El ex intendente de Pilar, Diego Bechis, recibió una nueva condena por corrupción

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba le impuso cinco años de prisión por lavado de activos agravado por su calidad de funcionario público. La pena final fue de siete años, al unificarse con la que en 2020 le dictó la Justicia provincial.

Córdoba 10/05/2024 Redacción La Nueva Mañana Redacción La Nueva Mañana
Diego Bechis
La Justicia reveló que Bechis y Berón conformaron una estructura ilícita y adquirieron bienes con dinero espurio. Foto: gentileza

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba condenó este miércoles a cinco años de prisión al ex intendente de Pilar, Diego Alejandro Bechis, y a cuatro años y seis meses al ex funcionario municipal, Paulo César Berón.

Se los condenó respectivamente como como autor y partícipe necesario del delito de lavado de activos agravado por su calidad de funcionarios públicos, por lo que además fueron inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos (por cinco años a Bechis y por tres años a Berón) y se les impuso sendas multas de 300 salarios mínimos, vitales y móviles (conforme a su valor al 7 de febrero de 2018, accesorias legales y costas).

La jueza Carolina Prado y sus colegas Julián Falcucci y Jaime Días Gavier le impusieron a Bechis una pena unificada de siete años de precisión, al ligarla con la que había recibido en 2020 en la Justicia de Córdoba (Cámara en lo Criminal de 10a. Nominación), también por hechos de corrupción: defraudación por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad. 

En el debate, intervinieron el fiscal general Carlos Casas Nóblega, a cargo de la Fiscalía General N° 3 ante los TOF de Córdoba, y el auxiliar fiscal Augusto Richter. 

El tribunal también ordenó el decomiso de los bienes secuestrados que fueron objeto del delito y la restitución de los restantes a la Fundación PI.DE.PRO. (Pilar Desarrollo y Progreso), con la supervisión del Departamento Ejecutivo de la intendencia, que fuera designado como depositario judicial, según explicó el Ministerio Público Fiscal.

El caso

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio formulado en septiembre pasado por la fiscal María Marta Schianni -a cargo de la Fiscalía Federal de Villa María- los imputados se valieron de sus roles de intendente y funcionario de la Municipalidad de Pilar para desplegar una serie de maniobras delictivas que les permitieron la obtención de ganancias ilícitas.

La pieza acusatoria indicó que, a fin de dotar de apariencia lícita a las ganancias obtenidas ilegalmente, Bechis y Berón crearon el 7 de noviembre de 2011 la Fundación PI.DE.PRO y, por su intermedio, el Museo Polifacético Costumbrista “Sergio Cachin”, una granja educativa y el Colegio Manuel Belgrano, que funcionaban en predios cedidos por el municipio pilarense.

En el requerimiento de elevación a juicio la fiscal de instrucción destacó que, con la fundación como pantalla, los imputados adquirieron diversos bienes, cuyos valores excedían ampliamente el poder adquisitivo con el que contaban y fueron abonados en efectivo o por transferencia, al tiempo que -con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos utilizados-, hicieron consignar en las facturas de compra y en calidad de adquirente a la Municipalidad de Pilar, como también simularon ser beneficiarios de ciertas donaciones.

En virtud de las pruebas recolectadas durante la investigación, la fiscal Schianni consideró que Bechis y Berón conformaron una estructura ilícita, la dotaron para su funcionamiento y adquirieron -con dinero espurio- bienes antiguos que resguardaron en galpones, que fueron donados por la Municipalidad a la Fundación, que también era parte crucial de la maniobra.

En su presentación, la fiscal también consideró como “infructuoso” el esfuerzo de los procesados por disimular que las compras en negro y de lavado irregular eran efectuadas por el mismo municipio, e hizo hincapié en el abuso de una situación de poder, la falta de control y regularidad en los procesos de compra, que las convirtieron en “operaciones de lavado de activos”.

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