Pablo Javier Rodríguez
Este viernes 31 de octubre, desde las 17, se realiza desde Colón y General Paz la 12a. edición de la Marcha por el Derecho a la Salud Mental. La movilización concluirá en el Patio Olmos, y es impulsada por un colectivo diverso que desde hace más de una década se reúne para realizar diagnósticos colectivos y plantear demandas a las autoridades y exhortar a la comunidad a comprometerse con una sociedad más inclusiva.
"No somos desechos, tenemos derechos" es la consigna de este año de la marcha que entre sus exigencias, plantea que no se siga excluyendo y maltratando a las personas usuarias de salud mental o con discapacidad; la plena implementación de las Leyes Nacional y Provincial de Salud Mental y la correcta aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad; que aumenten los presupuestos destinados al sector; que todas las personas tengan un lugar donde vivir, trabajo, comida y educación; que haya acceso a la atención de calidad en salud mental; que se cierren definitivamente los manicomios y sean reemplazados por otros dispositivos de atención basados en la comunidad; y que las voces de las personas usuarias de los dispositivos de salud mental sean escuchadas y consultadas sobre las decisiones que les atañen.
Solana Yoma es doctora en Psicología y como parte del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, integra el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental. Entrevistada por La Nueva Mañana, destacó que la edición de este año de la Marcha coincide con los 15 años de las leyes de Salud Mental en la provincia y el país: la 9848 y la 26.657, respectivamente.
"Desde el año pasado vienen ocurriendo retrocesos en áreas políticas que dificultan la plena implementación de estas normativas, cuyos avances venían siendo tímidos", indicó al respecto, a lo que sumó que preocupa que el Gobierno Nacional, en el proyecto de Presupuesto 2026, "desfinancia casi completamente la única línea del Ministerio de Salud, destinada a implementar la Ley de Salud Mental, con una reducción de casi el 90%, lo cual es gravísimo porque paraliza la posibilidad de implementarla".
- ¿Por qué es importante y necesaria esta nueva marcha por el Derecho a la Salud Mental?
- Venimos asistiendo desde diciembre de 2023 a una serie de políticas de ajuste estructural, con recortes feroces en áreas sensibles de la administración pública nacional, destinada a la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, como las orientadas a salud, vivienda, trabajo, seguridad social; y también graves recortes en la protección de grupos de mayor vulnerabilidad, como personas con discapacidad, infancias, adultos mayores, comedores y merenderos. Esto impacta en la calidad de vida de grandes sectores de la población. Numerosas investigaciones a nivel mundial vienen dando cuenta del impacto que tienen estas políticas de ajuste estructural en la producción de sufrimiento psíquico, porque deterioran las condiciones de vida de las personas. Se viene comprobando en diversas provincias argentinas un incremento exponencial de la demanda de atención en salud mental y se viene observando que esta atención ha sufrido una migración hacia el sector público, consecuencia de una mayor precariedad laboral. Esto produce una fuerte presión de demanda en los hospitales y espacios de salud pública, que a su vez están desfinanciados. Ahí se produce un círculo vicioso entre recorte, aumento de malestar y servicios desfinanciados.
En este sentido, subrayó que el Gobierno nacional "no solo vulnera distintos derechos humanos y el principio de igualdad, sino que también incumple su deber de garantizar el derecho a la salud mental, reconocido en tratados de Derechos Humanos".
Anuncios insuficientes
"Porque no se trata solo de cerrar manicomios, sino también de abrir opciones inclusivas, accesibles en la comunidad", enfatizó Yoma, quien agregó que el presupuesto asignado a la salud mental ronda el 5%, cuando debería ser al menos del 10%.
Y finalmente mencionó que frente al sostenido reclamo de cierre del Centro Psicoasistencial (CPA), en el que se han denunciado sucesivos malos tratos, crueldad y violaciones a los Derechos Humanos; el Gobierno Provincial abrió como alternativa un dispositivo de similares características en la cárcel de Bouwer.
"Esto significa un mayor recrudecimiento del abordaje punitivo sobre quienes tienen algún padecimiento mental y están en conflicto con la ley", alertó la profesional e indicó que esta nueva locación dificulta llevar adelante controles sociales sobre la manera en que se aborda la problemática.
"Venimos reclamando en estas marchas la creación de un organismo de monitoreo autónomo para supervisar las condiciones en que se realizan las internaciones, para que haya abordajes respetuosos", concluyó.
"Entre los emergentes a visibilzar este año, está la demanda de la inmediata implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. También venimos viendo en estos años que hay mayor discriminación hacia las personas con discapacidad y usuarios y usuarias de los servicios de salud mental, producto del recrudecimiento de los discursos de odio en la sociedad. En ese sentido, la marcha también viene a visibilizar que la salud mental es cosa de todos y que todos podemos ser usuarios de salud mental y tenemos derecho a no ser tratados con discriminación", expresó la profesional.
Y agregó que también tiene en alerta al colectivo la decisión del Gobierno nacional de cerrar dispositivos de la Sedronar, vinculados al acompañamiento terapéutico. En Córdoba cumplen una función central en el abordaje de los consumos problemáticos. Hay una casa que corre riesgo de cierre en barrio Bella Vista.
El Colectivo por el Derecho a la Salud Mental está integrado por personas usuarias de estos servicios, por profesionales, por familiares, por organizaciones sociales y estudiantiles, organismos de Derechos Humanos, gremios y asociaciones profesionales. "Es un colectivo amplio que hace 12 años se reúne para hacer estos diagnósticos de situación y plantear nuestras demandas, en la Marcha, que siempre es pacífica y colorida", concluyó.
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