Algo se mueve en una dirigencia, que comienza a ponerse al frente de las movilizaciones. No persiguen el objetivo de fracturar a la CGT, sino de empujar con su coherencia y su decisión para que cumpla con su compromiso con los trabajadores.
Opinión 01/12/2017 Luis Rodeiro
Las reformas fiscal, previsional y laboral serán la mejor prueba para saber dónde está parado el movimiento nacional y popular, especialmente el peronismo y lo que puede ser su futuro, por ahora difuso y fragmentado.
Los proyectos de reforma son la exteriorización del núcleo central de la alternativa neoliberal que se intenta consolidar, a partir del triunfo electoral. Es un ajuste profundo que es concebido como la base para un país excluyente en construcción.
Los proyectos están concatenados, son complementarios, se sostienen unos con otros. Afectan no sólo a los jubilados, a los trabajadores formales e informarles, sino que unidos al “sinceramiento” de las tarifas, el endeudamiento externo, la inflación que no se detiene, afectarán más temprano que tarde a amplios sectores de la clase media.
A efectos tácticos se presentan como reformas paralelas, negociable con distintos sectores: los gobernadores y la dirigencia gremial, como si se tratara de propuestas distintas que solo incuben a esos sectores. En todos los casos con objetivos de máxima que si pasan, pasan; pero dispuestos a bajar algunos para demostrar la disposición al diálogo y reservándose lo considerado irrenunciable. Táctica perspicaz que les permite tanto a los gobernadores, como a los dirigentes sindicales proclives a los cambios amarillos, mostrar lo que “arrancaron” al gobierno, como un triunfo y ratificar su supuesto apego a la cacareada “gobernabilidad”. Puro juego de fantasía.
Los gobernadores con la pancarta que “defienden” como leones a su provincia no “defienden” sino que “negocian” su perdurabilidad, en el contexto extorsivo de su dependencia económica del gobierno nacional. Un “club de trueque”, lo llamamos alguna vez, en el coto fiscal donde se mueven, mientras abren las puertas, por ejemplo, a los cambios de la actualización de los salarios de los jubilados que significa más miseria para ellos y para los dependientes de los programas sociales como la Asignación Universal por hijo. Bancan un aumento de $20 pesos.
Marcado su coto, guardan silencio como si no fuera un problema de ellos, sobre las consecuencias nefastas de la reforma laboral. Algunos por extorsión manifiesta, unido a su vocación de burócratas y otros por convicción –créase o no- en la salida neoliberal. Unos firman en silencio; otro saludan, como el gobernador Schiaretti la firma de un “acuerdo de la sensatez” o la alegría de la gobernadora de Tierra del Fuego, quien acaba de empujar con la complicidad de la UOM nacional el congelamiento de los salarios de los trabajadores hasta junio de 2020. Una visión tuerta de la política, limitado a la mira fiscalista, como problema exclusivo y que incluso tras el pacto cargará aún más la cargas de los que menos tienen. Mientras tanto, dejan pasar por el lado del ojo tuerto, los grandes elefantes de las medidas antipopulares. Esos gobernadores, varios de ellos que se definen como “peronistas republicanos”, ¿forman parte del movimiento nacional y popular? ¿Se encuadran en las banderas de la justicia social, de la soberanía política y de independencia económica? ¿Sus legisladores, como lo han hecho ya, votarán a favor de los trabajadores y el pueblo o seguirán aportando a la hegemonía neoliberal?
Con tácticas similares se manejan con la cúpula sindical, presta al acuerdo, invocando también la “gobernabilidad”, que atenta contra los intereses de los trabajadores. Las escasas reacciones de la CGT contra la política oficial, en estos dos años de hegemonía, han sido fruto de la movilización de las bases, mientras que los burócratas practican su vocación de equilibristas, concediendo un gesto aislado de aparente combatividad, pero manteniendo su fidelidad a los poderosos. Como decíamos, el retiro de ciertos puntos demasiado anti-obreros del proyecto de reforma, son presentados como una prueba de su sensibilidad en la defensa de los trabajadores, cuando de las esferas gubernamentales anuncian que volverán por ellos en los acuerdos paritarios por sector, donde el poder de extorsión es muy superior. Los burócratas, con el mismo ojo tuerto de los gobernadores, no hablan y actúan sobre la gravedad de la reforma previsional, como no han hablado de los despidos, de las fábricas cerradas, de los tarifazos, de la inflación, de la firma de acuerdos leoninos.
¿Esa cúpula sindical forma parte del movimiento nacional y popular? ¿Se puede construir desde allí una resistencia democrática contra el avance de las políticas amarillas?
Algo se mueve por abajo, algo se mueve en las bases, algo se mueve en una dirigencia, que fiel a la historia del movimiento obrero, comienza a ponerse al frente de las movilizaciones. No persiguen el objetivo de fracturar a la CGT, sino de empujar con su coherencia y su decisión para que cumpla con su compromiso con los trabajadores. El rol de la CGT no es la “gobernabilidad”, sino la defensa de los intereses populares. La “gobernabilidad” es cuestión de los que mandan y de sus acciones, si sirven o no sirven a las mayorías.
Tiene una gran fuerza simbólica lo que prepara la CGT Regional Córdoba. Unir a la movilización contra las reformas y el ajuste, la evocación histórica del programa de La Falda, con un claro contenido ideológico, marcando el rumbo de los lineamientos básicos de un Movimiento Obrero dispuesto a la lucha. Un programa que es la antítesis de la política neoliberal en marcha, capaz de generar esa ansiada unidad opositora, desde el pensamiento y de la acción. Las centrales obreras regionales han jugado un papel decisivo en las luchas de los trabajadores. Y todo indica que así será en esta nueva instancia.
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