El abogado de CFK adelantó que recurrirá a diversos organismos internacionales para revisar el fallo de la Corte

Gregorio Dalbón calificó la ratificación del fallo de segunda instancia de la Causa Vialidad que realizó la Corte Suprema de Justicia como "una de las decisiones judiciales más graves y vergonzosas desde el regreso de la democracia en 1983".

Política10/06/2025Redacción La Nueva MañanaRedacción La Nueva Mañana
Gregorio Dalbon
Gregorio DalbonFoto: NA

El abogado de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, calificó la ratificación del fallo de segunda instancia de la Causa Vialidad que realizó la Corte Suprema como "una de las decisiones judiciales más graves y vergonzosas desde el regreso de la democracia en 1983".

"Hoy ha sido condenada una dirigente que no cometió delito alguno. Hoy se ha sellado con una sentencia escrita de antemano un proceso que jamás debió haber existido. Esta no es una condena. Es una venganza del poder. Es el resultado de un entramado de intereses que no tolera a una mujer que transformó la Argentina con justicia social, soberanía política e independencia económica", analizó el letrado, quien aseguró que no hay delito ni prueba, acto típico ni antijurídico ni culpable atribuido a la ex presidenta.

"No hay dolo, no hay beneficio personal, no hay participación alguna. Ni siquiera hay una descripción clara del hecho punible. La sentencia se basa en conjeturas, inferencias y un relato armado fuera del expediente. Es una construcción artificial que ignora el principio de legalidad y viola de manera flagrante todas las garantías del debido proceso", detalla.

Denuncia Dalbón que Cristina Fernández no fue juzgada, sino "condenada por anticipado por un tribunal que actuó sin independencia ni imparcialidad, en obediencia a una matriz de persecución que excede lo judicial y que responde a un objetivo político: proscribirla".

Adelantó el abogado que en respuesta a este fallo, activó todos los mecanismos de revisión internacional: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Penal Internacional y cada foro jurídico multilateral donde aún se defienda el Estado de Derecho.

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