Allanaron la casa de la periodista Manuela Calvo y secuestraron sus elementos de trabajo "para impedir" difusión del caso de abuso infantil.
País 05/06/2022
Redacción La NUEVA Mañana
El domicilio de una periodista de La Rioja fue allanado este domingo y durante el operativo se le secuestraron todos sus elementos de trabajo para “impedir que se refiera al caso Arcoíris”, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 6 años por parte de su abuelo paterno, informó la Red de Comunicadoras de esa provincia.
La orden contra la periodista Manuela Calvo fue emitida por la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, bajo la carátula “desobediencia a la autoridad”.
Torres autorizó el secuestro de “todo dispositivo electrónico que se encuentre en poder de la denunciada como así también todo documento relacionado (o se mencione en forma expresa) a la niña Arcoíris”.
La Red de Comunicadoras de La Rioja repudió y alertó “sobre el grave accionar de la Justicia riojana en contra de la libertad de expresión y de prensa”.
“Cabe recordar que la comunicadora Manuela Calvo ya había sido intimada hace 2 meses por la Justicia riojana para que no se pronuncie sobre el caso Arcoíris, y en un claro hecho de censura previa prohibió el estreno de un corto ficcional que hablaba, en general, de casos de abuso sexual infantil y las revinculaciones forzosas con los denunciados”, señalaron en un comunicado.
Agregaron que “nuevamente y acudiendo a un extremo recurso judicial como el allanamiento y secuestro de los materiales de trabajo, la justicia riojana intenta prohibir la difusión de información y acallar todo lo referido un caso emblemático en nuestra provincia que, desde hace tres años los movimientos, organizaciones y medios feministas vienen denunciando por vulnerar el derecho de las infancias”.
“También advertimos la llamativa, y muy poco común, premura de la justicia de La Rioja para actuar y ordenar un allanamiento (un domingo por la mañana) en la casa de una comunicadora que viene reflejando el caso al igual que muchas otras en la provincia”.
La Red exigió “la urgente intervención de autoridades y organismos provinciales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos para proteger el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística en todas sus formas”.
Que se “devuelva en las mismas condiciones que fueron retirados, todo lo secuestrado ya que se trata de las herramientas de trabajo de la comunicadora”.
Además, “el cese de la persecución judicial riojana a comunicadoras feministas que vienen reflejando en sus agendas y en los medios la vulneración a las infancias” y de las “violencias que vienen sufriendo por este caso la madre de la menor, las abogadas, las comunicadoras y todas las personas que se pronuncian sobre el tema”.
Por su parte, el secretario de la Defensoría del Público, Pascual Calicchio, escribió en su Twitter: "URGENTE: hace algunas horas allanan la casa de la comunicadora riojana @lamanuc y se llevan sus herramientas de trabajo” y recordó que “Manuela es parte del movimiento #NiUnaMenos en La Rioja y viene siguiendo el caso conocido como ‘Caso Arcoíris’”.
En tanto, la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja expresó en Twitter "su solidaridad con la comunicadora Manuela Calvo" porque "este domingo su domicilio fue allanado por orden de la jueza de Instrucción del Juzgado de Violencia de Género N° 1, María Eugenia Torres".
La madre de la menor había presentado "medidas cautelares" para proteger a la niña y relató que “vio al abuelo paterno" aunque pesa sobre él una "prohibición judicial".
Más de quinientas personalidades y organizaciones de todo el país habían lanzado una campaña para solicitar al Poder Judicial riojano que proteja a la niña, conocida con el nombre ficticio de Arcoíris, luego de que el caso se difundiera por los medios.
En 2018, la mamá de Arcoiris denunció ante la justicia riojana que su hija fue abusada por su abuelo paterno cuando tenía 2 años. Desde entonces, y en base a lo relatado por la niña, asentó cuatro denuncias más.
En instancia de Cámara Gesell, se llegó a la conclusión de la existencia de indicios claros de abuso sexual infantil (ASI). En Cámara Gesell, la niña, también declaró más de 10 veces que quiere vivir con su mamá.
Las pericias están constatadas por el Hospital Materno Infantil de la ciudad de La Rioja, que dan cuenta de los abusos.
Recientemente la niña expresó que nuevamente fue víctima de abusos en una de sus visitas al domicilio paterno, hecho que fue avalado por la Policía Técnica Judicial de esa provincia.
En medio de esta grave situación, la madre de la pequeña fue obligada judicialmente a entregar a su hija a la familia del abusador el 27 de abril. Al negarse, la Justicia emitió una orden de detención por desobediencia a la autoridad, por lo que su abogada defensora, Élida Barrera, presentó una eximición de prisión ante el Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores.
A nivel nacional, se suman las muestras de solidaridad a la periodista y el repudio al violento accionar en su contra.
El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), por caso, emitió un comunicado, en el que manifiesta "apoyo total a Manuela Calvo y advertimos sobre la gravedad constitucional que implica atentar contra la libertad de expresión y/o de prensa en plena democracia".
Asimismo, sienta posición sobre la actuación del Poder Judicial en este caso, enmarcándolo en el contexto de un sistema judicial que opera sin perspectiva de género: "La Justicia no puede ser utilizada para intentar acallar las voces que velan por el cumplimiento de los derechos de las personas y especialmente, como en el caso de Arcoiris, de las infancias. La persecución judicial contra la compañera Calvo no es un hecho aislado, por el contrario forma parte de una forma de operar del sistema judicial que incumple su obligación de aplicar la perspectiva de género y que abusa de sus herramientas para beneficiar y perpetuar el patriarcado".
Ante una situación de violencia o abuso sexual infantil no dudes en llamar y denunciar al 0800-222-1717
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