"El acceso de la Policía a mayores poderes sin orden judicial, como detenciones y vigilancia de redes sociales vulnera garantías fundamentales", advierte el proyecto del bloque disidente de la UCR que busca declarar la "nulidad absoluta" del decreto de Patricia Bullrich.
Política19/06/2025
Redacción La Nueva Mañana
El bloque de diputados nacionales de Democracia para Siempre presentó este jueves un proyecto para dejar sin efecto la reformar la Policía Federal Argentina (PFA). La nueva normativa de Patricia Bullrich habilitó a la fuerza a realizar ciberpatrullajes en las redes sociales y llevar a cabo requisas y detenciones sin orden judicial.
Según argumentaron los legisladores del bloque disidente de la Unión Cívica Radical, la iniciativa del Poder Ejecutivo es “violatoria de derechos constitucionales y excede las facultades delegadas de la Ley N° 27.742” de Bases, ya que en esta “no se delegaron facultades legislativas en materia de seguridad”.
“El Congreso solo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas”, indicaron los autores del proyecto. La iniciativa se refiere al nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina que estableció el Gobierno nacional mediante el Decreto 383/2025, y redefine la misión de la fuerza. La PFA dejó atrás su tradicional presencia en tareas de seguridad urbana y ahora se centra en “prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos” y proteger “la seguridad del Estado nacional”.
“Uno de los puntos que más inquietud despierta es la falta de claridad en las nuevas facultades de la PFA. El decreto deja sin precisar conceptos como ‘amenaza a la seguridad del Estado’ o ‘alteración del orden público’, lo que habilita una peligrosa zona gris”, advirtieron.
En esa línea, afirmaron que “es imposible evitar detectar múltiples riesgos en estos cambios, que parecen más guiados por la urgencia política que por un debate democrático serio sobre el rol que le corresponde a esta fuerza”.
Al respecto, alertaron que “en otros contextos, lagunas normativas similares han resultado en el uso discrecional de fuerzas de seguridad, permitiendo prácticas como la persecución de la protesta, el ciberpatrullaje de opositores, la criminalización de organizaciones sociales, o el avasallamiento a la libertad de expresión, frecuentemente justificadas bajo interpretaciones amplias”.
“El acceso de la Policía a mayores poderes sin orden judicial -como detenciones, vigilancia de redes sociales y requisas en los denominados ‘operativos de prevención’- vulnera garantías fundamentales como el derecho al debido proceso, la protección contra detenciones arbitrarias (artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretado por la Corte IDH) y la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 de la Constitución Nacional)”, resaltaron.
“Por otra parte, la disposición consagra una figura similar a los ‘arrestos por averiguación de antecedentes’, ya declarados inconstitucionales por jurisprudencia reiterada por ser arbitrarios y discrecionales”, agregaron. A propósito de esto, sostuvieron que “la sospecha que funda las detenciones sin orden judicial de la policía, por lo general, descansa en un sesgo discriminatorio”.
“Esta noción fue utilizada para hacer controles poblacionales, para extorsionar a la gente, hacer la llamada estadística policial, y puede ser utilizada también para controles masivos”, enfatizaron.
Para Democracia para Siempre, “el Poder Ejecutivo está utilizando a la Ley Bases como ventana de oportunidad forzada ya que entre las facultades delegadas al Poder Ejecutivo no están las de seguridad”. “Entonces, lo que hace es fundamentar esta decisión vinculándola a una mayor eficacia y modernización del Estado”, cuestionaron.
Aclararon, en este sentido, que “la reforma planteada no implica un plan de eficacia de la administración de la Policía Federal Argentina, sino que modifica las funciones y el sentido de su intervención”.
El proyecto de derogación del Decreto 383/25 lleva las firmas del presidente del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, y de sus pares Facundo Manes, Danya Tavela, Mariela Coletta, Carla Carrizo y Fernando Carbajal.
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