Redacción La Nueva Mañana
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) emitió un comunicado crítico con la nueva resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, que con la firma de Patricia Bullrich, contenida como anexo del Decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial, modifica la ley orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) y le otorga facultades amplísimas para realizar detenciones, allanamientos, requisas personales y de vehículos discrecionales, realizar tareas de espionaje y “esgrimir ostensiblemente sus armas”; además de definir su función no ya como garante de bienes y personas privadas o públicas, sino como ejecutora de las políticas de “seguridad nacional”.
"Venimos señalando con enorme preocupación que las muchas reformas y reestructuraciones normativas que el gobierno de La Libertad Avanza viene implementando en todos los ámbitos, permiten definir la etapa como un verdadero cambio de régimen con la destrucción de las libertades democráticas, derechos y garantías históricas del pueblo argentino", agrega la Correpi.
Analiza la entidad que con este nuevo estatuto orgánico, la Policía Federal deja de ser definida oficialmente como como “policía de seguridad y judicial dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Nación”, para la protección de bienes y personas de particulares, funcionarios y empleados y bienes del Estado Nacional, para convertirse en garante de la protección de la Seguridad Nacional.
Interpreta Correpi que este rol autoriza a la fuerza a "colaborar en el mantenimiento del orden público y de la seguridad de manera espontánea en caso de delitos flagrantes, a requerimiento del Ministerio de Seguridad Nacional o, en su caso, de las demás autoridades competentes"; lo que implicaría que a partir de ahora, será legal que la fuerza intervenga, desplegando sus renovadas facultades, "no sólo en casos de flagrancia real, sino cuando el Poder Ejecutivo se lo ordene".
Para ello, advierte la entidad antirrepresiva, se habilita a la Policía Federal a realizar tareas de inteligencia criminal por fuera de las disposiciones de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y sus modificaciones. "Del mismo modo faculta a la PFA a recabar información y asegurar pruebas, con el fin de que luego sean presentadas al Ministerio Público o a los jueces competentes, para facilitar el inicio o la continuación de una investigación. O sea, en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial", subrayan con preocupación.
"Finalmente, también puede la PFA decidir que allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos", agregan.
También alertan que la resolución amplía el uso del ciberpatrullaje sin autorización ni orden judicial, en todo tipo de espacio público digital (redes sociales, sitios web, etc.) y habilita a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público.
"Es decir, basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personal, pertenencia y vehículos", enfatizan.
Concluye el comunicado, enmarcando este decreto y su anexo reglamentario en el conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional "que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social".
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