Espectacularización y morbo: la responsabilidad de no reproducir violencia

Este jueves a la noche un medio de comunicación dio a conocer las fotos que probarían la violencia ejercida por el ex presidente Alberto Fernández contra su ex pareja Fabiola Yáñez. La "filtración", -que no es tal porque hubo un decisión deliberada de publicarlas-, corrió como pólvora por los portales periodísticos y las redes sociales; y con ello, la liviandad de seguir reproduciendo la violencia.  

Las lógicas comunicaciones de estos tiempos, hacen pasar por alto la violencia de género, la perspectiva de género desde lo periodístico, el aprendizaje social sobre estas prácticas y el hecho básico de no considerar los derechos al resguardo, confidencialidad y cuidado de quien atraviesa una situación de violencia. La excusa del "interés público" para alimentar el morbo y someter al escarnio.  

"Todo caso de violencia de género exige, desde el punto de vista judicial, -tenga o no procesos penales- la absoluta reserva y garantías para todas personas involucradas, principalmente la víctima, la garantía de confidencialidad", dice a este medio la abogada feminista Romina Scocozza, quien además es coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

Dónde hacer el foco

Lo primero que tenemos que problematizar es el origen de esas imágenes, que hasta donde se sabe en este momento, provienen de una filtración: "Es decir, que alguien con acceso oficial del expediente tomó una decisión de manera deliberada y consciente de compartirla", explica Scocozza y añade que aún no consta si la facilitación de las fotografías fue a título gratuito o por un intercambio económico o el que fuere. Sea cual sea la situación, es igualmente grave y "comprometería responsabilidades funcionales". 

El cuestionamiento tienen que estar fijado en identificar responsabilidades. Pasó lo mismo en el caso Jazmín De Gracia en 2012, o con las imágenes de la muerte de Natacha Jaitt, en 2019, donde una persona que, por su función, tuvo acceso a esas fotografía, las vendió: "Ahí hay una múltiple responsabilidad, de la parte pública de quien maneja y tiene acceso y de la parte privada que compra eso por motivos espurios, por motivos comerciales porque no están pensando en el los derechos de la victimas", indica la letrada.

En primer lugar, el cuestionamiento tienen que estar dirigido a la responsabilidad institucional que claramente no está poniendo énfasis en el proceso de resguardo de aquellos elementos probatorios que contienen información sensible y que pueden ser relatos, o grabaciones de cualquier tipo o soporte y que no están garantizando. 

Sobre la difusión de imágenes sin autorización, la abogada explica que este tipo de acciones implica que nos pone en riesgo a todas las personas, porque independientemente de nuestra relevancia en la escena pública, podemos quedar despojados de los derechos que las normas nos dan: derechos humanos a la intimidad a la privacidad, a que se preserve información o imágenes sensibles que están circulando. 

"Pareciera ser que por el hecho de desplegar una actividad profesional o social, que tiene una dimensión evidentemente pública y que se nutre de una audiencia, se pierde automáticamente el derecho humano a preservar la intimidad, la privacidad de una víctima", puntualiza Scocozza.

Qué pasa si la víctima autoriza una difusión

En primer lugar, para la víctima hay cuestiones, que se le llaman de "carácter disponible", cosas que ella puede decidir, como por ejemplo, dar a conocer el texto de la denuncia: "Hay víctimas que una vez que denuncian dan a conocer su relato, les sirve en su proceso de poder salir de ese lugar y contarlo más allá del proceso judicial, administrativo o penal que se haya iniciado", explica la abogada pero agrega que  tiene que haber una recepción con perspectiva de género sobre cómo se ejercita la difusión porque "en la mayoría de los casos de violencia de género hay imágenes terribles, pero también está la discusión de qué mostramos, cómo lo mostramos y con qué fin". 

Ahora bien, más allá de la autorización o no, hay una parte que, en cualquier cadena comunicacional, requiere una decisión consciente y responsable por parte de las personas, tanto las que trabajan en un medio de comunicación o no: en cuánto contribuye al caso en particular, o cuánto vulnera derechos y a la problemática en general.

En términos informativos, se trata de una decisión editorial, de dar a conocer el material que llega y analizar el valor periodístico, el aporte que hace a la causa. La razón de porqué las y los redactores de La Nueva Mañana decidimos no publicar dichas imágenes, pero sí relatar este hecho de violencia de género ejercido por un ex mandatario. 

La responsabilidad de todos

Para Scocozza, desde el punto de vista individual, desde que somos todos reproductores, y productores de información por las dinámicas de comunicación a través del uso de redes sociales, también es necesario entender que hay una responsabilidad individual: que un amigo, amiga, familiar, influencer o quién sea, lo haya hecho, uno no tiene por qué reproducirlo.

"Si un medio toma la decisión, como lo hizo La Voz del Interior, de publicar esa información y decir 'Nosotros nunca publicamos estas imágenes, pero en este caso por el interés público lo vamos a hacer', eso no sirve de nada, no ayuda a nadie y claramente no los excusa de la responsabilidad, a ellos y ni a ningún otro medio, pero tampoco me excusa a mi como persona individual a reproducirla por cualquier otro medio", explica la letrada y cierra: "Ahí no se está colaborando en absolutamente nada y esto nos debe llamar a la reflexión, pensar qué mensaje de pedagogía estamos dando en este uso de las redes. Lo que exigimos que se respete para otros también puede ser una vara para medir lo que exigimos que se respete para nosotros".

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital). 

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