En el marco del "protocolo antipiquetes", presentado por Patricia Bullrich a poco de asumir, fueron enviadas cartas documento a sindicatos y organizaciones sociales a propósito de las movilizaciones de las que fueron parte el 22 y 27 de diciembre pasado. Las cifras por ambas jornadas promedian los 50 millones de pesos.
País 11/01/2024
Redacción La NUEVA Mañana
El Gobierno nacional intimó a numerosos sindicatos y organizaciones sociales al pago de multas millonarias por participar de las movilizaciones realizadas el 22 y 27 de diciembre.
A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno nacional se dirigió por carta documento a la CTA Autónoma; la Federación Nacional Territorial; la Asociación Trabajadores del Estado, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); Conadu Histórica; Federación de Trabajadores por la Economía Social (Fetraes) y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) al pago de multas que ascienden a los $ 56.760.282 y $ 40.419.227 por participar de las movilizaciones realizadas en esos dos días del mes pasado.
Este jueves, la CTA Autónoma denunció a través de un comunicado lo que considera “persecución política e intento de intimidar a la clase trabajadora”.
El documento, que lleva la firma del secretario General de la central, Hugo 'Cachorro' Godoy, y la secretaria adjunta, María Ana Mandakovic, denuncia que las “penas" (llamadas bajo el eufemismo de 'pagos solidarios'), son en realidad un acto persecución política e intento de intimidar a la clase trabajadora por parte del gobierno de Javier Milei”.
En otro párrafo del comunicado, la CTA-A indica que se “quiere sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido”, reiterando la posición en cuanto a que “las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta”.
"Ya hemos realizado las presentaciones correspondientes ante la Justicia para rechazar estas intimaciones. Hemos realizado presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la inconstitucionalidad del “protocolo”, ya que es “una reglamentación que crea y establece castigos a supuestos delitos, que no están encuadrados como tales en el Código Penal. El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificar el Código Penal y establecer estas penas", continúa el documento de la CTA-A.
Finalmente, la central ratificó la “convocatoria al paro y movilización del 24 de enero para exigir al Congreso de la Nación a que se rechace el DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus, a través de los cuales el Presidente Javier Milei pretende gobernar por decreto, ejerce abuso de poder, avasalla al Parlamento e intenta arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino”.
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