Redacción La Nueva Mañana
Una denuncia judicial presentada por la diputada nacional Marcela Pagano puso en el centro de la escena a Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por los contratos y vinculaciones empresariales de su consultora +BE, que habrían involucrado a compañías con negocios o relaciones comerciales con el Estado.
La presentación, que recayó en el Juzgado Federal N°11 a cargo de Ariel Lijo, plantea la posible existencia de un conflicto de intereses y la conformación de un supuesto circuito de relaciones comerciales entre empresas privadas y organismos estatales bajo la órbita del funcionario.
El escrito judicial sostiene que podría existir un “circuito triangular de flujos económicos” entre la petrolera estatal, la naviera National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti.
Según la denuncia, la petrolera estatal mantiene desde hace décadas contratos con National Shipping, una compañía controlada por la familia Virasoro, dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos.
De acuerdo con los datos citados en la presentación, la consultora de Angeletti habría brindado capacitaciones a gerentes y jefes de la naviera en tres oportunidades: el 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025, por un monto total de 6.370.000 pesos.
Pagano sostiene que ese vínculo comercial podría configurar un circuito indirecto de retorno de fondos al entorno familiar de Adorni, ya que el funcionario actualmente integra el directorio de YPF como representante del Estado.
Desde la empresa naviera señalaron que los contratos con YPF existen desde hace 28 años y remarcaron que Adorni fue designado director de la petrolera en enero de 2026, es decir, con posterioridad a las capacitaciones.
La denuncia también incorpora otro capítulo vinculado con la concesión del predio de Tecnópolis, una licitación estimada en 183.000 millones de pesos para una explotación por 25 años, que está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Entre las empresas preseleccionadas para la concesión figura DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, del empresario Marcelo Dionisio.
Según la presentación judicial, ese grupo sería cliente de la consultora +BE, lo que, para la denunciante, podría generar otro posible conflicto de intereses.
El expediente también menciona la relación de Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia -bajo la órbita de Karina Milei- y pareja de Dionisio. Gorini fue directora del Grupo Foggia hasta 2024 y continuaría vinculada a la empresa como apoderada.
La denuncia señala además que la consultora +BE habría tenido como cliente al Grupo Datco, una empresa tecnológica y de telecomunicaciones que presta servicios a distintos organismos estatales.
Entre los entes mencionados figuran ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, lo que, según Pagano, podría reforzar la hipótesis de una red de relaciones comerciales con proveedores del Estado.
Otro punto del escrito judicial apunta a supuestas irregularidades en licitaciones para el envío de SMS y correos electrónicos del Gobierno, impulsadas cuando Adorni se desempeñaba como secretario de Comunicación.
La denuncia menciona una adjudicación superior a 3.650 millones de pesos en la que participaron las empresas ATX SA y Area Tech SA.
Según la presentación, ambas firmas estarían vinculadas entre sí: Pablo Javier Casal, presidente de Area Tech, habría trabajado previamente para Rubén Santiago Ward, titular de ATX. Además, las compañías tendrían conexiones con Lugalu SA y compartirían domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.
También se mencionan posibles vínculos entre Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware SA, empresas que, según la denuncia, estarían controladas por la misma familia, lo que podría configurar un esquema de “simulación de competencia” en procesos licitatorios.
El escrito judicial solicita además que se investigue la evolución patrimonial de Adorni, ya que su salario como funcionario se mantendría en valores de 2023 mientras su patrimonio habría registrado un incremento.
Asimismo, la presentación menciona la existencia de deudas con cuatro acreedores privados, entre los que figurarían familiares del funcionario.
Pagano plantea en su denuncia que el esquema descripto podría guardar similitudes con las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, en las que se investigó el uso de estructuras empresariales familiares para canalizar pagos de empresas contratistas del Estado.
La Justicia federal deberá ahora determinar si los vínculos comerciales señalados constituyen actividades privadas legítimas o si podrían configurar conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas y el Estado.
Fuente: NA
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