Este martes están previstos los alegatos de las partes. Es la instancia previa al veredicto de la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento en la Legislatura de la Provincia.
Córdoba 05/06/2023
Miguel Apontes
El fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, promovió la conformación de la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, cuyo funcionamiento está regulado por la ley 7.956, y dio comienzo al proceso contra el juez de 1ª Instancia Civil y Comercial de 27ª Nominación de Córdoba, Francisco Martín Flores.
Para este martes están previstos los alegatos del fiscal Delgado y los defensores de Flores, José Cafferata Nores y Manuel Calderón Meynier. Después solo restará esperar el veredicto.
El pasado 15 de mayo iniciaron las audiencias en la Legislatura de la Provincia contra el funcionario, por “mal desempeño” y por los delitos de violencia de género, en perjuicio de su ex pareja, denunciados en Carlos Paz, en 2018, ante la fiscal de Competencia Múltiple del Tercer Turno, Jorgelina Gómez.
La Comisión de Enjuiciamiento está integrada por las legisladoras de Hacemos por Córdoba Julieta Rinaldi y Victoria Busso, ejerciendo la presidencia la primera; también forman parte del cuerpo la legisladora Daniela Gudiño (Juntos-UCR) y la legisladora Silvia Paleo (Juntos por el Cambio).
El restante miembro es Luis Angulo, vocal del Tribunal Superior de Justicia. Angulo reemplaza a Aída Tarditti, que decidió apartarse por su vínculo con José Cafferata Nores, uno de los defensores del juez Flores.
El juez fue denunciado por supuesto mal desempeño y otros delitos penales. En el primer caso, la defensa objeta la figura, por cuanto no existe contra el funcionario judicial ninguna denuncia referida a su actuación como magistrado. Sí está el requerimiento del juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, quién solicitó el elevamiento de la causa a juicio tras la instrucción de la fiscal Gomez, y después haber sido rechazados los recursos defensivos anta la Cámara de Acusación y Tribunal Superior de Justicia.
En esta causa Francisco Martín Flores está acusado de graves delitos, como privación ilegítima de la libertad personal calificada, lesiones graves calificadas y abuso sexual con acceso carnal.
Para llevar adelante el juicio, es necesario el allanamiento de la inmunidad como juez, algo que solamente se dará si el fallo del jury es “destitución” o “suspensión”.
En las audiencias, en tanto se ventilan cuestiones de índole privada, le fue vedada la presencia a medios de prensa.
Los graves cargos contra el juez Flores, tomaron estado público cuando su ex pareja realizó la denuncia mediática, con el previsible impacto del relato de la mujer ante las cámaras de televisión. Poco tiempo antes, en noviembre de 2018, el juez había presentado una denuncia contra ella por lesiones, amenazas y extorsiones, a lo que después se agregó el “incumplimiento de la restricción de acercamiento” que se le había impuesto en una de las causas.
Las denuncias de Flores están radicadas en el Fuero de Familia y en el Fuero de Violencia, entre 2018 y 2022. Y están abiertas causas penales por denuncias en esos mismos años.
Según pudo confirmar La Nueva Mañana, Francisco Martín Flores logró la guarda de sus dos hijos menores. La disposición judicial data de octubre de 2022, y los fundamentos fueron “omisión de la madre de llevar a los menores a la escuela y maltratos”.
Es más: en la Justicia hay una denuncia contra la mujer por estafa y lesiones leves, presentada por su actual pareja; y entre los testimonios que receptó el Jurado de Enjuiciamiento, está el de Mónica Bustamante, madre de la ex esposa de Flores, que se desdijo de su declaración ante la fiscal Jorgelina Gómez –muy perjudiciales contra el juez-, afirmando ahora, y a sabiendas que enfrentará una denuncia por falso testimonio, que no le consta que su hija no haya recibido la cuota correspondiente y menos que Flores sea una persona impulsiva y violenta.
El fin del juicio político es el pedido de allanamiento de la inmunidad con que cuenta el juez Flores. Las tres alternativas del jury son fallar por la destitución, por la suspensión o por la absolución.
Una curiosidad: no hay antecedentes en Córdoba de “suspensión”, aunque es regular la figura en otros distritos, incluso en el Consejo de la Magistratura (la semana pasada susependió al juez federal con competencia electoral de Mendoza, Walter Bento).
De todas maneras, la defensa planteó una controversia en cuanto a la interpretación de la Constitución reformada en 2001 en la Provincia, respecto a la inmunidad de los legisladores y de los funcionarios judiciales. Se presentó el pedido de inconstitucionalidad, argumentando que la inmunidad de proceso no existe, y que el juez Flores podría ir a juicio sin necesidad de allanar ninguna inmunidad. Además de la inconstitucionalidad de la causal de posible comisión de delito, por cuanto no solo viola el principio de inocencia, sino también la garantía de igualdad, ya que los jueces del TSJ, los legisladores o el gobernador, necesitan condena firme para ir a juicio y recién con esa condena pueden ser destituidos.
Así, la defensa considera que se trata de “una arbitrariedad en este caso”, en tanto los magistrados tienen exigencias de conducta superiores que la de los jueces inferiores.
En las “causas satélites" que fueron consideradas no suficientemente valoradas, la defensa expuso durante el proceso que, a partir de las denuncias del propio juez Francisco Martín Flores por violencia y extorsión, hubo pedidos de la Justicia de pericias psiquiátricas.
Según pudo conocer este medio, las pericias fueron “contundentes” a favor de Flores. Se trató de cuatro en el Fuero de Violencia y tres en el Penal. Los informes coinciden en que Flores “no tiene perfil de persona violenta, mentirosa, fabuladora o psicópata, que no es agresivo y no presenta perfil de resolver las cuestiones de manera violenta”.
La mujer concurrió a las pericias después de haber sido citada en múltiples ocasiones. Participó de dos pericias, que concluyeron en que posee una personalidad impulsiva, “con tendencia a la amenaza y paso al acto”.
Finalmente, otra prueba que se busca sea contemplada, es que el acusado posee la guarda de sus dos hijos menores, a partir de una sentencia de octubre de 2022.
El condicionamiento de la Justicia ante acusaciones tan sensibles, vinculadas a la violencia de género, es una realidad. En particular ante recurrentes hechos donde no actuó adecuadamente para prevenir situaciones de violencia o en el peor de los casos un femicidio.
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