Redacción La NUEVA Mañana
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, instaló un “gabinete de crisis” con el objeto de “promover la paz social” en el contexto de las protestas iniciadas hace seis días tras la destitución del entonces mandatario Pedro Castillo, y no descartaba decretar para todo el país el estado de sitio que ya regía en la región de Apurímac y este martes se extendió a la de Arequipa, informó la prensa local.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo aclaró que en el contexto de esas protestas murieron seis personas y no siete, como había reportado la noche del lunes, y la Corte Suprema ratificó la prisión preventiva hasta el miércoles de Castillo, quien convocó a una manifestación frente al lugar donde está detenido para el momento en que salga de allí.
Boluarte precisó que el gabinete de crisis está integrado por el primer ministro, Pedro Angulo; los ministros de Interior, de Defensa, de Transportes y Comunicaciones y de Desarrollo e Inclusión Social, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La mandataria anticipó que junto a esos funcionarios y a los miembros de los estados mayores de las Fuerzas Armadas evaluaría esta tarde “la instalación del estado de emergencia a nivel nacional”, aunque aclaró que esperaba que no hiciera falta “llegar a estos extremos”, según la agencia de noticias Andina.
La jefa del Estado decretó el lunes el estado de emergencia (sitio) por 60 días en el departamento Apurímac -donde se registraron cinco de las seis víctimas fatales- y hoy lo extendió a la región de Arequipa, en este caso por 30 días, anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
El estado de emergencia implica la suspensión de garantías constitucionales tales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
Asimismo, Boluarte adelantó que este martes se reuniría el Consejo de Estado, un organismo no oficial pero usual en el país, que nuclea a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las de los organismos autónomos tales como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General, entre otros.
El ministro del Interior, César Cervantes, dijo anoche que se debía “evaluar” la “presencia física” de las Fuerzas Armadas en la contención de los disturbios.
Legisladores del partido gobernante Perú Libre (PL) y de fuerzas aliadas presentaron este m artes al Congreso un pedido de interpelación a Cervantes, con el propósito de que responda sobre "la represión policial" de las protestas y las muertes ocurridas en ellas.
Por otra parte, el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Oscar Arriola, aseguró que miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef, considerado una organización de fachada de Sendero Luminoso) tenían “una actividad incesante” en las manifestaciones.
Las protestas se mantenían este martes en gran parte del país, incluida Lima, donde la PNP desplegó más de 5.000 efectivos solo para custodiar el centro histórico de la ciudad, informó el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabria, quien además reportó 32 agentes heridos y 11 manifestantes detenidos en la capital.
Fuente: Télam
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