A 40 años de la vuelta a la democracia, el diputado Eduardo Fernández consideró “fundamental” avanzar en los proyectos que condenan la reivindicación del terrorismo de Estado.
Ed Impresa 29/09/2023
Pablo Javier Rodríguez
EL CONGRESO AGUARDA SU DEBATE
Mientras en plena campaña, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, cuela un acto de supuesto homenaje a “víctimas del terrorismo” como caballo de Troya para reflotar la “teoría de los dos demonios”, en la Cámara de Diputados de la Nación, tres proyectos que apuntan a sancionar la negación, apología o reivindicación del terrorismo de Estado esperan hace meses ingresar a la agenda de los debates.
El autor de uno de ellos es el diputado cordobés del Frente de Todos Eduardo Fernández que, en diálogo con La Nueva Mañana, destacó la importancia de dar la disputa de sentidos en estos temas y expuso sus expectativas de que la iniciativa pueda ser aprobada antes de fin de año.
La propuesta data de 2022, pero fue reingresada este año, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con algunas modificaciones, a partir de sugerencias del Ministerio de Justicia de la Nación y organismos de Derechos Humanos.
En virtud de las verdades reveladas en los juicios por crímenes de lesa humanidad y por parte de los organismos de Derechos Humanos, respecto de la dictadura que azotó al país entre 1976 y 1983; la norma impulsada por Fernández propone incorporar al Código Penal sanciones para “toda conducta pública de negación, apología y/o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
La suma del Capítulo VI al Libro VIII del Código Penal dispondría en el flamante Artículo 213 ter que sea reprimido “con prisión de tres meses a dos años” y una multa económica de 10.000 a 100.000 pesos quien cometiera los actos sancionados.
La norma propone, además, incorporar un agravante si quien realizara estas manifestaciones fuese un funcionario público; imponiendo para este caso “la destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años” y una multa del doble de la fijada por el Art. 213 ter.
El proyecto de Eduardo Fernández contempla también una capacitación obligatoria en Derechos Humanos para funcionarios y funcionarias públicas sancionadas y prevé que los recursos económicos que resulten de la aplicación de estas sanciones se sumen a las partidas presupuestarias para financiar actividades, campañas y programas educativos y culturales destinados a la difusión de las problemáticas de Derechos Humanos, terrorismo de Estado, genocidios y crímenes de lesa humanidad.
- ¿Qué importancia tiene aprobar un proyecto de estas características, a 40 años de la recuperación de la democracia?
- Fundamental. Argentina ha sido vanguardia y ejemplo en llevar a dictadores y represores al banquillo de los acusados, y rescatar los centros clandestinos y transformarlos en sitios de memoria. La aprobación de este proyecto sería un ejemplo para América Latina, que siempre está acechada por sectores totalitarios. Con el negacionismo, la apología y la reivindicación, la ultraderecha trata de adormecer a una parte de la sociedad para llevar adelante sus planes políticos, económicos y sociales criminales, que sólo han podido avanzar con represión o con estados totalitarios.
Fernández apuntó que tanto su iniciativa como la de sus pares Estela Fernández y Carolina Moisés (también del oficialismo), adquieren renovada actualidad en este contexto en el que sectores de derecha vuelven a poner en duda el plan sistemático de exterminio de la última dictadura, cuya existencia viene siendo probada en los juicios por crímenes de lesa humanidad.
“Aquellos sectores políticos que defienden el terrorismo de Estado pretenden imponer modelos que perjudican a las mayorías”
“Con este proyecto de Ley no desconocemos que lo esencial es la disputa de ideas, como lo viene haciendo el pueblo argentino con su larga lucha por memoria, verdad y justicia. Por eso agregamos al proyecto original una capacitación obligatoria para funcionarias y funcionarios públicos. Los deberes de los funcionarios públicos tienen que ver con el resguardo de la democracia y la subsistencia de las instituciones”, dijo al respecto.
Analizó Fernández que la sanción del negacionismo, la apología y la reivindicación es una “deuda pendiente de la democracia” y que aquellos sectores políticos que defienden al terrorismo de Estado pretenden “imponer modelos socioeconómicos que perjudican a las mayorías y cercenan derechos”.
Y agregó: “No es casual que estos personajes lo hacen en el marco de una propuesta de destrucción del Estado como instrumento regulador de la economía y garante de mayor equidad social; con la idea de menguar la conciencia colectiva respecto de los derechos humanos”.
- ¿Está en crisis el consenso democrático que se viene erigiendo desde 1983?
- En estos momentos hay preocupación en los sectores políticos que abonamos la democracia, y que exceden los límites de nuestra fuerza política. Hay que encontrar un eje común y me parece que el tratamiento de este proyecto puede ayudar. Porque no basta una declaración de repudio a un accionar de un candidato o un funcionario. Se tiene que saber que la democracia tiene sus anticuerpos ante estos incipientes procesos totalitarios de la derecha. Y tienen que estar instituidos en nuestro Código Penal, como ocurre en varios países de Europa. Como diputados tenemos la obligación de asegurar la democracia y el método es proponer leyes.
Aclaró Fernández los actos negacionistas, apologéticos y reivindicativos del terrorismo de Estado “trascienden a la libertad de expresión, de prensa y de opinión”. Y completó: “Han sido precisamente los regímenes dictatoriales los que han perseguido a periodistas, cerrado medios, establecido censuras y proscripciones”.
Respecto a la demora en el tratamiento de estos proyectos en la Cámara baja, expresó Fernández que la campaña electoral se metió en el Congreso, que la agenda económica se ha impuesto en los debates y que la falta de quórum obliga a entablar permanentes acuerdos.
“Tenemos una oposición a la que solo la une su misión de hacer desaparecer a otras fuerzas y produce un espíritu de cuerpo que lleva a que cueste avanzar con cualquier proyecto que requiera mayorías circunstanciales”, argumentó. Empero, destacó que hay expectativas de que este año pueda discutirse y aprobarse: “Se están dando las condiciones políticas para que esta vez pueda avanzar”.
- ¿Antes de fin de año se podría aprobar?
- Sí, están asignadas las comisiones. Estoy en la tarea para impulsarlo, pero es notorio que en medio del proceso electoral hay otros temas importantes que buscan consensos y que viene quedando relegado ante las urgencias económicas.
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