Se trata de un dispositivo que permite a organizaciones sociales e instituciones controlar y monitorear cómo son las condiciones de espacios de encierro y detención. Son siete provincias que no disponen de esta herramienta de supervisión.
Córdoba 21/04/2024
Lucia Ceresole
César Moreno, torturado y muerto en Bouwer, José Siacca, muerto tras no recibir atención médica en el MX1, Ezequiel Castro y Jonathan Romo, muertos luego de ser detenidos en la vía pública y golpeados, una mujer que cumplía su condena muere en una ambulancia de una peritonitis. Estas son algunas de las historias que retratan la situación que atraviesan los espacios de encierro en la provincia de Córdoba y que son denunciadas sistemáticamente desde hace más de cinco años por diferentes organismos, entre ellos, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
En 2016, la Ley 26.827 creó el “Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” e intimó a las provincias a crear o designar instituciones que cumplan funciones de mecanismo de prevención de la tortura. Córdoba es una de las siete provincias del país que no tiene su propio mecanismo local. Sí lo tienen CABA, Jujuy, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
“Córdoba está lenta en llevar adelante esto. Esa deficiencia hace o produce los resultados de lo que estamos viendo. Son problemáticas que no se están mirando ni solucionando”, dice Inés Barreto, abogada, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), criminóloga e integrante de Red por los Derechos Humanos en contexto de encierro Córdoba. Este espacio, integrado por organizaciones sociales, equipos de investigación y el Programa Universitario en las Cárceles (PUC), comenzó a funcionar en 2023 y es el que propone la creación urgente de este mecanismo.
Creada la ley nacional en 2016 e intimó a las provincias a crear o designar instituciones que cumplan funciones de mecanismo de prevención de la tortura.
Según la Ley 26.827, el mecanismo local de prevención de la tortura debe estar conformado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones que desarrollan tareas vinculadas con la situación de las personas privadas de libertad. Estas podrán acceder a información o documentación referida a los centros públicos y/o privados en los que se encuentren personas privadas de libertad en Córdoba, realizar visitas de inspección, entrevistar a personas privadas de libertad en forma individual o colectiva y hasta coordinar acciones cooperación con las entidades estatales.
“El tema es en qué condiciones esas personas están alojadas. Tenemos legislaciones suficientes para poder ampararnos en cómo se debe realizar una detención. El objetivo nuestro es que exista este mecanismo para que haya una reducción del sufrimiento, del daño y prevención de las torturas”, dice Barreto a La Nueva Mañana.
Y explica que abarca diferentes instituciones del Estado que deben ser revisadas: “Cuando hablamos de detenciones no solo hablamos de detención en contexto de encierro si no que justamente cuando uno habla de esta prevención de la tortura estamos abarcando a todo lugar en donde el Estado en cierto modo secuestra a las personas por distintas causas. Nos interesan los jóvenes que son sometidos a tratamiento en el CPA, también al Complejo Esperanza. Son instituciones del Estado provincial que dependen de distintas secretarias”.
Barreto: “El objetivo nuestro es que exista este mecanismo para que haya una reducción del sufrimiento, del daño y prevención de las torturas”.
“Todos esos universos están atravesados por prácticas en donde una mirada de un órgano externo sería muy útil para controlar y monitorear qué es lo que pasa allí adentro y no dejar que la institución quede cerrada sobre sí misma. Deben existir órganos externos, deben estar porosas a la mirada externa para que sepamos que sucede allí”, aclara. Esto implica, por ejemplo, saber con qué medicación cuentan los espacios de encierro o cuántos médicos existen, “no todo es que exista una cantidad suficiente de personal de seguridad”.
Otra de las tareas de los mecanismos locales, luego de las observaciones y las visitas periódicas, es elaborar informes que se presenten, en este caso, a la Legislatura de Córdoba, también principal responsable en constituir esta legislación que falta en la provincia. “La Legislatura debe llevar adelante esta ley, que ya dos veces estuvo en danza, pero nunca se llegó a promulgar. Hay una cierta inactividad en el sentido de no comprometerse en llevar adelante este mecanismo”, indica la especialista.
El presupuesto, desinterés, cargos políticos y el rol del Poder Judicial son algunas de las razones que señala Barreto como causas en la demora de la constitución de este mecanismo.
“Durante la pandemia, la UNC no pudo ingresar con todos sus programas. Yo creo que estamos arrastrando un problema desde ese momento en donde las instituciones de seguridad se cerraron sobre sí mismas y no hubo miradas externas. Y eso claramente hoy se puede observar”, dice y agrega que “ponerse en movimiento implica presupuesto, hay que definir quienes puedan estar ahí”.
Sobre el Poder Judicial, Barreto menciona que son los jueces de Ejecución Penal quienes “tienen que estar observando el sistema penitenciario provincial, la vida y la integridad de esos presos”.
“Hay muchas instituciones estatales existentes y el problema es desinterés y falta de coordinación. Las instituciones no llevan adelante la tarea como la deben realizar, entonces también tenemos que exigir que exista el mecanismo local de prevención de la tortura”, asegura.
Seis de cada diez personas afectadas por estos hechos de violencia, manifestó sufrirlas con frecuencia diaria o semanal. El vínculo de pareja (43%) es el más usual entre las personas afectadas y las denunciadas y el grupo más afectado es el de mujeres adultas de entre 18 y 59 años.
El aumento fue definido por el Gobierno luego de que no se llegara a un acuerdo en las reuniones con los representantes de los sindicatos y de las empresas. En lo que va de la gestión de Milei, el SMVM tuvo un aumento sólo del 50,2%, frente a una inflación del 107%.
La frase surgió ante una pregunta sobre si se había identificado personal militar en la base ubicada en la Patagonia, en la que puso especial atención el gobierno de EE.UU. y fue tema de conversación con la generala del Comando Sur, Laura Richardson.
Esta medida no discrimina entre usuarios individuales, corporativos y derivados. Las empresas alcanzadas por la disposición del Gobierno son: OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán, Hospital Británico.
La caravana que recorrió la calle Belgrano en barrio Güemes estuvo conformada, además, por la Small Jazz Band, el Grand Marshall (Gastón Brittos); Alapar Jazz; Swing City Córdoba; Dai Zapata, Tap y Swing; y más artistas.
El exilio, el silencio o la muerte caracterizan los relatos de personas del colectivo LGBTIQ+ que, a 48 años del golpe de Estado del ‘76, todavía quedan pendientes de conocer. Desde la provincia de Córdoba, una muestra y un producto editorial buscan recuperar esas voces para el reconocimiento.
En la tarde de este jueves, la mujer fue detenida por efectivos de la Policía Federal y trasladada a Río Cuarto. La amenaza habría sido a través de la aplicación Messenger de Facebook. Familiares aseguran que se trata de una denuncia falsa.
Según el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, el dato surge de las estimaciones que realizó la distribuidora Cammesa para el semestre que va de mayo a octubre de 2024. Afectará a los usuarios residenciales, comercios e industrias.
La final de la Supercopa Argentina, entre River y Estudiantes, se disputará en el estadio mundialista este miércoles, a las 21.10. El dispositivo preventivo estará activo desde el ingreso de las hinchadas de ambos clubes a esta provincia.
El dato fue brindado por el secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad, Gabriel Bermúdez, tras la decisión del Gobierno nacional de quitar los subsidios al transporte de pasajeros del interior. "Resulta que la casta es la gente del interior que viaja en colectivo", comentó con ironía.
Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado “impuesto a los ingresos personales” en la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.
El entendimiento contempla incrementos salariales para el personal de hospitales provinciales de abril a junio. Los porcentajes acordados van en línea con los aumentos ya cerrados con el resto de las entidades gremiales del ámbito estatal.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba inició la entrega de 45.000 kits de semillas del Programa Cosechando para Mi Familia-La Huerta en Tu Hogar, que lleva adelante el Ministerio de Bioagroindustria.
En mayo el objetivo es “trabajar en la concientización”, pero sin sanciones y los controles se irán desplazando en diferentes puntos de la ciudad. Recién a partir de junio, los inspectores comenzarán con el labrado de actas de infracción por exceso de velocidad.
Tras los 50 despidos injustificados que denunciaron trabajadores de la fábrica de motores eléctricos WEG, este jueves vuelven a reportar que la empresa se negó a acatar lo dispuesto por Trabajo. Luego del feriado, las y los cesanteados no pueden ingresar a la planta.
