A pesar de que siguen cayendo las causas judiciales contra el kirchnerismo, parte de la sociedad no modifica su mirada del oficialismo y persiste en apoyar a Juntos por el Cambio.
Ed Impresa 15/10/2021 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
Llama mucho la atención la tolerancia social de una parte de la sociedad argentina con la principal fuerza opositora que hoy encarna Juntos por el Cambio a su forma de hacer política basada en las denuncias constantes sin sustento que han socavado la convivencia democrática y a su plan económico neoliberal del que fueron víctimas los propios trabajadores y los sectores medios que lo apoyaron.
Esa parte de la sociedad influenciada por el marketing político de denuncias que los principales dirigentes de la alianza desplegaron apoyados por los grandes medios de comunicación y una parte corrupta de la Justicia Federal argentina, incluida la actual Corte Suprema de Justicia, como queda cada vez más evidenciado en las investigaciones judiciales en curso que involucran a miembros de esos tres estamentos, todavía cree que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se robó un PBI, que escondían la plata en cuentas ocultas en el exterior, que hacían negociados desde el gobierno, que mataron a Alberto Nisman y que Aníbal Fernández es “la Morsa”.
Y todavía lo siguen creyendo, como también lo siguen sosteniendo en la actual campaña electoral los candidatos al Congreso de esa fuerza política en varias provincias como Luis Juez en Córdoba, a pesar de que desde otra parte de la misma justicia más imparcial y digna va desbaratando cada una de esas denuncias armadas. Claro que sin la resonancia mediática que tuvieron cuando las causas fueron impulsadas para perseguir y proscribir a los dirigentes kirchneristas, tal como ocurrió con otros líderes populares en varios países de América Latina.
Así pasó con el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por inexistencia de delito en la causa del memorandum con Irán por el atentado a la Amia en la denuncia que impulsó el fallecido fiscal Nisman.
“El Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito”, concluyeron en un fallo unánime los jueces del Tribunal Oral Federal 8 con el que sobreseyó a todos los imputados y dio por concluido los preparativos que se realizaban para un juicio oral.
Fue la causa madre de la persecución judicial que desató Cambiemos para llegar a la presidencia en 2015.
Además, los jueces advirtieron que los integrantes de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos estuvieron “afectados” en su imparcialidad “e independencia” por sus visitas al expresidente Mauricio Macri antes de reabrir el caso en 2016.
Para el sociólogo, escritor y periodista, referente del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum, esta causa “fue una operación construida desde el macrismo en connivencia con la DAIA y dos familiares de deudos de las víctimas del atentado a la AMIA y quedó en evidencia también la participación de los jueces de la Cámara de Casación Borinsky y Hornos, para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner y debilitar un proyecto político que está en las antípodas del neoliberalismo”, aseguró en diálogo con La Nueva Mañana.
Sobre la actuación en la causa del fallecido fiscal Alberto Nisman dijo que “fue cooptado por una lógica geopolítica articulada por la Embajada de Israel y la Embajada de Estados Unidos y en ese marco él se puso al servicio de los fondos buitre tratando de extorsionar a Cristina Fernández de Kirchner para que les pague (lo que pedían por los bonos en default de la Argentina) que luego de la elección que ganó el macrismo en 2015 se llevaron ese dinero espurio, el gobierno Cambiemos les permitió embolsar 2.280 millones de dólares” lo que significó un retorno del 1180 por ciento y lograron su cometido.
Además, el dirigente argentino judío agregó que por esos trabajos a Nisman se le pagó con dinero que incluyen 660.000 dólares encontrados ocultos no declarados en Nueva York, una propiedad valuada aproximadamente en 300.000 dólares en Punta del Este y depósitos directamente de uno de los más importantes financistas de los fondos buitre en un banco de Colonia, Uruguay”.
Pero la del Memorándum con Irán no fue la única causa judicial en la que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída por falta de delito en este año, la primera fue en el caso “Dólar Futuro“ en abril de este año, pero antes había obtenido falta de mérito en la causa de la “Ruta del dinero K” que en septiembre pasado la Cámara Federal apuró una definición sobre su situación procesal.
En la causa de la “Obra Pública”, la titular del Senado está siendo juzgada desde 2019 por la concesión de obras al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, está en etapa de declaración de testigos que han sido adversos a los querellantes y tiene planteos de nulidad en la Corte Suprema. Si cae también esta causa arrastraría por su conexión a las de Hotesur/ Los Sauces por presunto lavado de dinero en el alquiler de sus hoteles y viviendas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López que recibían obra pública durante su gobierno.
Finalmente, la causa de “las fotocopias de los cuadernos” tiene pedidos de nulidad por los vicios procesales cometidos durante su instrucción por el exjuez Claudio Bonadío y el procesado fiscal Carlos Stornelli.
Pero también cayeron las denuncias por el “Fútbol para Todos”, la del “Gas Licuado” y “La Morsa” y el “Plan Cunita” por las que Aníbal Fernández querelló a Elisa Carrió y a Graciela Ocaña, respectivamente, y el mismo presidente Alberto Fernández que decidió enjuiciar a Patricia Bullrich por sus acusaciones sobre “retornos” por no haber acordado la compra de la vacuna Pfizer y anunció acciones legales contra Carrió por sus denuncias sobre envenenamiento con la vacuna Sputnik.
Y esta semana la Justicia rechazó la denuncia que impulso el fiscal José María Campagnoli y Elisa Carrió contra Alejandra Gils Carbó que fue obligada a renunciar a su cargo de procuradora General durante el gobierno de Macri.
Sin embargo, nada de esto parece importarle a este sector social que respalda a JxC en su apreciación sobre el oficialismo.
Peor aún, no les hacen mella los delitos que cometieron los dirigentes que apoyan. Para ellos no es delito la evasión fiscal y esconder la plata en cuevas fiscales como lo hacía el padre y hace la madre, el hermano y el propio Mauricio que están incluidos en los escandalosos casos conocidos como Panamá y Pandora Papers.
Tampoco consideran delictivo los negociados de los peajes y los parques eólicos, ni la fuga de capitales que generó la escandalosa deuda con el Fondo Monetario Internacional violando las leyes argentinas, ni les importan los delitos de las escuchas ilegales, tal cual hacía la dictadura cívico militar.
Igualmente no reconocen el aumento de la pobreza y la desocupación de los trabajadores y la caída de los ingresos en los sectores medios, en los que los sumió su propio gobierno, ni los afecta la eliminación de las indemnizaciones, las vacaciones pagadas y más reforma laboral, que proponen, con el consiguiente riesgo de que las victimas apoyando a sus victimarios nos lleven otra vez a un suicidio político colectivo.
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