Adrián Camerano
El paraje Las Cañadas, en el noroeste de Córdoba, es una zona serrana y rural donde proliferan los productores a escala pequeña. Tan pequeña, que en ocasiones apenas les garantiza la subsistencia. Entre ellos se encuentran Esther y Bety Sánchez, madre e hija y depositarias de un fallo judicial adverso que se encuentra firme y que las obliga a dejar este viernes su modo de vida y la vivienda que habitan.
La demanda fue iniciada por un hombre residente en Salta y tuvo una sentencia contraria a las mujeres, en una causa que al decir de Marisa Breit -de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena- está “sólo basada en testimonios”. Condenadas por usurpación, sobre una de ellas pesa una pena de un año y medio de prisión, en suspenso.
“Estas dos mujeres son parte de una familia que tiene 100 años en el lugar. Sus abuelos nacieron ahí, la mayoría de los testigos declaran que ellas son las legítimas poseedoras de esa tierra, y sin embargo, todo eso parece no importar y este viernes se cumple el plazo para que dejen su casa, sus animales, el modo de vida que tienen desde hace añares”, señaló Breit.
La trabajadora estatal, parte también del Frente Rural de La Cámpora, señaló a la vez que el litigio “es sobre el lote 63, y la casa está en el lote 64” y pide, ante la sentencia firme de los tribunales de Cruz del Eje, “acciones concretas para que ellas tengan dónde ir y dónde llevar sus animales”.
El fallo fue apelado, pero mientras Casación revisa qué se hizo mal, no tiene efectos suspensivos y el desalojo se concretará este viernes. En un video, Esther y Bety insisten con el reclamo de justicia y aseguraron: “Fue un juicio mal hecho, donde ni el juez ni el señor fiscal nos escuchó”.
El caso es uno más de los tantos que jalonan la vasta geografía provincial. Al respecto, el abogado Sergio Job, director regional de los Centros de Acceso a la Justicia del Gobierno nacional, señaló: "Estamos acompañando procesos de disputa por la tierra en las cuales campesinos y comunidades indígenas están siendo despojados de sus tierras y turbados de sus posesiones”. Y dijo que ante la reiterada problemática, “se necesita algún tipo de remedio legislativo y otra mirada judicial, porque siempre se escucha solamente la campana de quien dice –y a veces eso, sólo dice- tener el título”.
Job señaló que ello “va en contra de la propia estructura jurídica, porque la propiedad de la tierra tiene dos elementos, posesión y título, y acá justamente parece que lo único que vale es el título”. “Se desconoce y por lo tanto no se aplican la ley de Agricultura Familiar y la ley de Tierras Indígenas, que son leyes de orden público y con tanto valor como cualquier ley”, cerró.
Pese al apoyo de organizaciones políticas, sindicales y sociales, está previsto que este viernes se cumpla el lanzamiento judicial y madre e hija tengan que procurarse otro sitio donde vivir. Se irán con sus vacas, cabras, chanchos y gallinas, que nada saben de expedientes ni burocracias judiciales.
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