En la jornada de ayer, la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados llevó a cabo un análisis del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El debate, sin embargo, se postergará ya que el plazo para la firma de despachos de la legislatura vence el próximo 20 de noviembre.

El proyecto impulsado por la Campaña Nacional prevé que la interrupción del embarazo (IVE) pueda realizarse durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional, dentro del sistema de salud público, el privado y el gestionado por las obras sociales, y contempla que la mujer acceda al aborto cuando el embarazo sea producto de una violación y o corra riesgo su salud.

En el marco de una reunión informativa se presentaron distintas posturas y conclusiones relacionadas con la reglamentación del derecho al aborto legal en nuestro país.

En la sesión, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) sostuvo que "la necesidad de avanzar en el debate resulta urgente en un país donde el aborto clandestino es la principal causa de muerte materna”.

Entre los invitados que defendieron el cambio normativo estuvieron la directora de Amnistía Internacional, Mariela Belski; las periodistas Marta Dillon, por el Colectivo Ni Una Menos, y Mariana Carbajal, integrante de la comisión directiva del CELS, entre otros. Entre los expositores que presentaron una postura contraria la proyecto  figuran la abogada Ursula Basset, de la Universidad Austral; el rabino Fernando Szlajen; Fabián Romano, presidente de la Federación de Asociaciones Médicas Católicas de Latinoamérica y Ana Belén Mármola, de la Asociación Civil Frente Joven.

El cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre, no deja margen para avanzar mucho más en el tratamiento.