En 2017, Dique Chico logró a fuerza del reclamo de un grupo de vecinos una ordenanza que limita la aplicación de agrotóxicos. Un pedido similar comenzó a gestarse recientemente en la localidad de Canals.
Córdoba 26/12/2017 Gabriela Yalangozian
Por: Gabriela Yalangozian
En materia ambiental, el año 2017 dejó varios frentes abiertos. Desde la lucha de nuevos pueblos que exigen ser libres de agroquímicos, pasando por los vecinos que esperan por meses la resolución de la Justicia como es el caso de los vecinos de la planta de bioetanol Porta Hnos. o del colectivo Santa María sin Basura que resisten la instalación del megabasural de Cormecor.
Pero también hubo importantes avances. La confirmación de la sentencia en el primer juicio contra los agrotóxicos por parte de la Corte Suprema de Justicia fue sin dudas uno de ellos. Eso más allá de que las madres de barrio Ituzaingó Anexo siguen aguardando que se fije fecha para el juicio de la causa “madre” a 15 años de su denuncia.
Cabe destacar además la lucha de la Asamblea en Defensa del Ambiente que, a fuerza de visibilizar su postura y movilizándose en toda la provincia, logró frenar el polémico proyecto de Ley de Bosques Nativos, el cual finalmente fue archivado por no haber sido tratado durante el año.
Los desafíos son muchos y así lo describió Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y miembro de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, a LA NUEVA MAÑANA.
“En lo que respecta a la agricultura tóxica en Córdoba, no hubo muchos cambios durante el 2017. Las leyes siguen siendo sin considerar el tema de los efectos de los agroquímicos en la salud y su impacto en la biodiversidad, la flora y la fauna”, reflexionó Ávila Vázquez.
En ese sentido, destacó por otro lado que cada vez se utilizan más agroquímicos y en mayores volúmenes. “En los últimos años, comparando la temporada 2015-2016, con la 2014-2015, aumentó un 17 por ciento la cantidad de agroquímicos que se usa en Córdoba y en el país. O sea que la dosis con la cual está expuesta nuestra población, se ve aumentada entre un 10 a 15 por ciento año a año. Esto no cambia y tampoco lo hacen los datos sobre el impacto que ellos tienen en la salud, en cuanto a índices de mortalidad por cáncer, las malformaciones, el hipotiroidismo o el asma; que se dan en forma generalizada en los pueblos donde se usa masivamente agrotóxicos”, evaluó.
Aun así, afirmó que la situación sigue siendo grave, lo que ha mejorado es que muchos más pueblos que han dictado sus normativas para ponerle un freno a las fumigaciones.
“Ya tenemos más de 400 pueblos en Argentina y hay cerca de 90 pueblos en Córdoba que han dictado sus ordenanzas, la mayoría de ellos a instancia de los vecinos, que se organizaron y reclamaron a las autoridades. Pero también, por las mismas autoridades que antes de que los vecinos los insten a dictar normativas de protección, por voluntad propia lo han hecho ellos. Nos hemos encontrado con muchos pueblos que ya tenían ordenanzas que prohibían fumigar o entrar con los mosquitos o tener depósitos de agrotóxicos en su ejido. Lo bueno es que crece la conciencia, crecen los reclamos y las soluciones a nivel local: como ocurrió con Dique Chico recientemente o la disputa que está muy intensamente instalada en Canals, en el sur de Córdoba”, precisó Ávila Vázquez.
Tras más de un año de reclamos de los vecinos de Dique Chico por las fumigaciones, el jefe comunal firmó meses atrás la prohibición de aplicar agrotóxicos a menos de 1.000 metros del casco urbano. La resolución comunal 242/17, que ya está vigente, crea en la localidad ubicada a 50 kilómetros de Córdoba “una zona de resguardo ambiental”, en la que está prohibido fumigar.
Así, Dique Chico se sumó a las localidades de la zona que prohíben las fumigaciones; Anisacate, por caso, lleva una década como pueblo “libre de agroquímicos”, mientras que Alta Gracia sancionó una ordenanza similar en 2012.
Otro escenario se vive en Canals, donde la lucha recién comienza. La localidad está ubicada a 64 kilómetros de Monte Maíz, donde un estudio realizado en 2014 por miembros de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) determinó que el cáncer era la principal causa de muerte.
Los habitantes de Canals se pusieron de pie para luchar y denunciaron que entre los productores que fumigan se encuentra el intendente Carlos Peiretti. Un grupo de médicos envió una carta a las autoridades municipales para reclamar, pero la respuesta del secretario de Gobierno fue que “Canals es un pueblo agrícola con glifosato y que no van a cambiar”.
Entre otra de las problemáticas ambientales que movilizaron a los cordobeses este año, Ávila Vázquez mencionó que no se logró detener el avance del desmonte.
“Lamentablemente entre los incendios provocados y los desmontes clandestinos, Córdoba sigue perdiendo miles de hectáreas de monte, bosques nativos, y arbustales, que son necesarios para la biodiversidad y nuestro ambiente. Si bien la movilización popular pudo detener la reforma de la ley de Bosques e instalar la temática en la sociedad, se sigue desmontando en forma ilegal. Lo peor es que, aun cuando la Patrulla Ambiental actúa, lamentablemente no hay reparación de esas zonas desmontadas. Nos gustaría que hubiera una ley que hiciera que donde se desmontó ilegalmente, no se pueda cultivar, sino que se obligue a reforestar esos lugares y exigir a los propietarios que cumplan con esa normativa”, manifestó el coordinador de la Red de Pueblos Fumigados.
Cabe destacar que, al cierre de esta edición, la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba convocó a una jornada para festejar que la Ley de Bosques pasó a archivo por falta de tratamiento. Y abren el desafío para que el año próximo pueda darse un proceso participativo que actualice el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de nuestra provincia.
Quedará para el año 2018 que la Justicia resuelva sobre tres temáticas ambientales de mucha repercusión este año.
Uno de ellos será que se establezca fecha para el juicio contra las fumigaciones de la llamada “causa madre” en barrio Ituzaingó Anexo. Se trata de un proceso judicial donde hay nueve imputados, dos de ellos ya condenados en el primer juicio realizado hace cinco años. Aquel que emitió un fallo inédito e histórico donde determinó que fumigar con agrotóxicos es delito y que este año la Corte Suprema de la Nación ratificó.
“Pasaron 15 años y seguimos insistiendo”, señaló Vita Ayllón una de las impulsoras de la Marcha de los Barbijos que se realiza todos los meses en Plaza San Martín.
“Termina el año sin novedades de la causa madre, y vemos que cada vez se hace más difícil. Pero nuestra lucha seguirá concientizando a los cordobeses de que sus vidas están en riesgo. Creo igual que hemos avanzado mucho en este tema ya que se sumaron muchos profesores, alumnos y algunos médicos que están investigando sobre los efectos de los agrotóxicos en las personas. Además, seguimos trabajando para presentar un proyecto de ley para los afectados ambientales, para que tengan atención médica”, comentó Ayllón.
Otros vecinos que esperan resolución de la justicia son los de barrios San Antonio e Inaudi, quienes esperan un fallo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja a 18 meses de haber presentado el amparo contra la planta de etanol de Porta Hnos.
Entre los principales puntos que reclaman figuran la inmediata erradicación de la planta manteniendo las fuentes de trabajo, remediación ambiental y reparación para los afectados.
“El 60% de los vecinos de zona sur estamos enfermos. Empieza con enfermedad respiratoria o digestiva y derivan en cáncer. El último año el 28% de los nacidos tuvieron malformaciones, mientras que la tasa de Córdoba es del 1.5%”, apuntaron.
El reclamo se exacerbó luego de la explosión en una empresa de la firma Porta Hnos. ocurrida el día 15 de noviembre en la Localidad El Manso, Santiago del Estero, donde falleció un trabajador: Pablo Miranda, de 26 años.
Por último, quienes también buscan resolución en la Justicia son los vecinos del colectivo Santa María sin Basura.
A principios de este mes debían comenzar los peritajes en la zona donde quiere colocarse el megabasural del Cormecor. Sin embargo, el proceso se suspendió por la unificación de la causa civil de Antonio Caparroz con los amparos ambientales presentados por los vecinos de Villa Parque Santa Ana, su intendente y la familia Gremo de Alto El Durazno.
“Se cumple un año de vigencia de la medida cautelar dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia en contra de Cormecor S.A. por las irregularidades en el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental y, lejos de resolverse, la causa judicial continúa sumando complejidades”, explicaron los vecinos.
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