Si bien mejoró el acceso a los medicamentos, después de dos décadas de sancionada la ley de prescripción por genéricos, sólo entre el 30 y 40 por ciento de las recetas tiene el nombre de la droga en lugar de la marca, en tanto que las diferencias de precios entre un laboratorio y otro pueden llegar hasta un 500 por ciento en un producto que tiene la misma calidad, seguridad y eficacia.
Sancionada el 28 de agosto de 2002, la Ley 25.649 llamada de "Promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico" surgió en un contexto de crisis social y económica en el que había serias dificultades en gran parte de la población para acceder a los remedios.
"En ese momento en las farmacias veíamos que había un 50 por ciento de las recetas que estaban caídas, es decir, que de la mitad de las recetas que se emitían la gente no podía comprar los medicamentos", recordó en diálogo con Télam, Rubén Sajem, presidente del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CeProFAr).
Sajem aseguró que "los medicamentos habían aumentado mucho sin control, la brecha de precios entre una marca y otra era grandísima pero los médicos recetaban exclusivamente por marca, entonces la persona que necesitaba el medicamento no podía elegir".
En ese contexto, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, impulsó una ley que tuviera como objetivo mejorar el acceso y brindar información al paciente.
"El proyecto de Ley se basó en una experiencia que habíamos hecho antes en la provincia de Buenos Aires; esto permitió que cuando pensamos la ley nacional, los medicamentos ya tenían en sus envases el nombre comercial pero también el del genérico y la implementación pudo ser inmediata", señaló González García a Télam.
En ese marco, añadió: "La Ley permitió por un lado la transparencia, que se puedan llamar a las cosas por su nombre, y por el otro al usuario poder pelear el precio porque si no tenía que pagar lo que el médico le prescribía".
González García recordó que "fue muy difícil" su sanción, pero "ganamos la batalla en la opinión pública porque se logró comprender que era una ley favorable a la gente".
La ley, que se encuentra vigente, establece que "toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/ unidad, con detalle del grado de concentración", apuntó Sajem.
Y añade que "la receta podrá indicar además del nombre genérico, el nombre o marca comercial, pero en dicho supuesto el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades".
"Al principio había sanciones previstas y mecanismos que establecían que las recetas que no se ajustaran a la prescripción por nombre genérico iban a ser declaradas no válidas y anotadas en un libro de registro, esto no se llegó a implementar", detalló Sajem.
Según su perspectiva, una vez que se reglamentó "empezó a haber movimiento y lobby de los laboratorios y se trató de desarticular para que se deje de cumplir".
"Para 2010 ya no tenía la misma adhesión por parte de los médicos, se recetaba por marca, a veces sin incluir el genérico, y las marcas no se justificaban", graficó. “En 2015 se hizo el primer relevamiento cuando estaba como ministro Daniel Gollán y se lanzó una campaña de difusión sobre el derecho de los pacientes a recibir la receta con el nombre genérico, y eso dio un nuevo impulso", completó el titular de CeProFar.
Actualmente, se estima que el cumplimiento de la prescripción por genérico ronda entre el 30 y 40 por ciento de las recetas.
Fuente: Télam (por Natalia Concina)
