Redacción La Nueva Mañana
En su sesión de este miércoles, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó la unificación del régimen sancionatorio de la provincia en materia hídrica, ambiental y de recursos naturales. Además, esta nueva norma modifica las funciones de la Policía Ambiental y crea un órgano específico encargado de juzgar y sancionar.
La norma busca ordenar el marco normativo en torno a las sanciones por infracciones ambientales, que es amplio y diverso en la provincia.
Entre las novedades, la nueva ley introduce una unidad fija de multa, que pasaría a medirse en litros de combustible. También permite sancionar a aquellos infractores que no cumplan con la remediación ambiental tras el daño ocasionado e instaura el Registro de Infractores Ambientales para identificar a quienes no cumplen con sus obligaciones.
La legisladora oficialista María Victoria Busso, voz informante del proyecto, explicó que "no se busca el castigo, sino promover un cambio de conducta de la ciudadanía, las sanciones tienen el objetivo de generar conciencia ambiental, de proteger nuestros recursos y de remediar el daño ambiental generado".
Por otra parte, para separar el rol de fiscalización y control del juzgador, la nueva norma establece la creación del Tribunal Administrativo Ambiental, que será el órgano encargado de definir las infracciones y aplicar las sanciones. De esta manera, libera de tal función a la Policía Ambiental para que se aboque exclusivamente a su función de fiscalización y control.
“Buscamos reducir los tiempos de la resolución de las causas, eliminando el cuello de botella que se generaba y permitiendo que el Estado actúe con mayor eficiencia frente a estas infracciones. Esta ley significa un avance técnico, jurídico y operativo en materia de gestión ambiental, e innovador en el plano regional”, concluyó Busso.
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