Redacción La Nueva Mañana
Tras una presentación que realizara la semana pasada la legisladora porteña Victoria Montenegro, a raíz de los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el juez Ariel Lijo dispuso que los sitios de memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) permanezcan abiertos y en funcionamiento.
En su resolución, ordenó que el Estado realice tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio, limpieza diaria y fumigaciones en estos espacios; y que para ello garantice una dotación de "personal capacitado".
Victoria Montenegro, titular de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, había advertido que la decisión del Gobierno Nacional de disponer despidos y cesantías en la Secretaría de Derechos Humanos, ponía en serio peligro la sostenibilidad de los lugares que deben transmitir la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.
En la presentación, la legisladora había advertido que el Gobierno estaba incumpliendo con la Ley de Sitios (26.691), que establece que los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) deben ser preservados también como prueba judicial.
Alertaba Montenegro que la reducción de personal afecta las áreas de investigación, la coordinación de las visitas que realizan las escuelas o las tareas de conservación.
En la Ciudad de Buenos Aires hay cinco espacios de memoria que dependen del Gobierno nacional: son los lugares donde funcionaron los campos de concentración de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos.
Según reveló la revista Quórum en una nota al respecto, el juez Lijo exhortó a que "se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas" desde estos sitios de memoria.
