estas violencias.
La noticia tuvo alcance nacional y eso, sumado a errores en la comunicación, potenciaron el impacto en el Gobierno provincial. No sabemos hasta dónde podrá escalar todo, pero a priori fue llamativo cómo el área Seguridad, con un ministro en exceso mediático, de pronto se llamó a silencio en los primeros días de la búsqueda de Agostina.
Cualquier observador percibía que el alto perfil mediático de Juan Pablo Quinteros, su verborragia, buscaba posicionar al funcionario. Estaba en boca de todos que su aspiración era candidatearse al sillón mayor del Palacio 6 de Julio.
Quizás siguiendo el camino de Patricia Bullrich. Primero con Macri, ahora con Milei,la ahora senadora forjó su posicionamiento desde el Ministerio de Seguridad.
Pero a Bullrich la ayudó el blindaje mediático: no le hizo mella en su ascendente carrera las muertes de Santiago Maldonado ni Rafael Nahuel, mucho menos su exaltación del gatillo fácil, la promoción de la portación de armas como invitación a la justicia por mano propia o las violentas represiones a jubilados.
Y es que las circunstancias de la provincia son otras. Tal blindaje, al menos como el de Bullrich, no está. En Córdoba el frente opositor (que incluye a los libertarios) está dispuesto a disputar con fuerza el poder político en la provincia en 2027.
Así, Quinteros fue el centro de críticas despiadadas y pedidos de renuncia por parte de la oposición. La apuesta de algunos como única salida al “que se vayan todos”, denota también cierta irresponsabilidad. Con este hecho aún caliente, las salidas urgentes muchas veces esconden la carencia de propuestas superadoras para delinear para Córdoba una política de seguridad democrática, como debería ser el objetivo.
De una fuerte presencia mediática al silencio. Quinteros, el vocero, estuvo ausente los primeros días de la búsqueda de Agostina.
En su afán de mostrarse activo y atento a combatir la inseguridad, cruzó o confundió su rol como conducción política civil de las fuerzas de seguridad, para mezclarse con “la tropa” en operativos y procedimientos de todo tipo.
Se pareció otra vez a Patricia Bullrich utilizando indumentaria policial.
En ese marco, no llaman la atención los cuestionamientos que enfrenta, no es otra cosa que los riesgos de semejante exposición. El silencio que mantuvo Quinteros los primeros días generó rumores.
Algo que quedó al margen, es que Córdoba fue el fin de semana de la desaparición de Agostina epicentro de multitudinarios actos deportivos y artísticos (la final del Torneo Apertura en el Kempes y dos grandes shows en Jesús María).
La provincia se mostró ante el país como un lugar seguro a la hora de llevar adelante masivos espectáculos, pero esto llevó a que miles de efectivos estuvieran asignados a la seguridad de los eventos, desprotegiendo otras áreas.
El crimen vial que protagonizó el legislador Oscar González en Altas Cumbres, donde murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes gravemente heridas, puso al descubierto algunos privilegios de los funcionarios. También salpicó a la Justicia con el manejo de vehículos secuestrados.
Tras el femicidio de Agostina, aparece otra arista que merecerá ser abordada por las fuerzas políticas y la propia sociedad más profundamente. Si es que el fin es encontrar un acuerdo, un contrato social, que evite arbitrariedades y discrecionalidad en el manejo de la cosa pública.
La transparencia en el ingreso a la administración pública es levantada por todas las fuerzas. La Libertad Avanza agitó las banderas “contrarias a la casta”, aunque en el camino demostró cuánto de casta tienen sus funcionarios. Es una práctica habitual, no es patrimonio del gobierno de Martín Llaryora o Daniel Passerini. Pasa que quien está al frente del poder político es el expuesto y al que se le exigen explicaciones.
Un contrato social y político podría ser que cada fuerza incluya en su plataforma la premisa de que “el Estado es el garante de la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un empleo público”.
La difusión de un audio del concejal Ricardo Moreno, si bien es anterior al femicidio de Agostina, se refiere al acusado Claudio Barrelier y a otro hecho no menos grave y que pudo haber terminado de la peor manera: privación ilegítima de la libertad en un contexto también de violencia de género. Banalizar todo al punto de considerar que el hombre que incorporó a la Municipalidad “se echó un moco”, merece todo el repudio.
Declaraciones recientes del concejal reafirman su pensamiento y confirman la discreción que prima en ciertos ámbitos del Estado.
También hubo sobreactuación en el senador Luis Juez, muy presto a sacar provecho de la situación: cuando fue intendente se recuerda el ingreso discrecional de personal a la Municipalidad, algo muy criticado en su momento.
Vale que se encare, con un debate serio, el tema de los “becarios” en la Municipalidad, que el sindicato denuncia por miles, en particular porque se trata de la peor precarización de un trabajador.
El tratamiento del femicidio de Agostina en los medios no ha sido el mejor, salvo excepciones.
El abordaje careció las más de las veces de perspectiva de género y se llegó a revictimizar a la adolescente. La cobertura expuso un manejo morboso de la noticia, y no faltaron comentarios de tinte clasista.
Hubo espectacularización de la noticia y hasta se estigmatizó a la víctima, su vulnerabilidad, su entorno social, juzgándose sus comportamientos para soslayar o dejar en segundo plano la violencia que ejerció Barrelier.
No se puede dejar de lado algunos títulos y un recurso que dio sobrados réditos a cierto periodismo. Cuando la detención del imputado, ahora bajo el cargo de femicidio, algunos medios no se privaron de señalar a varios colectivos: “peronista, municipal y barra brava”.
La referencia obliga a hacer un ejercicio: la crueldad de alguien no está ligada a su empleo, sus adhesiones, su grupo de pertenencia.
El señalamiento del oficio o ideología, como siempre sucede, busca englobar a un colectivo particular, como si todos fueran de la misma condición.
La conferencia de prensa del fiscal Raúl Garzón a poco de confirmarse la peor noticia resultó en un verdadero “blef”.
En una suerte de estrado, se ubicaron todos hombres, en un momento donde se reclamaba a las autoridades precisiones del caso, con la responsabilidad de llevar tranquilidad a la sociedad y la obligación de mostrar empatía hacia la víctima y su familia.
Pero estuvo muy lejos de eso: el funcionario monopolizó la conferencia, hizo una extensa introducción a modo de clase y advertencia a los y las periodistas y hasta felicitó a los perros rastreadores.
En honor de la verdad, es Garzón el responsable de la investigación y no la fuerza de seguridad que depende de Quinteros, que en todo caso actúa como auxiliar de la Justicia.
De parte del fiscal no hubo mención del posible (y ya inminente a esa altura) cambio de carátula de privación de la libertad y homicidio a femicidio. El tono imperativo hacia los periodistas, hasta fijando pautas de la conferencia, acrecentaron con razón las críticas a su papel.
El hombre encargado de la instrucción de esta causa, es el mismo que encaró la investigación de otros resonantes casos, por demás sensibles. En las muertes de bebés en el Neonatal, compartió su rol como acusador con el fiscal Iván Rodríguez, el mismo que dispuso la libertar “bajo fianza de 5 millones de pesos” de Berrelier en 2025, en otro caso de privación de la libertad y violencia sexual.
Es válido preguntarse sobre la actuación de este funcionario, qué criterio siguió para liberar a Berrelier. El fiscal Rodríguez es recordado también por haber participado de la instrucción de otro femicidio en 2015: el de Andrea Castana en Carlos Paz y por el que aún se aguarda justicia.
Es contrafáctico, pero tal vez si hubiera avanzado la investigación de manera más firme no estaríamos frente a este femicidio contra Agostina.
El centro debió ser la víctima. La conferencia era para informar a la sociedad, no para confrontar con periodistas ni menos para exaltar el trabajo de la Fiscalía y las fuerzas de seguridad.
Que alguien le haga saber a Garzón que la Justicia está en el último escalón de la consideración pública desde hace mucho tiempo.
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