Redacción La Nueva Mañana
Este viernes por la tarde, personas usuarias de salud mental, familiares, trabajadoras y trabajadores, organizaciones sociales, comunitarias y barriales se movilizaron en la Capital provincial, en el marco de la 13a. Marcha por el Derecho a la Salud Mental, para visibilizar la situación crítica del sistema a nivel local - en un contexto de ajuste-, demandar el cumplimiento efectivo de la Ley 26.657 y cuestionar la "ofensiva regresiva" del Gobierno nacional, que persigue una "restauración manicomial".
"La Salud Mental está que arde" rezaba el lema de la manifestación, que se extendió entre la esquina de Colón y General Paz y el Patio Olmos, en un recorrido que contó con diversas postas, que exhibieron los reclamos del colectivo, con diversas intervenciones artísticas.
"Arde el malestar que no encuentra escucha. Arde la sobrecarga de quienes cuidan y ponen el cuerpo. Arde la precariedad de quienes trabajan sin condiciones dignas. Arde la violencia del ajuste", denunciaba la convocatoria, cuestionando la "restauración manicomial" que impulsa el Gobierno nacional con su "ofensiva regresiva" contra la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.
Desde la organización de la Marcha advirtieron que la administración de Javier Milei pretende hacer "retroceder décadas de conquistas democráticas" y puntualiza que "bajo el discurso de la eficiencia y la seguridad, buscan reinstalar el paradigma del encierro": flexibilizando las internaciones involuntarias, rehabilitando las instituciones monovalentes y convirtiendo a la salud mental en un negocio o en un asunto policial.
Asimismo, destacaron que la Ley Nacional de Salud Mental "puso en el centro los derechos humanos, la interdisciplina, la atención en la comunidad y la voz protagónica de las personas usuarias"; y subrayó que si algo falló, tiene más que ver con los "gobiernos que se niegan a implementarla y la desfinancian".
Y en contraste con la retórica "libertaria", plantearon que "los problemas de la salud mental no se resuelven quitando derechos", sino "garantizando recursos, dispositivos sustitutivos y vidas dignas".
Finalmente, alertando que en esta puja por la Ley de Salud Mental no está interesado solo el Gobierno, sino también "actores con intereses y posiciones diferentes frente a la reforma"; sentenciaron que "la defensa de la Ley 26.657 es también una disputa por el modelo de atención y por el carácter público de la salud mental".
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