Colombia: la Justicia ordenó un debate presidencial antes del balotaje

Obligan a ambos aspirantes presidenciales a que en 48 horas lo programen de manera conjunta en el sistema de medios públicos.

Mundo15/06/2022Redacción La Nueva MañanaRedacción La Nueva Mañana
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Elecciones en Colombia

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta de las elecciones colombianas el próximo domingo, a participar a más tardar este jueves de un debate, a realizarse en un medio de comunicación.

El fallo divulgado obliga a ambos aspirantes a "que, dentro del término de 48 horas, soliciten y programen de manera conjunta, a más tardar el día jueves 16 de junio de 2022, la realización de un debate presidencial" en el sistema de medios públicos.

El tribunal tomó la decisión tras evaluar un recurso de protección interpuesto por un grupo de abogados que exige a Hernández consensuar un encuentro con el senador Petro.

Los debates son "un derecho del candidato para exponer sus ideas, pero al mismo tiempo un deber frente al conglomerado social", agrega el documento del tribunal.

Tras conseguir la segunda mejor votación en la primera vuelta del 29 de mayo, Hernández, exalcalde de Bucaramanga (2016-2019), declinó su participación en los cara a cara por considerarlos "polarizantes y de odio".

Desde entonces, expone sus propuestas en redes sociales, la tribuna central de su campaña, pese a las invitaciones de Petro a medirse en un debate. En la misma red social, Petro dijo estar "listo" para cumplir la orden. Hernández no se pronunció.

Mauricio Urquijo, uno de los abogados firmantes de la acción popular, subrayó que la orden es "ineludible", informó la agencia de noticias AFP. Los candidatos pueden interponer "un recurso que se llama impugnación, pero que no tiene la capacidad jurídica de suspender la decisión", agregó.

Si alguno de los implicados la desatiende podría incurrir en "desacato", con sanciones que llegan "hasta la privación de la libertad e inclusive en la posible comisión de un delito que se llama fraude a resolución judicial", agregó Urquijo.

Fuente: Télam

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