Especial para La Nueva Mañana
Durante el mes de junio, los docentes jujeños se manifestaron en reclamo a la precarización laboral e instaron a un estado de emergencia salarial. No fue casual la decisión del actual gobernador Gerardo Morales de reprimir todo tipo de protesta y en paralelo lanzar su precandidatura a Vicepresidente en fórmula con Rodríguez Larreta. La campaña inicia con sus manos manchadas de sangre de jujeños y jujeñas que fueron víctimas de la violenta represión ordenada por Morales.
El derecho a protestar en la provincia de Jujuy pasó de ser una garantía democrática a una censura. El actual gobernador Gerardo Morales aplicó en el mes de junio un método opresivo y violento contra las movilizaciones. El reclamo de docentes, que por cierto pedían que su salario mínimamente alcance la canasta básica, y la posterior adhesión de trabajadores estatales y organizaciones sociales habría generado “malestar” en Morales y buscó silenciar. No fue casual que la represión coincidiera con la fecha del lanzamiento de su precandidatura como vicepresidente de la Nación.
El 16 de junio, Morales efectivizó la reforma constitucional y ratificó la prohibición de cortes de ruta. Al día siguiente, la policía desplegó un operativo de avance contra las personas que se manifestaban y también las que simplemente por el lugar circulaban en el corte de ruta ubicado en el ingreso a Purmamarca.
Detuvieron a personas de comunidades indígenas, periodistas, turistas y a la diputada Natalia Morales del Frente de Izquierda. A raíz de esto, 25 personas se encuentran imputadas por distintos delitos. Los videos sirven de registro para constatar que la policía disparaba balas de goma y atacaba a los manifestantes. Uno de ellos perdió un ojo como consecuencia de una bala que impactó sobre su rostro. Las detenciones fueron arbitrarias. Según testimonios, allí golpearon, insultaron y violentaron.
El 20 de junio también reprimió violentamente la policía. Más de 60 personas fueron detenidas. Ese día el transporte urbano fue suspendido y muchos tuvieron que moverse caminando. Las fuerzas de seguridad detuvieron a esta gente por el simple hecho de estar ahí.
Gabriel Riveros tiene 29 años, fue detenido cuando caminaba hacia su trabajo, una fábrica de sándwiches. Como había cortes de colectivos, llegó caminando. “Los policías estaban en la puerta de su trabajo. Los oficiales intentan detenerlo y él sale corriendo por miedo. Lo golpearon entre seis, le pidieron que se arrodille, le pusieron piedras en los bolsillos y lo llevaron a la comisaría”, relató Luis Garay, padre de Gabriel, en diálogo con LNM y agregó: “Durante la detención, los golpearon, insultaron, torturaron. Las causas que les ponían eran por manifestarse, romper autos, quemar edificios públicos”. Alto Comedero era el lugar donde los llevaban. Luego del pedido de abogados de DD.HH. y familiares, brindaron la lista de las personas que estaban allí demoradas. Cuando Gabriel fue liberado, se veían los moretones, manchas de sangre, las rodillas lastimadas, el tobillo fisurado y su rostro lleno de miedo. La atención en los hospitales fue limitada, es por esto que muchos optaron por viajar a otros pueblos para ser atendidos. Eran muchos los que esperaban atención médica en el Hospital Pablo Soria luego de la violencia represión. “Mi hijo era el que peor estaba”, contó el padre. Gabriel desde ese momento no pudo volver a trabajar, continúa con su recuperación.
La abogada Alejandra Cejas actualmente está representando a nueve personas que fueron detenidas en la parte penal y otras con la parte contravencional. En una entrevista con este medio, explicó que “hay denuncias de que policías están acosando, detenciones arbitrarias en las calles, sin la presencia de un juez. Es muy complicado contarlo sin estar en Jujuy. Es todo muy difícil acá. No estamos en un momento normal. En democracia no tengo recuerdo de que haya pasado algo así, que nos militaricen así la ciudad.
“No entendemos por qué el gobierno nacional no actúa. Acá se ha vulnerado la Constitución, nos han dejado afuera del sistema constitucional argentino y se está aprovechando para hacer una campaña política de Morales”, argumentó Cejas.
Cejas: “Es muy complicado contarlo sin estar en Jujuy, es todo muy difícil acá. No estamos en un momento normal; en democracia no tengo recuerdo que haya pasado algo así, que nos militaricen así la ciudad”.
El avance en contra de los derechos humanos inició en 2015 con la asunción de Gerardo Morales. Fue clara su posición con la persecución histórica a la dirigente Milagro Sala a quien además responsabilizan del caos en la provincia. Hace pocos días realizaron un allanamiento irregular en su vivienda intentando hacerla responsable intelectualmente de los sucesos que tienen lugar en la provincia.
Malka Manestar, abogada e integrante de Andhes, en diálogo con La Nueva Mañana dijo que se realizaron detenciones en vehículos sin patentes, pertenecientes a empresas privadas, por personal vestido de civil. “Desde que asumió Morales llevó a cabo reformas. Hay una alianza político judicial entre el gobierno de la provincia y el poder judicial. La criminalización de la protesta genera mucha tensión”.
“No hay nada más legítimo que el pueblo. Hay sectores autoconvocados, comunidades indígenas, trabajadores estatales, la docencia… que hoy se expresan organizadamente en contra de la reforma. Es muy alejado culpar a Milagro Sala, no es la primera vez que la culpan” concluyó Manestar y pidió que el gobierno nacional intervenga de manera urgente.
 |
Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más
en la edición impresa de La Nueva Mañana
[ Todos los viernes en tu kiosco ]
