Redacción La NUEVA Mañana
Entrada la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que declara a la educación como "Servicio Estratégico Esencial". Ahora, con media sanción de la Cámara baja, la iniciativa deberá tratarse en Senadores.
Desde la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), en línea con la posición de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), rechazó la media sanción que la Cámara de Diputados le otorgó al proyecto de ley y sostuvo que "busca impedir el derecho a huelga amparado por nuestra Constitución".
El proyecto establece que se debe garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo, incluso en los días de paro, con un sistema de “guardias mínimas obligatorias” que implica la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades aunque haya medidas de fuerza.
Este jueves se refirió al polémico proyecto de ley el secretario general de UEPC, Roberto Cristalli. En declaraciones a distintos medios, el dirigente dijo que “la educación es un derecho, no un servicio”.
Cristalli cuestionó que la iniciativa no pretende "para nada", acompañar "el proceso y mejorar la calidad educativa". Y agregó: "Cuando dicen que tiene que estar garantizado el 30% de los docentes en las escuelas es nada más que para cuidar a los chicos, para que sirva de guardería”.
El titular de UEPC se refirió a cómo el proyecto (que ahora deberá tratar el Senado) pone en cuestión un derecho constitucional. “Se está cercenando el derecho a huelga que es una de las intenciones de este proyecto, y la otra cuestión es que todos sabemos que los servicios se pagan. Y a la larga el objetivo va a ser que se privatice el sistema educativo y que si querés que tus hijos tengan educación la vas a tener que pagar porque eso es un servicio”, sostuvo el dirigente docente.
La UEPC estuvo presente frente al Congreso, participando del acto convocado por Ctera cuando se desarrollaba el debate en el recinto de Diputados. Más allá de rechazarse el proyecto que finalmente se votó, junto a trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país, se exigió un aumento salarial, el pago del Fonid, la resolución urgente de los conflictos provinciales y condiciones dignas para enseñar y aprender.
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