Miguel Apontes
Desde la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres, se confeccionó un proyecto que aborda el tema "naranjitas", a partir de la reciente aprobación en la Unicameral de la Ley N° 11.117.
"Deseamos compartir nuestro aporte con el Concejo Deliberante de la Ciudad. Nuestro deseo es colaborar buscando siempre el bien común, atendiendo a la realidad de pobreza y vulnerabilidad que viven muchos hermanos nuestros", se sostiene en la introducción del proyecto.
La propuesta está dividida en distintos tópicos como Contexto actual; Objetivos; Reglamentaciones; Tarifas; Equipo Interdisciplinario y Acompañamiento y formación.
Al abordar el momento en que se da este debate, el Arzobispado habla de "la cultura del descarte", afirmando que "no se pueden abordar las problemáticas en torno a las personas que cobran el estacionamiento en la vía pública, sin una visión y comprensión del escenario o marco cultural y económico en el cual se manifiesta o emerge hoy esta realidad".
En este análisis, se expresa que "la cultura del descarte, denunciada de forma sostenida por el recordado Papa Francisco, produce empobrecidos, descartados y excluidos de la 'mesa común' de la vida".
Y en una definición muy clara del sistema imperante que excluye, el proyecto elaborado por la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres expresa: "Participamos de una etapa histórica identificada como sociedad de consumo que exprime los recursos de distintos tipos sin consideraciones éticas, trasladando la misma lógica a las relaciones humanas y a las personas, generando descartes humanos. Hay que decirlo claramente: participamos como sociedades de una exclusión social despiadada; se llega hasta desear la desaparición del otro".
En este capítulo, el proyecto se refiere al "Eje de Espacio Público, Seguridad y Regulación Estatal".
Así, define el Espacio público como lugar de encuentro, donde cabe "garantizar el uso ordenado, seguro e igualitario de la vía pública, devolviéndole su esencia de lugar de encuentro". Y en cuando a la seguridad de bienes y personas, plantea "mejorar la seguridad de los vehículos estacionados e integrar al cuidador como un eslabón preventivo articulado con los vecinos, la fuerza de seguridad provincial y guardias urbanas municipales".
Respecto al control estatal y transparencia, propone "regular la prestación del servicio bajo un control transparente y auditable, evitando el cobro discrecional, en una tasa pública transparente para erradicar la extorsión y las malas prácticas".
También toca lo concerniente a la prevención de la violencia: "Prevenir y disminuir conductas violentas, intimidatorias o abusivas vinculadas a la actividad informal, e implementar tratamientos de temas sobre las problemáticas de marginalidad, drogadicción, alcoholismo, salud mental, etcétera".
El arzobispado elaboró una propuesta integral, que incluye avanzar en una reconfiguración del rol de “naranjita” hacia un servidor público calificado, valorado no solo por el municipio sino también por los vecinos.
Esto supone avanzar juntos en la configuración del nuevo perfil del trabajador urbano y sus alcances e incumbencias, a fin de ir posicionando su función como gestores urbanos que contribuyan a generar valor en la ciudad y a su vez dignifique el valor de su trabajo.
Enumeración de algunas características e incumbencias:
● Uniforme y tecnología: chaleco identificatorio, capa de lluvia, credenciales, smartphone con datos para el funcionamiento de la plataforma de cobro, contacto directo con policía, guardia urbana, 107 de emergencias médicas, alumbrado público, higiene urbana, obras viales, etcétera.
● Funciones expandidas: su rol deja de ser solo “mirar el auto”. Pasa a ser un sensor de la ciudad: reporta baches, luminarias apagadas, microbasurales, bocas de tormenta obstruidas, asiste a turistas o personas mayores, etcétera.
● Monitoreo de carga y descarga: control de horarios y espacios logísticos.
● Gestión de movilidad sustentable: supervisión de estaciones de bicicletas.
● Detección de riesgos en la vía pública.
● Protocolo de emergencias (RCP y primeros auxilios).
● Información y orientación urbana.
En el proyecto se enumeran criterios generales, donde se destaca la generación de un Registro Único de Cuidadores (RUC).
"Establecer, en el plazo de 30 días, un padrón de personas afectadas como cuidacoches, clasificándolos en: zonas donde hay sistema de estacionamiento medido, cuadras a cargo de cooperativas, trabajadores independientes (individuales o familiares), vinculados a alguna institución (centro vecinal, club, parroquia, empresa, etcétera) y lugares sin ningún tipo de autorización municipal", expresa el texto del proyecto.
Y se agrega que "la pertenencia al sistema de estacionamiento garantizará al trabajador Seguro de accidentes personales y responsabilidad civil; Acceso a la seguridad social y obra social y Bancarización obligatoria para la percepción de ingresos.
El texto completo del proyecto elevado al Concejo Deliberante a continuación
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