El presidente Alberto Fernández recibió este jueves, en Casa Rosada, el anteproyecto de ley que tipifica la compra-venta y la adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes, y lo incorpora al Código Penal.
El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Martín Soria, y los secretarios, de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; además de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla Falcón, entre otras autoridades.
La sanción del proyecto permitirá adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales y dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH que condenó a la Argentina en el caso “Fornerón e hija” en el año 2012.
Hace 10 años, el 27 de abril del 2012, la Corte condenó a la Argentina y declaró que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia de Fornerón y de su hija.
En su fallo, el organismo multilateral le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la adopción ilegal o la venta de niños y niñas “constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.
El Presidente recibió el anteproyecto de ley elaborado en conjunto entre funcionarios del Gobierno nacional, legisladores y organismos de derechos humanos. Participaron en la redacción del mismo el propio Fornerón, la CIDH, las comisiones de legislación penal de ambas Cámaras del Congreso, presididas por el senador Oscar Parrilli y la diputada Carolina Gaillard, el Comité Consultivo del Registro de Adoptantes, la secretaría de DDHH, UNICEF, Abuelas de Plaza de Mayo, el Ministerio Público, la Defensora de los niños, niñas y adolescentes y la SENNAF.
La Asociación de Abuelas de Plaza Mayo revisó el trabajo para que no colisione con el delito de apropiación ilegal de niños perpetrado por la última dictadura.
Estuvieron presentes en el encuentro además la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panzi, y el secretario adjunto de la Corte Interamericana, Jorge Humberto Mesa Flores.
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