Los indígenas reclaman la inconstitucionalidad de la reforma “exprés” de la constitución, ante el temor por la apropiación de sus tierras.
Opinión02/10/2023 Miguel Rodríguez Villafañe
Por Miguel Rodríguez Villafañe (*)
La actual provincia de Jujuy, desde tiempos inmemoriales, ha sido habitada por diversas comunidades de pueblos originarios. Incluso, el origen del nombre de la provincia vendría del quechua xuxuyoc, nombre de un funcionario inca de la región, del que derivó en xuxuy.
En este momento hay doce pueblos que habitan en Jujuy, como Atacama, Chané, Chicha, Chulupí, Fiscara, Guaraní, Kolla, Ocloya, Omaguaca, Quechua, Qom y Tilian.
Todos esos pueblos se sumaron a la gesta de nuestra independencia. Ellos participaron del “Éxodo Jujeño” acompañando a Manuel Belgrano y luego, tuvieron un valioso protagonismo en diversos hechos de la gesta nacional en la emancipación de España. Más, la nación argentina liberada, no trajo, necesariamente, el reconocimiento real de los derechos correspondientes a los pueblos originarios.
A fines del siglo XIX, los indígenas peleaban por la propiedad de sus tierras ancestrales y poder trabajarlas, sin el peso agobiante de las exigencias de terratenientes ilegítimos, que les cobraban altos arrendamientos por cultivarlas o los obligaban a trabajar para ellos o los expulsaban de las mismas.
En 1874 se sublevaron y el gobernador de Jujuy José Álvarez Prado acudió en defensa de los intereses de los terratenientes. El enfrentamiento se produjo en diciembre de ese año, en la llamada batalla de “Abra de la Cruz” o “Combate de Cochinoca”. Los indígenas ganaron usando armas rudimentarias, y con nobleza, habiendo capturado al gobernador, lo dejaron en libertad.
Luego, el 04/01/1875 se dio la batalla de “Quera”, en la que Álvarez Prado, como segundo comandante, derrotó a los indígenas. Los vencedores, no tuvieron la hidalguía de los aborígenes y en una actitud diferente a la de aquellos, capturaron a los jefes indígenas Federico Zurita, Benjamín Gonza y Laureano Saravia Anastasio Inca, los fusilaros en el acto y sus cuerpos los pusieron en exposición.
Lamentablemente las situaciones de injusticia no cambiaban, y en mayo de 1946, se organizó el primer Malón de la Paz. Los indígenas caminaron desde el noroeste argentino a Bs. As., para pedir al gobierno nacional que les ayudara en la restitución de sus territorios, tomados por las oligarquías locales.
El reclamo se dirigía, entre otros planteos, en especial contra Robustiano Patrón Costa, que los trataba como siervos esclavizados. Incluso él, en 1942, había lanzado su candidatura a la presidencia de la Nación. Al respecto, los indígenas Valentín Zárate y José Nievas expresaron, como lo consignó el diario La Razón del 11/07/1946: las “tierras fueron de nuestros bisabuelos.
El señor Patrón Costa se apoderó de ellas y las incluyó en sus tierras sumándolas a no pocas hectáreas. Tenemos que pagar $ 1,50 por cabeza de ganado, y otro tanto por cada planta de naranjo que cultivamos. La producción apenas alcanza para nuestras familias, si se muere una vaca o se seca una planta igual nos cobran el “impuesto” durante cinco años (…) Nos pagan $ 1,50 por cada 1.000 kilos de caña que pelamos y que a veces demandan tres días de labor. No es posible negarse, porque entonces aparece la policía del Ingenio con winchester, pistola, sable y látigo y nos obligan a trabajar.
También es obligatorio comprar en la proveeduría del Ingenio. Si compramos particularmente, la misma policía se encarga de quitarnos las provisiones y como castigo nos hacen trabajar gratis una semana. A veces nos llevan presos y nos dejan en los calabozos seis días sin comer”.
El Malón logró que el presidente Juan Domingo Perón, atendiera sus reclamos y expropiara tierras en la Puna y en la Quebrada de Humahuaca, con el objetivo de devolverlas a las comunidades. Sin embargo, dicha conquista, no pudo efectivizarse en ese momento.
Los indígenas jujeños, después de mucho tiempo, lograron que el Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy ordenara al gobierno provincial entregar todos los títulos de propiedad comunitaria de las tierras a las comunidades indígenas. El fallo fue apelado por el gobierno provincial, no obstante, la reforma constitucional nacional de 1994, también había legitimado los reclamos indígenas.
Con motivo de la nueva dilación para no cumplir, en agosto de 2006, se llevó a cabo el Segundo Malón de la Paz.
Ante el dictado por parte del gobernador de Jujuy Gerardo Morales de una nueva constitución de manera ilegal, en la que no se contemplan debidamente los derechos que tienen los indígenas, en julio de 2023, se llevó a cabo el Tercer Malón de la Paz.
Los indígenas reclaman la inconstitucionalidad de la reforma “exprés” de la constitución, porque genera mecanismos por los cuales, de manera discrecional, sin consultarlos, ni respetar su cultura, se pueden apropiar de sus tierras, posesiones comunes, del agua y contaminar su ecosistema, particularmente por la extracción del litio.
Además, denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron y están siendo víctimas.
En Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que eligió a Gerardo Morales como candidato a vicepresidente, en su candidatura a la presidencia, prohibió que se instalaran en la Plaza Lavalle, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Incluso se intentó desalojarlos en una madrugada, no se les dejó armar carpas, con temperaturas muy bajas, con niños y mujeres embarazadas y días de lluvia. Sólo se les autorizó contar con dos baños químicos, para el uso de más de 400 personas y deben cobijarse con plásticos. Verdaderamente inhumano. Ellos querían que la Corte los recibiera, lo que no se ha logrado hasta la fecha.
El poder legislativo prometió diversas cosas, pero que no se han concretado aún y el panorama político actual no permite avizorar cambios importantes a la brevedad.
El Presidente Alberto Fernández presentó una acción ante la Corte planteando la inconstitucionalidad de la reforma constitucional de Jujuy, lo que no ha sido resuelto aún. Además, el 29/08/23 dictó el Decreto 435, por el que creó la “Comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en la provincia de Jujuy”, que recién ha podido empezar a trabajar.
Mientras tanto, el gobierno de Morales ha activado diversas acciones en contra de los indígenas con tipificaciones penales como la de secesión, o sea, imputando un alzamiento delictivo en contra de la nueva constitución, cuando de lo que se trata es de discutir que esa reforma es inconstitucional.
También les aplican sanciones contravencionales por participar de marchas de protesta, con multas de $ 2.500.000. No hay garantías judiciales en dicha provincia, con omisión de actuar por parte de dicho poder respecto de las graves violaciones de derechos humanos que se han dado. Tampoco, se analiza la culpabilidad del gobierno por ser el causante de las protestas legítimas que se llevaron adelante.
Hay que asegurar la Paz al Malón, que merece que se atiendan sus reclamos con urgencia.
(*) Abogado constitucionalista cordobés y periodista de opinión
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