La franja de ingresos medios no perdería la totalidad de la cobertura, mientras que quienes perciben la tarifa social seguirían recibiendo todo el subsidio.
Ed Impresa 21/07/2022 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
La primera etapa de la segmentación de las tarifas está en su tramo final. El martes de la semana próxima termina la fase de inscripción de los beneficiarios para no perder los subsidios o definir su situación.
De acuerdo al Decreto 322/22 que fija las pautas para la segmentación, quienes detenten un ingreso mensual superior a $350 mil perderían gradualmente el subsidio. Según prevén, la segmentación comenzaría a aplicar en el consumo de agosto, por tanto, empezaría a impactar en la boleta de septiembre para los altos ingresos.
Según estiman desde el Gobierno nacional, el 10% de los usuarios residenciales del país deberá pagar por los servicios lo que efectivamente valen, conforme el costo de producción y distribución. En Córdoba, la distribuidora de energía eléctrica estatal ,Epec, concluyó el 2021 con 997.243 clientes residenciales, según información de Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos). En efecto, de cumplirse las estimaciones de Nación, serían 99.724 los hogares cordobeses que debieran pagar el pleno de la boleta eléctrica. Por su parte, la franja de ingresos medios no perdería la totalidad de la cobertura, mientras que quienes perciben la tarifa social seguirían recibiendo todo el subsidio.
Desde el Ministerio de Energía señalan que en la actualidad el usuario paga el 30% del costo de la energía que consume, sin distinción de ingreso. Entonces sucede que una política de subsidios con espíritu progresivo, termina resultando “pro ricos”. En efecto, se subsidia tanto la poca electricidad que demanda un hogar pobre, como la energía que emplea la losa radiante o la climatización del agua de una pileta de una casa pudiente. Esta es la inequidad que pretende corregir la segmentación de las tarifas. Para lo cual la vocera presidencial Gabriela Cerruti remarcó que deben llenar la solicitud quienes “creen que pueden recibir el subsidio” por tener tarifa social o ingresos medios.
Sin embargo, hasta el momento son más de 50 mil los usuarios catalogados como ingresos altos al llenar el formulario, por tanto, dejarían de percibir la totalidad del subsidio. En Córdoba, esta situación llega a más de 4,5 mil clientes de EPEC que posiblemente se consideren merecedores de la cobertura, o de parte de ella. Esta situación pone de manifiesto un aspecto insoslayable para la política: la implementación del programa significa el malestar de muchos cuyos ingresos están por encima de la media pero que distan de “tener la vaca atada”.
Asimismo, la dilación del anuncio de la segmentación (objetivo presente en la agenda del gobierno desde su asunción) da cuenta de la dificultad de su diseño. En efecto, implementar un programa de segmentación según patrimonio para el consumo de la energía que la producen determinadas empresas, pero llega al hogar a través de otras con diferentes estructuras de costos (las distribuidoras) es complejo, según no pocos expertos. Más aún, para el director de la consultora especializada G&G Energy, Daniel Gerold, es directamente “impracticable”, según explicó en declaraciones a CNN Radio.
El problema radica en que un porcentaje importante de la población no está en condiciones de pagar el valor total de los servicios esenciales. A su vez, el Fondo Monetario exige un déficit fiscal de 2,5% del producto para este año y los principales agentes económicos también presionan para que el Gobierno equilibre sus cuentas. Consecuentemente, cualquier administración nacional que repare en ello tiene el desafío de aplicar instrumentos creativos. En cualquier esquema, los subsidios económicos son mirados con lupa, y dentro de ellos, los energéticos que representan el 80% de esa erogación.
Por el encarecimiento de la producción de energía, debido a la guerra, los recursos fiscales destinados a subsidiar luz y gas superarán los 1,5 billones. Es esta la partida de gastos corrientes más cuantiosa después de jubilaciones, pensiones y ayuda social. Según estimaciones del Ministerio de Energía, esta suma subsidia el 70% del costo de producción de la energía en el país. De lo anterior se desprende que en la medida en que los costos de producir energía aumentan o suben los subsidios (y con ello el déficit fiscal) o suben las tarifas. El Gobierno opta por una solución entremedio de ambas: reasignar subsidios, aumentar las tarifas de los altos ingresos y ahorrar recursos fiscales.
Sin embargo, el ministro de Energía dio a conocer a la prensa que con la segmentación de las tarifas obtendrían un alivio de $15 mil millones para este año y de 80 mil para el 2023. Se trata de porcentuales bajos teniendo en cuenta la cuantía de la partida presupuestaria. Es sabido que los más optimistas del Gobierno confían en que el aumento de la actividad económica termine por licuar el déficit fiscal sin hacer grandes ajustes. Pues una expansión de la economía estimula los ingresos tributarios ya que la recaudación grava la actividad. Sin embargo, la inflación junto a la escasez de dólares comienzan a ralentizar la economía y recortar las proyecciones de crecimiento del producto.
Algo parecido había experimentado el gobierno de CFK cuando a partir del 2011 decidieron acabar con el congelamiento tarifario vigente desde la crisis del 2001. Los recortes a las subvenciones se aplicaron sobre grandes empresas y residencias de barrios de alto poder adquisitivo de la CABA y countries del país. Llegó a aplicarse sobre más de 200 mil usuarios, pero los resultados no fueron los esperados. El Gobierno terminó pagando un costo político alto y los recursos fiscales ahorrados no fueron lo suficientemente significativos. Por tanto, terminaron abandonando la iniciativa.
Se trata de una medida antipática. Incluso, quienes siguen percibiendo el subsidio no lo conciben como una política en su defensa, puesto que su realidad continúa siendo igual que antes. No les modifica su ecuación. Mientras que sí lo hace en aquellos con ingresos medios y altos. En suma, se trata de una política invisible para los principales beneficiarios y hostil para los que percibirán los aumentos. Muchos la advierten como una iniciativa que no tiene nada para cosechar en términos políticos. Nada por capitalizar en el corto plazo. Por tanto, riesgosa en un contexto de inestabilidad económica.
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