Redacción La Nueva Mañana
Frente a las dificultades que atraviesa la investigación por enterramientos clandestinos de la última dictadura, por la falta de fondos de los juzgados federales que intervienen en la causa, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, comprometió el apoyo del Gobierno Provincial a la búsqueda de restos de personas desaparecidas en el predio del ex centro clandestino de detención, torturas y exterminio "La Perla".
Lo hizo en una reunión que mantuvo, junto a la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, con representantes de organismos de Derechos Humanos de Córdoba (Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S.) y familiares querellantes en la causa.
La reunión, que se enmarca en una respuesta al pedido de las familias querellantes y de la Comisión que agrupa a organismos de Derechos Humanos y representantes de la sociedad civil, se concretó en la sala de reuniones del Ministerio.
Previamente, Montero y Pez habían mantenido una reunión con el juez federal número 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien está a cargo de la causa; y con el secretario Miguel Ceballos.
En ambos encuentros, la Ministra ratificó la decisión del Gobierno de la Provincia de aportar los recursos materiales y logísticos necesarios para avanzar en la búsqueda de restos de personas desaparecidas, donde se encuentra el predio del ex Centro Clandestino de Detención “La Perla”.
Esta acción se enmarca en las hipótesis surgidas a partir de las investigaciones desarrolladas en el marco de la causa conocida como "Enterramientos Clandestinos".
Explicaron oficialmente que la colaboración del Estado provincial busca garantizar el avance de una causa iniciada en 1998 y que hoy representa una de las últimas oportunidades de encontrar a personas desaparecidas, ante el paso del tiempo y la pérdida de testimonios y evidencias.
En el marco del encuentro, la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, afirmó que “la firme defensa de la memoria y los Derechos Humanos es una política transversal de Estado, sostenida en diálogo permanente con la sociedad civil y con quienes han llevado adelante, durante décadas, la búsqueda de verdad y justicia”.
“Los querellantes de la causa Enterramientos Clandestinos, que somos familiares de víctimas, asesinados y secuestrados que pasaron por el sitio de La Perla, somos 26 y siempre estuvimos muy acompañados por Tamara Pez y Leandro Nieva de la Secretaría de Derechos Humanos y por la ministra Liliana Montero, que se pusieron a disposición no sólo para favorecer los elementos materiales que se necesitan para avanzar en la investigación sino por entender que es una deuda de Córdoba la búsqueda de los cuerpos insepultos de nuestros familiares. Yo quiero dejar constancia de eso. Los querellantes estamos muy conformes con el acompañamiento que se viene haciendo desde el Ejecutivo”, señaló Soledad García, querellante y miembro de la Asociación de Ex Presos Políticos.
Por su parte, Patricia Chalup, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba y también querellante, calificó la reunión como muy positiva, y señaló: “La ministra nos manifestó que la Provincia va a acompañar con la búsqueda y recibimos con mucha satisfacción esta respuesta en un contexto de regresión a nivel nacional en materia de Derechos Humanos, porque si bien, en principio, quien tiene la responsabilidad de acompañar y de gestionar la logística es el Consejo de la Magistratura, al no tener seguridad de tener respuesta con ellos, acudimos a la Provincia.
Valoramos mucho todo lo que tiene que ver con el mantenimiento en Córdoba de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”.
En tanto, María del Carmen Torres, también querellante, destacó en el mismo sentido la decisión de la Provincia de prestar el apoyo para la investigación. “Creemos que es fundamental encontrar los medios y las formas para que la Justicia federal avance en este sentido y la ciudadanía cordobesa toda pueda saber dónde están sus muertos”, declaró.
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