Continúa la conmoción por las filtraciones de chats escandalosos, la lectura del veredicto de la causa Vialidad y el anuncio de CFK asegurando que no será candidata en 2023.
Ed Impresa 08/12/2022 Flavio Colazo
Especial para La Nueva Mañana
“Ya no podemos dar por sentada la democracia”. Joe Biden, presidente de los EE.UU.
La extrema gravedad de los acontecimientos de esta semana –chats filtrados, veredicto de la causa Vialidad y renuncia de CFK a cualquier candidatura para el año 2023- hacen que las consecuencias político/sociales que puedan desencadenar los mismos resulten impredecibles y preocupantes para la estabilidad institucional en Argentina.
Un entramado mafioso de gigantesca envergadura salió a la luz esta semana. En dichas filtraciones se asiste a una serie de maniobras delictivas -una más grave que otra- que van desde el fraguado de pruebas hasta la orquestación de una posible plan de ataque a la seguridad física y psicológica de un funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Lo más preocupante y peligroso en extremo del caso son ciertos actores involucrados: algunos jueces de las más altas e importantes esferas del Poder Judicial. Los chats descubiertos -más los posiblemente ocultos que podrían salir a la luz en cualquier momento- hacen que toda la institución judicial sufra un desprestigio aun mayor del que ya tiene (en todas las encuestas es el poder con peor imagen y percibido como de menor confiabilidad).
Sapientes de que el peronismo -que conduce Cristina Fernández- es el último e infranqueable murallón que podría impedir en 2024 la irrupción y el avance de las huestes devastadoras neoliberales -conformadas por hordas saqueadoras inescrupulosas e impiadosas- hacia el interior de la institucionalidad argentina el poder real decidió no postergar más allá de este año el asedio y el ataque final sobre la mayor dirigente política del país. Así comenzó una serie de maniobras de pinzas desde el Poder Judicial (avanzando en causas aletargadas y reviviendo expedientes “muertos”, por ejemplo), desde el incesante asedio mediático (culpabilizándola de cualquier cosa literalmente) y desde el ataque físico sobre su persona (organizando un apedreo a su despacho en el senado, vallando su domicilio y/o asediando su casa con un desproporcionado número de tropas de asalto, y llegando finalmente a intentar asesinarla. De este modo el poder real –grupos económicos, grupos de medios de comunicación, Poder Judicial- formó un dique de contención contra la voluntad popular de brindar apoyo constante y voluminoso a la persona que encarna los ideales que pretenden alcanzar.
Tomando el nombre de un cérvido patagónico así se autodenomina el grupo de Telegram de quienes asistieron a la “reunión secreta” en Lago Escondido (propiedad del británico Joe Lewis, quien tiene secuestrado el lago cordillerano que da nombre a su estancia, y es íntimo amigo de Mauricio Macri). Está conformado por Pablo Cassey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarin -sobrino de Héctor Magnetto-; el CEO del Grupo Clarín Jorge Rendo; el ex jefe de Legales en la SIDE, Tomás Reinke; el ex agente de la SIDE, Leo Bergot; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; y los jueces Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials.
Tras la lectura del veredicto, Cristina Fernández expuso desde su despacho en el Senado y detalló un perverso mecanismo que ha logrado poner en estado de zozobra a las instituciones básicas de la democracia. Ese mecanismo no solo logró que los jueces a cargo de la causa formularan un veredicto absurdo, carente de toda lógica judicial pero apto para proscribir su participación en política (tal lo hicieran antes con Perón). Un mecanismo que, en contraposición, encubre y da impunidad a sus servidores más aplicados, útiles y sumisos. Cristina Fernández se ha ocupado de mostrar cómo todas las causas que involucran a Macri -o funcionarios de su administración entre 2015-2019- son rápidamente resueltas con sobreseimientos o exculpaciones, cuando no son directamente desestimadas.
Estado paralelo, así definió la vicepresidenta al mecanismo que está funcionando y tomando las decisiones fundamentales de nuestro Estado/Nación, y definió al grupo que se reuniera en Lago Escondido como: las nuevas juntas gubernamentales -que reemplazan a las antiguas juntas militares- Este tipo de reuniones resultan muy del tipo de las que se puede asistir en películas clásicas de mafia como “El Padrino” o “Escobar, la traición”. También de características mafiosas -señaló la vicepresidenta- son las conversaciones acerca de los posibles castigos para el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (un juez habla de armarle una causa, D’Alessandro habla de cargarlo en un patrullero y hacerlo cagar, Cassey -del Grupo Clarín- de hacerle una notita con alguna info que le hagan llegar). En fin, todo lo revelado en los mensajes del grupo Huemules habla de maniobras políticas aberrantes por parte de funcionarios políticos de la oposición, de corrupción judicial y complicidad mediática para satisfacer los deseos de los grupos poderosos sin importarles destrozar al Estado argentino para alcanzar dichos fines.
Tres estándares son los que se requieren periodísticamente para publicar filtraciones: que sean reales –no fraguadas-, que sean de funcionarios públicos, y que demuestren que se está –o estuvo- llevado a cabo un delito. Bajo estos estándares fueros publicados, entre otros casos, los WikiLeaks, y/o los mensajes de Telegram que obligaron a rever la condena a Lula en Brasil entre el juez Moro (quien encarceló a Lula) y el fiscal de la causa. En el caso de las filtraciones que involucran a quienes se reunieron –especialmente los jueces- en la mansión de Lewis hay que aclarar que cumplimentan sobradamente los estándares éticos del periodismo para ser publicadas. Vale recordar que medios hoy escandalizados años atrás difundieron sin reparo escuchas ilegales realizadas en cárceles, o conversaciones privadas carentes de materia sobre delito alguno.
De la recuperación de la democracia a la fecha, se sabe que la argentina no es una sociedad que permanezca pasiva ante el ataque a sus instituciones. A la hora de sentir que sus instituciones son atacadas - y especialmente la democracia-. Ante estos hechos recientes, la primera reacción social de la gran masa peronista del pueblo fue la de sofrenar los ímpetus y mantenerse a la espera de las palabras de Cristina Fernández. La segunda reacción -ante su anuncio de eludir cualquier candidatura posible para 2023- fue de estupefacción. Ahora resta esperar qué decisiones se vayan tomando al transcurrir de las semanas y los meses -hasta que dé inicio la campaña electoral- en relación a la podredumbre judicial (expuesta en el escándalo de los Huemules) y ante los ataques hacia Cristina Fernández; ella explicitó que pueden llegar a intentar matarla nuevamente. Quizás asistamos a una pasividad pusilánime que la deje librada su suerte, o quizá veamos reacciones masivas como las que en su momento tuvieron lugar al intentar -la administración nacional anterior a la actual en connivencia con el poder judicial- aplicar la condonación penal del 2 x 1 para los criminales de lesa humanidad. Aquella vez, la reacción popular obligó a dar marcha atrás.
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