Adrián Camerano
El Obispo Castrense de la Argentina y ex titular del Obispado de Cruz del Eje, Santiago Olivera, escribió un documento extenso y profuso en citas del papa Francisco, en el que brega por domiciliarias para ex militares acusados y/o condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. El escrito, fechado en Buenos Aires el 17 de junio pasado y dirigido a los sacerdotes del ámbito castrense, comienza rescatando las figuras de los patriotas Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, en sendos aniversarios de sus muertes. Luego, Olivera hace eje en un supuesto “camino del reencuentro”, donde brega por la reconciliación, el fin de las grietas y la paz.
Pero junto a ese discurso de supuesta armonía, al final del texto el religioso muestra las cartas: explícitamente condena el accionar judicial contra los delitos de lesa humanidad y reclama por la situación de acusados y condenados por el genocidio argentino.
Son tres los párrafos, contundentes, que hacen alusión a este tema y se dan de patadas con la jurisprudencia sobre el tema, tratados de Derechos Humanos y sobre todo la larga tradición argentina que ha posicionado al país a la vanguardia mundial en el juicio y castigo a los responsables materiales del genocidio.
Olivera escribe que “cómo lo hemos señalado más arriba, nos recuerda el Santo Padre que muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos (N. 20) y que la igualdad de derechos está fundada en la misma dignidad humana”. También, cual jurista, considera que “la cadena perpetua es una pena de muerte oculta”.
Acto seguido, se despacha señalando que “esta situación, tristemente, la vivimos con tantos presos imputados de delitos en tiempos de la dictadura, algunos casos sin proceso, con detenciones preventivas por más de dos años, con edades muy avanzadas, enfermedades y delicados estados de salud”.
Y culmina el escrito con un lamento, expresando que a quienes permanecen detenidos en las causas por delitos de lesa humanidad que se tramitan o tramitaron en distintas jurisdicciones del país, “incluso en este tiempo de pandemia con riesgo sanitario, no se les ha permitido cumplir la detención en forma domiciliaria”.
No es la primera vez que Olivera se manifiesta a favor de acusados y condenados por delitos de lesa humanidad, e incluso ha oficiado misas promovidas por organizaciones que reivindican la represión ilegal. Pero además, esta vez parece mal informado: un día antes de su escrito, el sitio oficial Fiscales.gob publicó un informe en el que se da cuenta de que son minoría las personas bajo la modalidad de arresto en servicios penitenciarios (164), mientras que la gran mayoría (635) se encuentra con arresto domiciliario y hay 64 bajo otras modalidades.
A continuación, el texto completo del religioso castrense:
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