Criminalización de la protesta: elevan a juicio la causa contra seis dirigentes sociales y sindicales

El Juzgado de Control y Faltas Nº 4 elevó a juicio la causa iniciada contra seis dirigentes sociales y sindicales que participaron de una protesta desarrollada el 5 de abril de 2023, en el centro de la ciudad de Córdoba. Ese día cerca de nueve mil personas concentraron para reclamar contra la inflación, la baja de 90 mil beneficiarios y beneficiarias del Potenciar, y las políticas de ajuste del FMI.

Según el argumento judicial, los referentes sociales y sindicales habrían "acordado con la Policía provincial que la manifestación dejaría liberada media calzada" para la circulación de vehículos, pero luego la habrían obstruido.

Esta versión, basada en testimonios de policías y sostenida por el fiscal Ernesto de Aragón, ha sido desmentida por los imputados e imputadas, y denunciada desde distintas organizaciones de derechos humanos por "criminalizar la protesta".

Este lunes la causa fue elevada a juicio por la jueza Anahí Hampartzounian, quien encuadró la conducta de Emanuel Berardo, Soledad Díaz García, Federico Giuliani, Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano en el delito de impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos.

En su resolución, la jueza Hampartzounian afirmó que la Constitución contempla y protege el derecho a la protesta social; aunque puntualizó que el reconocimiento de derechos también supone limitaciones.

En tal sentido, señaló que, cuando las protestas se desarrollan en una vía pública de circulación masiva, en general, se apela a un “mecanismo conciliatorio” que consiste en liberar una vía para el tránsito. De esa forma, los manifestantes pueden visibilizar adecuadamente el reclamo, sin aniquilar el derecho a circular.

“Lo intempestivo de la decisión de interrumpir por completo el tránsito vehicular (…) trajo como consecuencia que los organismos provinciales y municipales involucrados en el ordenamiento del tráfico se vieran imposibilitados de prever con la antelación debida, los trastornos que frente a un corte total indudablemente se presentarían, de modo tal que no resultó posible adoptar las medidas necesarias para evitar o al menos mitigar sus consecuencias”, expresa la resolución.

Por ello, la jueza consideró que en este caso se vulneró el bien jurídicamente tutelado por la norma en la cual resultó subsumida la conducta, pues efectivamente se impidió por un período considerable de tiempo el funcionamiento del transporte público.

"Se trata de una causa totalmente armada"

La Nueva Mañana dialogó con la abogada Soledad Díaz García, referente del Partido Obrero, quien se refirió a la elevación a juicio de la causa que la tiene entre los imputados, y desmintió de forma tajante los argumentos esgrimidos por la jueza Hampartzounian.

"Estamos evaluando los recursos para presentar. No obstante, lo primero que hay que destacar es que es falso el planteo de que se había acordado con la policía cortar media calzada. Esto no es así. Estábamos cortando media calzada sobre el Puente Centenario y cuando empiezan a avanzar las columnas, la policía dio la indicación de que marcháramos sobre toda la calzada. Más que nada porque era multitudinaria la movilización, con aproximadamente nueve mil personas".

Díaz continuó detallando minuciosamente cómo se desarrolló la protesta del 5 de abril de 2023: "Recién cuando se llegó a la intersección de Colón y General Paz, un policía sin orden del fiscal, se acercó a pedir que las personas que estábamos allí adelante nos identificáramos. En ningún momento dio una orden de nada porque no tenía orden escrita, sino un pedido de identificación. Quiero destacar esto porque, el planteo desde el vamos es falso y eso es materia incluso de la defensa de las oposiciones que estamos interponiendo".

Por otro lado, la abogada y referente del PO, aseguró que se trata de "una causa totalmente armada" y apuntó contra el fiscal Ernesto de Aragón.

"Me parece importante detallar que se pide la elevación parcial, y se otorga una absolución parcial. Esto denota el carácter de esta causa. El fiscal de Aragón hace un pedido de elevación sobre dos causas en concurso real. En primer lugar por el tema de la obstrucción de las vías de transporte y en segundo lugar pide la elevación por la causa de desobediencia a la autoridad. Sin embargo, hoy la jueza de control niega que haya existido esa segunda causa, o sea no habría ese concurso real, que ya de por sí estamos hablando de un mismo hecho. Esto para nosotros es un dato que deja en evidencia que se trata de una causa totalmente armada, donde no se ha podido aprobar ni desobediencia a la autoridad, y mucho menos que se haya obstaculizado el tránsito".

Por último, Díaz aseguró que durante la protesta del 5 de abril de 2023, "la propia policía cortó varias arterias de la ciudad y además infiltró prensa falsa dentro de las columnas, lo cual también habla de un operativo de inteligencia ilegal".

Cabe recordar que el fiscal Ernesto de Aragón es el mismo funcionario provincial que el 21 de diciembre de 2023 ordenó imputar por los delitos de "resistencia a la autoridad y obstrucción a la circulación de los medios de transporte" a cinco jóvenes (entre los que se encontraban dos trabajadores de prensa) que participaron de una movilización frente al Patio Olmos en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Javier Milei.

Durante la protesta contra Milei en el Patio Olmos la Policía de Córdoba gaseó y reprimió brutalmente a los y las manifestantes, entre quienes había mujeres y niñeces. En el plano nacional, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich intentaba avanzar en su "protocolo antipiquete", obligando a la gente a marchar por la vereda e intentando prohibir las reuniones en la vía pública de más de tres personas. En ese marco, el debut del gobierno de Martín Llaryora fue leído en la escena local y nacional como un guiño al presidente Javier Milei y su política represiva, de ajuste y criminalización de la protesta.