Durante la apertura del noveno juicio por crímenes de lesa humanidad que comenzó esta mañana se dio lectura a la elevación a juicio de las causas acumuladas González Navarro y Vergez.
El Tribunal inició la indagatoria a los ahora 20 imputados. (Inicialmente eran 21, pero Antonio Reginaldo Castro, fue apartado). Durante el proceso se ventilarán, entre otros casos, los secuestros, torturas y traslados al campo de la Ribera de miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
"Nunca crucé un semáforo en rojo", dijo Luciano Benjamín Menéndez, cabeza del plan sistemático de exterminio en Córdoba, en respuesta a la pregunta sobre sus antecedentes penales.
"Todos los juicios que me han hecho ustedes son artificiales" y añadió: "No voy a decir nada, estos juicios son inconstitucionales". Luego deslizó "creo que estoy de baja" en alusión a su situación en el Ejército.
Al inicio, los imputados Jorge Exequiel Acosta y Orestes Valentín Padován recusaron, uno por vez, al Tribunal en su conjunto. También lo fue recusado el fiscal Maximiliano Hairabedián por considerar que es hijo de una víctima del terrorismo de estado. Tales planteos fueron analizados y rechazados por los jueces Julián Falcucci (presidente) y los vocales Jaime Díaz Gavier, Juan Carlos Reynaga (subrogante) y José Camilo Quiroga Uriburu (sustituto).
Por videoconferencia se constituyeron los acusados Guillermo Barreiro, Héctor Pedro Vergez, José Andrés Tófalo y Rubén Osvaldo Brocos, quienes se abstuvieron de declarar. La semana próxima continuará la indagatoria con los imputados que faltan.
Terrorismo de estado
La elevación a juicio de la causa González Navarro - que no tiene querellantes particulares- da cuenta de los hechos que afectaron a 35 víctimas y que serán ventilados durante el juicio. Uno de los párrafos de la extensa exposición sostiene que los delitos que se juzgan "son crímenes de lesa humanidad contemplados en el Derecho Internacional" y afirma que "fueron cometidos mediante la utilización del aparato de poder y dentro del marco del Terrorismo de Estado que durante la última dictadura militar asoló en el país".
El escrito hace referencia a la doctrina y jurisprudencia existente y sostiene que antes del Golpe de estado "se encontraba en pleno funcionamiento el aparato represor estatal" que no respeta derechos y garantías constitucionales y se pone en marcha una maquinaria de destrucción del oponente político que incluye secuestros, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones.
Lugares de Reunión
Para lograr esos fines contaban con campos de concentración llamados eufemísticamente "lugares de reunión de detenidos". En esos no lugares eran interrogados bajo tortura antes y después del 24 de marzo de 1976 cuando se agrava la situación. Entre ellos, el Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) y la llamada Prisión Militar de Encausados conocida como campo de La Ribera. Cualquier persona sospechosa de pertenecer a una agrupación "ilegal" o "peligrosa" recibía ese tratamiento con el objetivo de "aniquilar a la subversión" y garantizar la "seguridad nacional".
En ese contexto, un grupo de profesionales y trabajadores de la salud pertenecientes a la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y al Colegio Médico, "fueron privados ilegítimamente de su libertad por personal militar del Tercer Cuerpo de Ejército armado, uniformado, apoyados – sobrevolando la zona - por un helicóptero y un avión, que actuaban bajo las órdenes, directivas y supervisión de Luciano Benjamín Menéndez".
Según consta en el Hecho 1, el 26 de mayo de 1976, en el Hospital Colonia Santa María, ubicado en el departamento Punilla, Rodolfo Ramón Maidana, Alberto Antonio Sassatelli, Carlos Alberto Carranza, Angélica del Carmen Albornoz. Carlos Alberto Albornoz, Nora Catalina Cendra, y Nemesio Ramón García, fueron detenidos ilegalmente.
El mismo día fueron apresados otros dirigentes sindicales y de las fuerzas vivas de la ciudad de Cosquín y trasladados al Hospital Santa María y desde ahí "vendados y esposados" hasta el Campo de la Ribera.
Otro caso que será investigado ocurrió el 29 de Mayo de 1976. Cuando el senador peronista Carlos María Montes también fue detenido ilegalmente por fuerzas de gendarmería y trasladado desde Jesús María a La Ribera.
La causa Vergez está conformada por 13 hechos que ocurrieron entre febrero de 1975 y febrero de 1976. Dos de ellos como informó ayer este medio tienen querellantes particulares y están patrocinados por las abogadas de la Fundación maría Elba Martínez.
Los Imputados
En ambas causas están imputados Jorge Exequiel Acosta, Mirta Graciela Antón, Ernesto Guillermo Barreiro, Rubén Osvaldo Brocos, Héctor Hugo Chilo, Carlos Alberto Díaz, Luis Gustavo Diedrichs, Jorge González Navarro, Ricardo Alberto Lardone, Enrique Alfredo Maffei, Luciano Benjamín Menéndez, Oreste Valentín Padovan, José Andrés Tófalo, Héctor Pedro Vergez, José Luis Yáñez, Calixto Luis Flores, Eduardo Grandi, Yamil Jabour, Juan Eduardo Ramón Molina y Luis Alberto Choux. (Castro fue excluido)
La próxima audiencia será el martes 28 de noviembre, a partir de las 10. Un cronograma tentativo informa que en diciembre las audiencias se realizarán los martes y miércoles. (5 y 6; 12 y13 y 19).
El juicio es oral y público. Presentarse con el DNI en Tribunales Federales (Concepción Arenales esquina Paunero)
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