La jueza federal subrogante Silvina Domínguez falló a favor de la comunidad mapuche Quijada, ubicada en el cerro Otto, en Bariloche, al rechazar los planteos de Arelauquen Golf & Country Club SA, un barrio privado que cerró el paso del camino que los integrantes de la Lof utilizaban para ir al trabajo, la escuela y el hospital.
El juez federal Gustavo Zapata recientemente ordenó a la empresa dueña del barrio privado restablecer el paso, al considerar que el mismo es “de tránsito libre e incondicionado entre el territorio ocupado por la comunidad y el Barrio Unión de esta ciudad”, de acuerdo a lo publicado por Página12.
Ese fallo acaba de ser ratificado por la jueza Domínguez, quien recorrió el lugar junto a representantes del barrio privado, de la comunidad y el abogado Matías Schraer.
“Además de empobrecernos porque nos dejaron aislados, el daño emocional fue aún mayor”, advirtió a Luisa Quijada, la mayor de las hijas e hijos de José Celestino. "Este abuso y atropello fue silenciado durante años por el poderoso consorcio inmobiliario de capitales extranjeros que, no conformes con sus riquezas, avanzaron sobre nuestro territorio dejándonos encerrados y empobrecidos", agregó en diálogo con Página.
Esa comunidad reiteró su reclamo de restitución de la parte de su territorio que fue alambrado "ilegalmente" por Arelauquen, y que inmediata y definitivamente respete su paso libre por el camino “de los Álamos”. Esta era una demanda que la comunidad inició hace 14 años cuando Arelauquen --de Burco, una firma de capitales extranjeros-- les bloqueó el paso que los conectaba con la ciudad y les impedía acceder a sus actividades cotidianas en el barrio Unión de Bariloche.
En mayo de este año el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció la "ocupación actual, tradicional y pública de las tierras". Ahora, el organismo que conduce Magdalena Odarda también se pronunció en contra de las pretensiones de firma Arelauquen Golf & Country Club y del intendente Gustavo Gennuso, que insisten en negarse a aceptar ese derecho de la comunidad Quijada respecto de la zona en disputa.
El organismo insistió en que es una obligación del Estado demarcar las tierras ocupadas por comunidades indígenas y aclaró que previamente a realizarse los trabajos de campo, en este caso, se notificó al Ministerio de Defensa de la Nación, al Ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro y a la Intendencia del parque Nahuel Huapi.
