Así lo indica un informe de la asociación civil “Juntas por el derecho a la ciudad”. “Muchas familias han bajado su calidad de vida para poder pagar el alquiler”, manifestó Agustina Tissera.
Ed Impresa28/04/2023 Aldana Varas
Especial para La Nueva Mañana
La dificultad para acceder a una vivienda en Argentina es una problemática que no cesa en su reclamo y poca resolución parece avizorar a corto plazo. La falta de propiedades para alquilar y el alto valor del precio de los mismos son una preocupación general para gran parte de la sociedad. Ahora bien, actualmente ¿cómo se la rebuscan los cordobeses para acceder a una vivienda en alquiler?, ¿cómo influye el costo del mismo en la economía personal y cuáles son los sectores más afectados?
El alquiler es en la gran mayoría de los casos la única posibilidad para acceder a una vivienda. En este punto, elegir dónde vivir según nuestras necesidades es casi una utopía. Alquilamos lo que podemos según nuestros ingresos. Juntas por el derecho a la ciudad es una Asociación Civil de Córdoba conformada en 2018 por profesionales de diferentes disciplinas que abordan el urbanismo desde una perspectiva de género y por el derecho a la ciudad. Hace unos días compartieron una recopilación de datos acerca de cuánto de nuestros ingresos destinamos al pago del alquiler y cómo afecta este en la economía personal.
Según los datos brindados por ONU hábitat, la vivienda es asequible si se destina menos del 30% de los ingresos a ella. Sin embargo, esta situación no es real para el bolsillo de muchos argentinos. “El 63% de las familias que alquilan se encuentran endeudadas y la mayoría es por pagar el alquiler porque estos están llegando al 50% de los ingresos”, explicó Agustina Tissera a La Nueva Mañana, arquitecta e integrante de Juntas por el derecho a la ciudad. El alto costo que representa alquilar en los hogares crea además una dificultad en la distribución del ingreso mensual. Muchas familias han bajado la calidad de vida para pagar el alquiler. “Se endeudan y dejan de pagar otras necesidades básicas como obra social para costear el alquiler”, agregó.
En todo este escenario de complejidad, la asociación explica que la situación es mucho más grave en hogares monomarentales o de disidencias sexuales. Si elles son sustento familiar, existe mayor posibilidad de endeudamiento, menos capacidad de ahorro y de acceso al mercado formal.
“Según la encuesta permanente de hogares demostró que en Córdoba los hogares monoparentales y con jefatura femenina aumentaron. Pero sigue existiendo una brecha del 25% entre los sueldos de hombres y mujeres. Las mujeres ganan menos, hay mayor desocupación e informalidad y al mismo tiempo continúa creciendo esta jefatura femenina”. Por otro lado, para las disidencias sexuales quienes están expuestas a situaciones de vulnerabilidad social y económica, acceder a un trabajo formal y por ende a una vivienda es muy difícil.
Según los datos provisionales del censo 2022 en Córdoba hay 1 vivienda cada 2,5 personas. Es decir, el problema sería de acceso a la vivienda y no de déficit habitacional. Pero aquí va un apartado importante para entender los puntos centrales de la problemática: La especulación. “Hay muy poca oferta para alquilar. Después de la crisis del 2001 la vivienda pasó a ser objeto de la especulación financiera. Los desarrolladores pueden tener un montón de viviendas sin alquilar y a ellos no les cambia nada porque lo ven como inversión. Las mantienen sin alquilarlas y especulan según la demanda”, relató la arquitecta. A esto se le suma la modalidad de renta temporaria “Airbnb” que ofrece ofertas de alojamientos a particulares y turísticos. “Acá alquilan a precio dólar, por eso les conviene a ellos usar este formato. No les interesa ponerlos en contratos de tres años”, dijo Agustina Tissera.
La ley de alquileres sigue vigente aunque muchos medios y referentes la revoquen en medio de toda esta discusión. Maximiliano Vittar, de la asociación de inquilinos Córdoba, explicó en una entrevista con Radio Nacional Córdoba que “esto ha generado una incertidumbre y una complejidad muy fuerte en el momento de alquilar. Todo este debate afecta a un sector que claramente está golpeado hoy en la Argentina. El Estado busca engordar el bolsillo de los propietarios. Hablan en voz de los inquilinos pero benefician a otros”. “Quieren reducir este problema integral, profundo e histórico de la Argentina en la modificación de dos artículos de una ley que tiene menos de tres años. Hoy el problema que hay para alquilar es una ley que su primer contrato todavía no se ha vencido”, argumentó el referente de inquilinos.
Lo que plantean las inmobiliarias o la derogación de esta ley es -en un contexto inflacionario del 100% interanual- la posibilidad de sentarnos a dialogar en igualdad de condiciones con el propietario.
Cae, sin dudas, toda responsabilidad en el Estado. La falta de control deja servida en bandeja la especulación de grandes propietarios y desarrollistas que poco parecen ceder sus lógicas de mercado. Una vivienda pública de alquiler o subsidio, impuesto a la vivienda ociosa o subsidios a los alquileres son algunas ideas que plantean desde la asociación Juntas. “Por ejemplo, que el Estado ponga en alquiler viviendas generaría competencia a las inmobiliarias”, manifestó Agustina.
Vittar explicó que ellos plantearon que el ajuste del alquiler sea acorde a los salarios pero “esto en el Congreso no salió”. Expuso también que no hay control en el cumplimiento de la ley. Por su parte, la arquitecta concluyó: “Socialmente tenemos que exigirle al Estado que marque las reglas para que se cumpla nuestro derecho de acceder a una vivienda digna y asequible”.
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