Lucia Ceresole
La Comunidad Comechingona Pluma Blanca habita tierras en la zona de Candonga, en Sierras Chicas, desde hace más de 20 años. Hace algunas décadas, y tras la intervención de la Justicia, sufren hostigamiento e intentos de desalojo, iniciados por la familia Remonda que exige la propiedad de esas tierras.
Ahora, volvieron a recibir una orden de desalojo y piden su suspensión, basados en la ley 26160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
En diálogo con La Nueva Mañana, la abogada de la familia, Natalia Bilbao, explicó: “la ley establece que mientras este en trámite un relevamiento de una comunidad indígena no puede llevarse adelante los desalojos”.
Esta medida “no es solamente el desalojo de una familia pobre si no también un mensaje para con las comunidades indígenas y la violación absoluta de todas las leyes y tratados internacionales”.
El viernes 24 presentarán un escrito en el Juzgado de Jesús María, quien lleva adelante la causa, para pedir la suspensión de la medida amparados en la ley 26160 (una legislación que está demorada y en emergencia desde hace 15 años).
En este sentido, Bilbao mencionó: “El Tribunal tiene que saber que esto tiene un impacto social y tiene un costo político. No les importa que el territorio que se está disputando tiene restos arqueológicos que dan cuenta de un pasado prehispánico en este país y que en manos de particulares todo esto se pierde”.
En la zona hay canteras y se juegan proyectos inmobiliarios, amparados por una sentencia judicial que no hizo lugar a la posesión que tiene la comunidad originaria. Por eso, la abogada destacó que el desalojo “viene a consolidar toda una serie de atropellos. Entre el poder y el papel, estas comunidades pierden sus derechos”.
“Estamos en una provincia compleja, Córdoba se ha jactado de estar libre de indígenas cuando eso no es cierto”, dijo la abogada. La disgregación, la falta de empatía y autorreconocimiento son otros de los factores que “juegan en contra”.
Sobre la actuación de la Justicia, Bilbao afirmó: “Les aplicaron los criterios del derecho privado, civil, colonial y capitalista. Con esos criterios, la propiedad y derechos indígenas se desdibujan”.
