Así lo manifestó el fiscal Enrique Senestrari a la LNM. Un jurista especializado en tributo estima en más de 10 mil las empresas dedicadas a la venta de facturas falsas.
Ed Impresa 18/06/2022 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
GRANDES EVASORES
La “Megaevasión”, el “caso Wolfel” o “Lafuente Sivilotti” son algunas de las causas más resonantes que pasaron recientemente por la justicia federal cordobesa. Se trata de diferentes delitos de naturaleza tributaria denunciados, investigados, con sus responsables ya juzgados y debiendo cumplir sus respectivas condenas. Asociación ilícita, defraudación fiscal con falsificación de documentación y comercialización fraudulenta de granos son algunas de las hipótesis delictivas más recurrentes planteadas por las fiscalías. Si bien se trata de ilícitos cometidos hace algunos años, juzgados recientemente, desde tribunales advierten que son pocas las denuncias por evasión que presentó el ente recaudador en Córdoba en lo que va del año.
Según la Afip, solo contabilizando el IVA, se le filtran anualmente $1,1 billones que podrían estar en sus arcas. Tiene sentido al tratarse del principal ingreso de la estructura de recaudación tributaria. Este tributo explica el 30% de los ingresos totales del erario público, seguido por Ganancias que el 2021 aportó el 20% de los recursos tributarios. En el mismo sentido, de acuerdo a un informe de la Cepal (La Comisión Económica para América Latina y el Caribe), el incumplimiento del IVA en Argentina sería de los más elevados de la región. La recaudación que se pierde en concepto de este gravamen equivaldría al 4% del PBI, duplicando así las cifras de Uruguay y Chile.
Dicho de otro modo, la brecha entre los recursos que podrían ingresar al Estado vía IVA y lo que efectivamente se recauda -siempre según informes oficiales- llegó al 38% (del potencial) durante la pandemia. Ocho puntos porcentuales por arriba del incumplimiento promedio de los últimos años. También en los impuestos progresivos que gravan la renta y no la actividad se registran altos niveles de incumplimiento. Relevamientos de la Cepal sostienen que de acuerdo a la diferencia entre la recaudación potencial y la efectiva, la evasión del impuesto a las Ganancias sería del 49% de la recaudación potencial.
Se trata de datos claves porque las principales maniobras fraudulentas denunciadas en los juzgados federales de Córdoba tienen que ver con evasión a estos impuestos. En el “caso Wolfel”, el fiscal Carlos Gonella aclaró a La Nueva Mañana que el delito consistió en el funcionamiento de una “asociación ilícita fiscal” vinculada a la actividad cerealera que “facilitaba la evasión de otras personas”. La organización escondía a la Afip la capacidad contributiva del productor agropecuario que contrataba sus servicios espurios “para poder evadir el pago de tributos nacionales como Ganancias o IVA”.
Asimismo, mediante “documentación falsa” registraban un circuito de compraventa de granos dibujado de acuerdo a sus intereses. Esto les permitía usufructuar beneficios presentes en le Ley IVA. Por caso, como este gravamen se aplica en cada etapa del comercio (compra y venta), el contribuyente paga a Afip el 21% de sus ingresos restando el IVA que ya pagó en las compras a sus proveedores. En efecto, si se compra más de lo que vende se genera lo que se conoce como crédito fiscal en exceso. Esta organización también se encargaba de acomodar los balances con documentación falsa para generar “crédito fiscal apócrifo”. Esto esmerila la recaudación impositiva ya que el crédito fiscal puede ser deducible o reintegrable.
Esta causa volvió a resonar por estos días a raíz del robo de documentación sobre ilícitos tributarios de oficinas de Afip Córdoba. Concretamente, desaparecieron 40 mil fojas de pruebas y dos tablets con información vinculadas tres causas: Wolfel, la imputación del dueño de Agustino Cueros y la del Grupo Mengo. Frente a esto, el fiscal Carlos Gonella enfatizó que, si bien se trata de un “hecho gravísimo el faltante de documentación”, la causa en la que él intervino no se vio afectada. Al igual que en otras causas en las que participó en donde hubo complicidad dentro del organismo recaudador, Gonella sostiene que, en los robos, “del sentido común surge que hubo responsabilidad de algún funcionario de Afip”.
IVA y Ganancias también fueron los impuestos que se vieron vulnerados en la causa conocida como “Megaevasión” en donde se encontraron 20 mil facturas apócrifas, hubo 639 empresas en la mira y 50 fueron los acusados, al principio de la investigación. Además de haber “usinas de facturación trucha” que permiten a las empresas subestimar sus ganancias netas con compras que existen solo en el papel, también se los investigó por lavado de activos. Se trata de una causa juzgada en donde el fallo del juez fue apelado por el fiscal de instrucción Enrique Senestrari.
En diálogo con LNM, el fiscal federal Enrique Senestrari explicó que tanto en esta causa como en otras en las que intervino las actividades económicas involucradas son “todas”. Existe un “mercado de facturas apócrifas” que es muy extenso y está a disposición de las empresas. Por lo tanto, “no hay una actividad específica involucrada. Todo tipo de empresa se dedica a dibujar en sus operaciones fiscales gastos inexistentes mediante facturas falsas compradas a usinas”. Es una práctica ilegal común, comenta el fiscal, lo vimos en la “causa en la que está Nadin Argañaraz (NdR: se trata del director de la consultora sobre tributos IARAF) que usaba facturas falsas para vaciar a su propia empresa, liberar los fondos para vaya a saber uno que destino”.
En relación a estas maniobras, una investigación de Horacio Cardozo, profesor del posgrado en Derecho Tributario de la UBA, estima en más de 10 mil las empresas dedicadas a la venta de facturas falsas. Además, el jurista especializado en tributos señala que Afip cuenta con diferentes “sistemas de control” que debieran detectar las maniobras que erosionan la base imponible de determinados tributos. Basta con cruzar las facturas con la información de su base de datos sobre la capacidad del sujeto emisor para encontrar las irregularidades. Sin embargo, una fuente especializada consultada afirmó que “La Afip está absolutamente paralizada. Hay orden de no meterse con la evasión e ir por las moratorias, solamente”.
Es de esperar, a su vez, que el destino final de esta evasión de cabotaje sea el dólar. Mientras que la crema de estos evasores del mercado interno posiblemente transfiera al exterior el excedente. Actualmente, amparados por la opacidad que brinda el sistema financiero internacional y los débiles controles locales, se estima en más de 250 mil millones de dólares los bienes en el exterior no declarados por argentinos. Asimismo, las principales vías de evasión de divisas están ligadas al comercio exterior y la “triangulación” de operaciones mediante guaridas fiscales, según los autores de un informe titulado Fuga de Capitales III.
A todo esto, dos de las medidas con que el gobierno nacional busca reconquistar a su electorado más progresista tienen al ente recaudador como ariete principal. Se trata de iniciativas que pretenden una distribución del ingreso más justa. Medidas que apuntan a aumentar la presión impositiva sobre quienes tienen mayor capacidad contributiva para financiar una política fiscal más expansiva sin necesidad de emitir. Así, “Pagarle al Fondo con los dólares de la fuga”, como sostienen senadores cercanos a la vicepresidenta, y gravar la “renta inesperada”, son medidas que, de ser aprobadas por el Congreso, requieren de un funcionamiento aceitado de Afip. Condición que hoy, evidentemente, la entidad recaudadora carece.
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