Redacción La Nueva Mañana
El Gobierno peruano decretó el estado de emergencia en todo el país por 30 días, en un intento por contener las protestas que estallaron en todo el territorio tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo a partir de su decisión de disolver el Congreso.
"Con esta medida buscamos garantizar el orden, la continuidad de actividades económicas y la protección de millones de familias", señaló ayer el ministro de Defensa, Alberto Otárola, al declarar el estado de emergencia, que permite restringir el derecho a la movilización y desplegar al Ejército y la Policía.
El estado de emergencia está contenido en el artículo número 137 de la Constitución peruana, que distingue entre dos estados de excepción que el presidente, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar "por un plazo determinado" en todo el territorio o en una parte de él.
Según dicho artículo, puede decretarse estado de emergencia en caso de "perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación", mientras que "en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan" se debe recurrir al estado de sitio.
En el primer caso, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, mientras que en el segundo caso deben especificarse "los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende".
El plazo del estado de emergencia no puede exceder de 60 días y las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente.
Bajo estado de sitio el plazo no puede ser mayor a 45 días y el Congreso mantiene su derecho a reunirse y es el señalado para aprobar una eventual prórroga de la excepción. En cambio, bajo estado de emergencia la renovación del plazo es por decreto.
Al hacer el anuncia de la medida, Otárola explicó ayer que esta "no impide la realización de eventos, reuniones, fiestas, conciertos o actividades comerciales".
"El país debe seguir adelante, especialmente porque miles de familias emprendedoras cuentan con los ingresos de la campaña navideña", apuntó.
El estado de emergencia fue adoptado por el Gobierno de Dina Boluarte después de que las protestas se tornaron violentas, con tomas de rutas y aeropuertos que dejaron un saldo de al menos nueve muertos y unos 200 heridos en una semana.
Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras la destitución de Castillo y su detención el miércoles pasado.
Si bien al principio aseguró que gobernaría hasta el fin del mandato previsto de Castillo, en julio de 2026, la ola de manifestaciones la obligó a proponer un adelanto de los comicios primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023.
El Congreso se reunirá hoy en pleno para debatir la propuesta de ir a las urnas a fines del año próximo.
Fuente: Télam
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