El proyecto de ley para declarar la emergencia lechera en el país sigue su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados. Ayer fue aprobado por mayoría el dictamen en la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Pese a que el bloque oficialista no acompañó la propuesta que motoriza la legisladora justicialista por Córdoba, María Eugenia Brezzo, se firmó el dictamen y hoy se trata el tema en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El rechazo del bloque Cambiemos se justificó en que el gobierno nacional está asistiendo a los productores del sector lechero con subsidios y créditos. Además, se argumentó que el Banco Nación tiene disponibles líneas de financiamiento que todavía no se adjudicaron a los productores.

En referencia a la situación de la producción láctea, la diputada Brezzo señaló: "el sector lechero continúa en crisis, y comprando a crédito a mayo 2017. Es necesario que se declare la emergencia lechera de manera urgente, los tamberos no pueden seguir esperando".  

Los efectos de fenómenos meteorológicos, la dilatadísima lucha por la distribución de los recursos que genera la producción y decisiones erráticas en materia de políticas de Estado provocaron un problema que se está transformando en crónico y que afecta principalmente a las cuencas lecheras de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

El proyecto de ley fue presentado el 1 de septiembre y propone que se declare la emergencia del sector de alimentos lácteos en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2017, prorrogable por decreto del Poder  Ejecutivo, hasta el 31 de diciembre del 2018  inclusive. 

Los beneficiarios serán los productores tamberos de hasta 4500 litros diarios de promedio anual, quienes deberán inscribirse el Registro Único de Productores Tamberos en Emergencia. Este trámite será obligatorio para todas las personas físicas y jurídicas que pretendan acogerse a los alcances de la ley.

Durante la vigencia de la emergencia los sujetos inscriptos en el Registro podrán acceder a beneficios como la suspensión de los pagos de los anticipos del impuesto a las ganancias y del impuesto a los bienes personales para los productores primarios del sector; exención del pago del impuesto a los créditos y débitos bancarios; exención del pago del IVA a las inversiones en equipamiento y obras de infraestructura que su instalación requiera, compra de hembras e inversiones genéticas.