Redacción La Nueva Mañana
Este miércoles, en el Instituto Social Militar Dámaso Centeno, en la sede central de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y en el ex Ministerio de Desarrollo Social, todas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante diversas protestas para cuestionar la reciente ola de despidos y el recorte salarial del personal público.
“En este momento, el Gobierno está atado con alambres y la economía, a punto de explotar. Milei se sostenía en expectativas que una buena parte de la población ya perdió”, alertó Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE.
“Más allá de su relato fantasioso, el fracaso de esta gestión es evidente”, aseguró.
La entidad gremial adelantó que convocarán a un Plenario Federal de Delegadas y Delegados para la próxima semana, donde se definirá la continuidad del plan de acción y se votará una nueva huelga general.
Cabe recordar que con la llegada de marzo, el Gobierno decidió no renovar cientos de contratos en diversas áreas del Estado Nacional, en el marco de su política de ajuste, con la cual intenta ordenar números macroeconómicos, para poder exponer logros políticos.
"Empiezan a renunciar todos los profesionales, porque ya no pueden cumplir con las prestaciones exigidas por ley", indicó Aguiar, en referencia a la decisión masiva que han tomado decenas de médicos de los programas de vacunas, VIH, lepra y tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación, en rechazo del ajuste en la inversión en salud pública.
ATE advierte que "con los despidos masivos y el recorte de salarios, nos conducen a una catástrofe social" y que "con este presidente y sus ideas, el Estado está muy lejos de articular el bien común y promover el desarrollo humano".
"Todo el tejido social se está resquebrajando y el entramado productivo destruyendo", señaló Aguiar, quien advirtió que en este marco, "inevitablemente la conflictividad irá en aumento".
El sindicato exigió la reincorporación inmediata de todas las y los trabajadores cesanteados ilegalmente y puestos en disponibilidad en el Ministerio de Capital Humano, Acumar, y todos los organismos que se vieron afectados por esta decisión del Gobierno.
Además, ATE demandó una recomposición salarial urgente para todos los ingresos del sector público, que en 2024 perdieron el 44,4% de su poder adquisitivo.
Noticias relacionadas:
