Redacción La Nueva Mañana
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) anunció este jueves la derogación de una serie de resoluciones que regulaban los precios de los servicios de telecomunicaciones, en línea con un reciente decreto presidencial que permite al sector ejecutar aumentos con total libertad.
La medida, formalizada mediante la Resolución 13/2024 del Boletín Oficial, deja sin efecto múltiples normativas emitidas entre 2020 y 2023, que establecían controles de precios para servicios de internet, telefonía móvil y televisión por suscripción. Hasta ahora, el tope permitido para los aumentos era de entre el 5% y 10% mensual.
Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020. Ese último había declarado a los servicios TIC como "servicios públicos esenciales y estratégicos", otorgando al Enacom la facultad de regular sus tarifas.
Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para "salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia".
En sus considerandos, se argumenta que la desregulación de las tarifas del sector obedece a la necesidad de que las compañías puedan "cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación" y se explica que para ello "los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables".
La resolución, firmada por la intervención del Enacom, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. De esta manera, se espera que la liberación de los controles de precios impacte en las boletas del mes de julio.
Mientras la desigualdad social aumenta a valores alarmantes en medio de la recesión, la última resolución del Enacom abre las puertas a nuevos aumentos en los servicios de la telefonía móvil, Internet y televisión por suscripción que golpearán a los usuarios.
Esta decisión forma parte del proyecto ultraliberal del gobierno de Javier Milei, quien desde comienzos de este año, ejecutó el cierre de numerosas delegaciones regionales del Enacom, organismo encargado de resguardar el derecho ciudadano a la comunicación, dejando en la calle a más de 300 personas, y a la población sin el acceso a información comunicacional u operativa de la utilización del espectro, ni protección contra probables aumentos desmedidos.
